La propiedad solo se obtiene después de ejercer la opción de compra y completar las condiciones económicas y legales establecidas.
Pasar de pagar un alquiler a convertirse en propietario puede parecer imposible para quienes todavía no reúnen las condiciones necesarias para acceder a un crédito hipotecario. Sin embargo, una reforma abrió una nueva alternativa: ocupar una vivienda bajo un esquema social y tener la posibilidad de comprarla más adelante.
La medida no significa que todos los contratos de alquiler se transformen en cuotas de una casa. El beneficio está limitado a determinados trabajadores, viviendas y programas públicos, con requisitos de antigüedad laboral, ahorro, ingresos y cumplimiento de las obligaciones mensuales.
La nueva posibilidad corresponde a México y surgió de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit. El cambio fue publicado en febrero de 2025 y habilitó programas de arrendamiento social con opción de compra para personas trabajadoras derechohabientes.
La ley establece que podrán participar las personas trabajadoras derechohabientes del Infonavit que hayan cumplido al menos un año de cotización continua.
Esto significa que no alcanza con ser inquilino ni con haber alquilado una vivienda durante varios años. La persona debe estar incorporada al sistema del Infonavit y tener depósitos realizados a su favor en la subcuenta de vivienda.
Además, el acceso dependerá de las reglas, requisitos y criterios de prioridad que determine el Consejo de Administración del organismo.
Uno de los puntos centrales es que el programa no se aplica a cualquier departamento o casa del mercado privado. El esquema alcanza a viviendas que sean propiedad del Infonavit o que estén bajo su administración.
La ley también indica que se buscará ofrecer viviendas cercanas al centro laboral de las personas beneficiarias. Por eso, no se trata de que alguien pueda pedirle a su propietario actual que transforme el contrato privado en una venta financiada.
La persona seleccionada podrá habitar una vivienda y pagar una renta mensual calculada bajo criterios sociales. El objetivo declarado es evitar fines de lucro excesivos o especulación comercial y considerar el nivel salarial de cada trabajador.
El saldo acumulado en la subcuenta de vivienda funcionará como una garantía frente a posibles incumplimientos. Además, la renta podrá descontarse directamente del salario, siempre bajo las condiciones previstas en el contrato y en la legislación laboral.
Quien acceda al beneficio deberá pagar en tiempo y forma, cuidar el inmueble, utilizarlo como residencia y no podrá subalquilarlo ni destinarlo a una actividad diferente.
Los contratos deberán incluir el derecho de la persona trabajadora a ejercer la opción de compra. Podrá solicitarla cuando cuente con el nivel de ahorro suficiente en su subcuenta o con recursos propios para completar la operación.
La legislación permite que las rentas abonadas dentro del programa puedan ser reconocidas como parte del precio final de venta. Sin embargo, utiliza la expresión “pudiendo reconocerse”, por lo que no significa que todas las mensualidades se descontarán obligatoriamente de la misma manera.
La forma exacta de calcular ese reconocimiento deberá quedar establecida en las reglas del programa y en el contrato firmado por cada beneficiario.
La nueva normativa dispone que el Infonavit deberá priorizar a quienes no tengan una vivienda propia y a las personas trabajadoras con menores niveles salariales.
También podrán considerarse factores como la disponibilidad de viviendas, la ubicación geográfica, la cercanía con el trabajo y las condiciones de marginación o déficit habitacional de cada zona.
La reforma legal ya está vigente, pero eso no significa que cualquier trabajador pueda ingresar inmediatamente a una plataforma y elegir una vivienda. La implementación depende de la disponibilidad de inmuebles y de las reglas operativas del Infonavit.
El Plan Estratégico y Financiero 2026 del organismo incluye como línea de acción la creación del marco normativo necesario para establecer los programas de arrendamiento social.
Por ese motivo, antes de entregar datos personales o dinero, los interesados deberán consultar exclusivamente los canales oficiales del Infonavit y esperar las convocatorias, reglas o registros correspondientes. No existen gestores privados autorizados para garantizar un lugar.
