Un trabajador de un supermercado en España fue echado por compartir facturas con sus colegas. La Justicia dictó un fallo histórico.
Un trabajador de un supermercado en Galicia, España, vivió una situación surrealista: fue despedido tras llevar facturas para compartir con sus compañeros por su cumpleaños. Lo que la empresa consideró una "falta grave" terminó convirtiéndose en un revés judicial histórico que obliga a la firma a pagar una indemnización de más de 105.000 euros.
Todo comenzó en octubre de 2023, cuando el empleado decidió tener un gesto amable con sus colegas. Fue hasta su propio lugar de trabajo y compró varias bandejas de facturas para desayunar antes de que el local abriera sus puertas al público. El importe total de la compra era de 68,82 euros, pero debido a un error en el sistema de cobro, el hombre terminó pagando apenas 10,23 euros.
Cualquiera podría haber dejado pasar el incidente, pero el trabajador actuó de buena fe. A los 12 días, al notar la diferencia de dinero, decidió pagar los 58,59 euros restantes. Su intención era clara: no quería que la cajera que le había cobrado sufriera sanciones por el error involuntario, por lo que notificó el pago a la empresa para dejar todo en regla.
Sin embargo, la respuesta del supermercado fue totalmente inesperada. En lugar de valorar la honestidad de su empleado, la firma le envió una carta de despido en noviembre. La justificación fue una cláusula contractual que prohíbe el "consumo, apropiación o uso para beneficio propio de cualquier bien perteneciente a la empresa", además de cuestionar que el consumo se realizó fuera de la zona de descanso.
El caso llegó al Tribunal de Galicia, donde los jueces analizaron si compartir unas facturas pagadas podía considerarse realmente una "falta grave". La sentencia fue contundente a favor del trabajador, calificando el despido como improcedente al entender que la sanción aplicada por el supermercado fue totalmente desproporcionada frente a lo que realmente ocurrió.
La Justicia remarcó puntos clave que deberían servir de lección para el mundo corporativo. En primer lugar, se demostró que no hubo intención de fraude ni un beneficio económico real por parte del empleado, ya que él mismo corrigió el error del cobro apenas se dio cuenta. Además, al haber pagado la diferencia y notificado el hecho, la empresa no sufrió ningún tipo de perjuicio económico.
El fallo judicial no solo obliga a la empresa a tomar una decisión difícil, sino que también subraya la importancia de aplicar las sanciones con criterio y analizando el contexto. Ahora, el supermercado tiene dos caminos: readmitir al trabajador en su puesto original o abonarle la impactante suma de 105.716,09 euros como indemnización por el daño causado. Esta historia nos recuerda que, a veces, la rigidez extrema de los reglamentos choca de frente con el sentido común y la justicia humana.