La Justicia de Santa Catarina ha ordenado el retiro inmediato y gradual de al menos 119 gatos que vivían en condiciones insalubres en un departamento de Concórdia, Brasil. La medida responde a un pedido del Ministerio Público tras confirmarse una crisis por riesgos sanitarios críticos tanto para los animales como para su tutora.
Las inspecciones sanitarias realizadas a finales de mayo revelaron que el inmueble estaba saturado de suciedad y excrementos. Aunque inicialmente se estimaba la presencia de unos 400 ejemplares, el recuento oficial confirmó al menos 119, una cifra difícil de precisar debido a que los felinos circulan sin restricciones y se reproducen de forma incontrolada en el lugar.
¿Por qué fracasó el acuerdo previo y cómo es el plan de rescate?
Este conflicto legal escaló tras el incumplimiento de un Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado en abril entre la propietaria y el Ministerio Público. El acuerdo original establecía medidas de control poblacional y saneamiento que no se ejecutaron, lo que motivó que la Justicia calificara la situación como un riesgo inminente para la salud pública y la propia anciana. El cronograma actual de intervención exige la retirada mínima de 25 gatos diarios, dando prioridad a los casos clínicos más graves.
El municipio de Concórdia ha asumido la responsabilidad de la guarda y el tratamiento veterinario, que incluye castración y microchipado. Una vez estabilizados, las autoridades locales disponen de un plazo de 180 días para gestionar su adopción definitiva. La sentencia busca no solo el bienestar animal, sino también atender la raíz humana del problema, reconociendo indicios de vulnerabilidad social en la moradora de 73 años.
Las medidas que se ordenaron para proteger a la dueña de los gatos
Por esta razón, el fallo ordena que la ciudad realice una evaluación psicosocial exhaustiva y brinde acompañamiento continuo a través de equipos de salud y asistencia social. Aunque la mujer podrá conservar hasta dos de sus gatos, tiene la obligación legal de permitir el ingreso de los equipos técnicos. La Justicia ha autorizado incluso el uso de la fuerza policial y el ingreso forzado al departamento si se presenta resistencia física al proceso de remoción.
Finalmente, una vez que el inmueble quede vacío, la propietaria contará con 30 días para realizar una desinfección profunda. Este procedimiento deberá ser acreditado mediante una certificación profesional para asegurar que el ambiente vuelva a ser habitable y seguro tanto para ella como para la comunidad vecinal.