La Justicia de Brasil dio un paso decisivo en el caso que involucra a una abogada argentina detenida en Río de Janeiro. Tras los incidentes ocurridos el pasado lunes, la profesional ha sido formalmente imputada por el delito de injuria racial, una figura legal que en el país vecino conlleva penas severas y no permite la libertad bajo fianza en el momento del arresto.
El hecho tuvo lugar en un establecimiento gastronómico de la zona de Ipanema. Según el reporte oficial y testimonios de testigos, la mujer habría proferido insultos de carácter racista contra un empleado del lugar.
La situación escaló rápidamente cuando los presentes increparon a la mujer por su actitud, lo que derivó en la intervención de la Policía Militar. La abogada fue trasladada a la comisaría local y permaneció bajo custodia desde entonces.
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El marco legal: la Ley de Injuria Racial en Brasil
A diferencia de otras legislaciones, Brasil ha endurecido drásticamente sus leyes contra el racismo en los últimos años:
Equiparación al Racismo: Desde 2023, la "injuria racial" fue equiparada al delito de racismo. Esto implica que el delito es ahora imprescriptible e inalienable (no admite fianza).
Penas posibles: La imputada podría enfrentar una condena de entre 2 a 5 años de prisión, dependiendo de los agravantes que la fiscalía logre probar durante el proceso.
Situación Procesal: Al ser imputada, la justicia ha determinado que existen pruebas suficientes (probablemente grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios consistentes) para iniciar un juicio formal.
Defensa y asistencia consular
Desde que se conoció la detención, el Consulado Argentino en Río de Janeiro ha brindado asistencia legal y humanitaria a la ciudadana. Sin embargo, las autoridades consulares han aclarado que, si bien velan por el debido proceso y el estado de salud de la detenida, no pueden interferir en las decisiones del Poder Judicial brasileño.
La defensa de la abogada intentó solicitar un habeas corpus para que pudiera seguir el proceso en libertad o regresar a la Argentina, pero dada la naturaleza de la ley vigente en Brasil para delitos de odio, estas solicitudes suelen ser rechazadas en primera instancia.