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Desde 1983 pasamos por hiperinflaciones, caídas de gobiernos nacionales, devaluaciones varias, décadas perdidas, la estabilidad ilusoria de la convertibilidad en los ‘90, el modelo de superávits gemelos en los 2000 y una reforma de la Constitución Nacional. Podríamos seguir enumerando escenarios, cambios, hitos, ilusiones y frustraciones.
Cada uno de esos procesos estuvo acompañado desde Mendoza por una frase que se volvió el título de un podcast que cruzó partidos, décadas y contextos: “Mendoza necesita reformar su Constitución”. Ninguno de esos escenarios, ni la expansión económica ni su contracara la depresión; ni la estabilidad institucional ni su adverso, los desequilibrios, fueron paisaje propicio para que la idea se hiciera reforma.
El tabú que dispersó todas las iniciativas fue la reelección del gobernador. Cada uno de los que ocuparon el sillón de San Martín jugó con la idea de colar en el debate la posibilidad de cuatro años más al frente del Gobierno. El deseo personal de permanecer le ganó una y otra vez a la necesidad colectiva de progresar. Hasta ahora.
Una pandemia global de magnitud aún hoy impredecible pero a todas luces social, política y económicamente disruptiva y un gobernador que decidió jugar de mano mostrando sus cartas, construyeron un escenario tan impensado como inesperado
Suárez planteó lo que plantearon sus antecesores: la reforma, pero renunció a lo que motivaba a quienes lo antecedieron: la reelección; y lo hizo en medio de un fenómeno sanitario de proporciones del cual poco podemos decir pero que de algo no nos permite dudar: de acá no podemos salir iguales. Y en cómo nos preparemos para el país y el mundo que dejará la pandemia, nos jugamos buena parte de a dónde irá Mendoza en las próximas décadas.
Más que nunca, la política tiene que estar a la altura. Con sus frustraciones y aprendizajes a cuestas, sí, pero sobre todo, con la reputación que la política mendocina ha sabido ganarse en el país, la de la mesura y la madurez.
Estar a la altura implica saldar pendientes de nuestro pasado y hacernos cargo de nuestro futuro. Reparar de una vez aquellos temas en los cuales estamos a años luz de los federalismos profundos, tal es el caso de las autonomías municipales, modificar un esquema institucional lento, caro y superpoblado, y también establecer marcos liberadores del desarrollo económico y social a través del reconocimiento de los derechos de cuarta generación pero -lo que es más importante aún-, la definición de pautas prácticas para su ejercicio, herramientas para simplificar la práctica de la cultura emprendedora y por qué no, dar rango constitucional a cuestiones trascendentales como el ordenamiento territorial de Mendoza o a espacios como un consejo económico y social.
Se acabó el tiempo de esconderse y de pasar desapercibidos. Quedarán expuestos quienes, al día de hoy, están cómodos en un sistema perimido y excluyente, ideal para los personajes poco afectos a dar explicaciones. Y los que tengan vocación de poner a Mendoza a diseñar su propio futuro deberán recoger el guante y salir del terreno amigable de las declaraciones de deseos.
El coronavirus marca su propio ritmo: la carencia de certezas es la regla. Nos acostumbramos, en pocas semanas, a no pensar en más allá de unos cuantos días. Allí se explica el valor de los anuncios de Suárez. En un mundo trastocado e incierto, los mendocinos tenemos claro que la decisión política de tener un marco legal moderno y justo, que garantice las bases para un desarrollo sostenible, está tomada.
El desafío está al alcance de todos y corresponde llenarlo de contenido. Los municipios no deberían demorarse en darle forma a una propuesta coherente y realista de lo que esperan respecto a las autonomías departamentales. El justicialismo mendocino, como oposición política, tiene el lujo de contar con un gobernador que no se encierra ni reclama super poderes, sino que abre el juego, los invita a participar y pide genuinamente su aporte.
En medio de la crisis que nos cambió la vida cotidiana a todos, Suárez lanzó el desafío. La pregunta que sigue cae por su propio peso. ¿Tenemos la capacidad de transformar el desafío político de una reforma constitucional en una oportunidad colectiva? Personalmente, como siempre, me anoto del lado del sí.