La tensión diplomática por la soberanía y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur registró una nueva escalada luego de que el Gobierno del Reino Unido convocara formalmente en Londres a la embajadora argentina, Mariana Plaza.
Desde Londres advirtieron que estas acciones afectan la prosperidad de las islas y ponen en duda la fiabilidad de Argentina como socio.
El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
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La tensión diplomática por la soberanía y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur registró una nueva escalada luego de que el Gobierno del Reino Unido convocara formalmente en Londres a la embajadora argentina, Mariana Plaza.
La citación tuvo como objetivo transmitir el malestar británico y hacerle entrega de una nota oficial de protesta ante la decisión de la administración del presidente Javier Milei de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional.
La arremetida judicial y diplomática impulsada por Buenos Aires busca paralizar la explotación de hidrocarburos desarrollada a través del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, e impedir el otorgamiento de nuevas licencias en la plataforma continental reclamada por la Argentina.
Para ello, el gobierno argentino apeló al mecanismo contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Adicionalmente, fijó un plazo de dos semanas para que el Reino Unido suspenda sus faenas en el área antes de aplicar mayores sanciones, mientras monitorea la futura ruta comercial marítima proyectada entre las islas y Punta Arenas para el mes de noviembre.
Frente a este escenario, la diplomacia británica reaccionó con firmeza. La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, señaló a través de un comunicado emitido este 30 de septiembre que la iniciativa argentina constituye el "último intento de socavar los derechos y los medios de vida" de los habitantes de las Islas Malvinas.
Asimismo, Kumaran sostuvo que la población de las islas resolvió su estatus de manera "libre y democrática", por lo que cuenta con pleno derecho a administrar sus recursos naturales "sin intimidación, coacción ni injerencia" exterior.
La funcionaria británica remarcó que las actividades hidrocarburíferas se ejecutan bajo la legislación insular local y en total consonancia con las normas del derecho internacional y la CONVEMAR.
Por último, la administración británica dejó asentada su preocupación por el impacto directo de este conflicto en la relación bilateral. Durante la reunión con la embajadora Plaza, las autoridades de Londres advirtieron que obstaculizar el desarrollo económico de las islas no equivale a una "conducta internacional responsable", e hicieron hincapié en que este tipo de maniobras "plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido".
