La OFAC emitió licencias especiales para que el gobierno venezolano abone los honorarios de la defensa del exmandatario y de Cilia Flores.
Estados Unidos autorizó a Nicolás Maduro a usar fondos estatales para pagar sus abogados en Nueva York.
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web El gobierno de los Estados Unidos accedió a modificar el régimen de sanciones para permitir que el Ejecutivo venezolano pague los honorarios de los abogados que defienden a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores en el caso por narcotráfico que enfrentan en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que autorizan a los defensores a recibir pagos, bajo la estricta condición de que los fondos sean posteriores al 5 de marzo de 2026 y no provengan de depósitos en gobiernos extranjeros.
Esta medida supone un cambio de estrategia por parte de la administración de Donald Trump, que hasta ahora mantenía un bloqueo total sobre cualquier activo que pudiera beneficiar a Maduro.
El cambio responde a una presión legal: la defensa, liderada por el abogado Barry Pollack, argumentó que el bloqueo de fondos violaba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza a todo acusado el derecho a elegir y pagar a su representante legal.
De no haberse otorgado estas licencias, el caso corría el riesgo de ser desestimado por fallas en el debido proceso. El propio juez de la causa, Alvin Hellerstein (92), se había mostrado escéptico ante la negativa de la Fiscalía en las audiencias , señalando que, al estar ya en custodia estadounidense, el matrimonio no representaba "una amenaza para la seguridad nacional".
Maduro (63) y Flores (69) permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn desde el pasado 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a Nueva York. Ambos se han declarado "no culpables" de los cargos de conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína a gran escala.
Debido a la complejidad de las pruebas y la magnitud del expediente, estiman que el proceso oral no comenzará hasta dentro de uno o dos años.