El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado a las autoridades de inmigración denegar visados a extranjeros que padezcan problemas de salud como obesidad, diabetes o enfermedades graves como el cáncer, si se considera que podrían representar una “carga pública” para el país.
La medida, revelada por el medio especializado KFF Health News, amplía los criterios médicos utilizados para determinar la elegibilidad de quienes buscan residir en territorio estadounidense.
Según la nueva directriz enviada por el Departamento de Estado a funcionarios de embajadas y consulados, la lista de condiciones médicas que pueden motivar la denegación de una visa se amplía significativamente.
El documento señala que dolencias como la obesidad —que puede derivar en asma, apnea del sueño o hipertensión— o la diabetes podrían ser motivo suficiente para considerar a un solicitante inelegible.
“Todas estas dolencias pueden requerir atención médica costosa y prolongada”, advierte la orden, que instruye a los funcionarios consulares a evaluar si los solicitantes cuentan con los recursos necesarios para costear su tratamiento médico sin recurrir a la asistencia del Gobierno estadounidense.
Las revisiones de salud para solicitantes de visado existen desde hace décadas, con el propósito de evitar fraudes relacionados con tratamientos médicos no pagados. Sin embargo, esta nueva política endurece el enfoque al ampliar los criterios de exclusión.
La medida supone un giro en la política migratoria del presidente Joe Biden, cuya administración había revertido varias de las restricciones impuestas por el expresidente Donald Trump durante su primer mandato (2017–2021).
Ahora, la Casa Blanca retoma parte de aquella estrategia que buscaba impedir la entrada o residencia permanente de personas que pudieran convertirse en una carga económica para el Estado.
Además de las condiciones médicas, la orden contempla otros factores, como la edad del solicitante y la salud de sus familiares directos, incluidos hijos y padres mayores, que podrían aumentar la probabilidad de depender de la asistencia social.
Con esta decisión, Washington refuerza su política migratoria bajo un criterio más restrictivo, que prioriza la autosuficiencia económica y sanitaria de los inmigrantes que buscan establecerse en el país.