Durante este año, China aplicará un impuesto al preservativo y financiará los nacimientos para revertir décadas de caída en su tasa de natalidad.
China puso en marcha un giro radical en su política demográfica ante el temor a un colapso poblacional. A partir de 2026, el Gobierno de Xi Jinping hará que los partos sean gratuitos y reembolsará gastos prenatales, mientras impone un IVA del 13% a los preservativos, buscando reactivar la natalidad en un país que envejece rápidamente.
China ha pasado casi cuatro décadas realizando un experimento demográfico sin precedentes: limitar la descendencia por ley para evitar la asfixia económica. Sin embargo, la política del hijo único, vigente hasta 2015, ha dejado una herida profunda que hoy el Estado intenta sanar con medidas que rozan lo insólito. En un giro de 180 grados, el mismo poder que antes multaba a las familias por tener hijos, ahora busca incentivar la reproducción de forma directa.
La medida que más impacto ha generado es la inclusión de un IVA del 13% a los condones y anticonceptivos, algo que no ocurría desde 1993. Tras años de repartir preservativos gratis, el Gobierno encarece el acceso al sexo seguro mientras ofrece, en contrapartida, que todos los gastos médicos del parto sean gratuitos y reembolsables a partir de 2026. Se trata de una respuesta ante cifras alarmantes: la población china disminuyó en 2022 por primera vez en décadas y se proyecta que para 2035 casi un tercio de los habitantes tendrá más de 60 años.
El problema no es solo la falta de bebés, sino el impacto directo en la vida cotidiana y la economía global. La población activa china se redujo en casi siete millones de personas recientemente, lo que amenaza el crecimiento del país a largo plazo. Para frenar esta tendencia, el Estado ha lanzado un programa nacional de subsidios de unos 3.600 yuanes anuales por cada niño menor de tres años.
Este esfuerzo se complementa con una red de incentivos que varían según la región. En ciudades como Shenzhen, las parejas que se animan a un tercer hijo pueden recibir hasta 19.000 yuanes, mientras que en Jinan se ofrecen licencias de maternidad ampliadas a 158 días y horarios laborales flexibles. Incluso se está intentando reformar tradiciones sociales como la dote (caili) que el novio entrega a la familia de la novia, la cual es vista hoy como una pesada carga financiera que impide que muchos jóvenes decidan casarse.
A pesar de los incentivos económicos, el Gobierno enfrenta obstáculos culturales y sociales profundos. Los jóvenes chinos lidian con costos educativos disparados, viviendas inaccesibles para sus salarios e inseguridad laboral. En este contexto, las nuevas generaciones, especialmente las mujeres, priorizan su independencia y carrera profesional, posponiendo o directamente descartando la maternidad.
Sin embargo, algunas tácticas estatales han cruzado límites inquietantes. Se ha reportado que en ciertas provincias, como Yunnan, funcionarios locales han llegado a llamar a mujeres jóvenes para consultarles sobre sus ciclos menstruales y planes reproductivos. Estas acciones, realizadas bajo la premisa de elaborar informes estadísticos, reflejan la presión de un Estado que ve cómo su motor demográfico se apaga y recurre a cualquier herramienta disponible para intentar encenderlo de nuevo, desde la presión fiscal hasta la vigilancia más íntima.