28 de marzo de 2015 - 00:00

Mendoza no puede esperar… tanto

Ciudades del mundo históricamente violentas han reducido considerablemente la inseguridad. Nuestra provincia necesita que quienes aspiran a gobernarla expresen claramente qué harán para controlar este flagelo que crece día tras día.

Es público y notorio que tanto el país como nuestra provincia atraviesan una profunda crisis de inseguridad. En Mendoza terminamos el año 2014 con aproximadamente 200 homicidios.

La cifra definitiva resulta difícil de precisar porque, para colmo de males, se ha inventado una nueva categoría estadística que nos habla de “muerte dudosa”, en la que se ubica a todo muerto encontrado desconociéndose las circunstancias de la muerte, lo que haría suponer que podría tratarse de un suicidio y no de un homicidio, por lo cual no se lo contabiliza como tal.

Además se intenta clasificar los motivos de los homicidios como si los únicos que importaran y fueran causas de inseguridad fueran los producidos en ocasión de robo. La verdad es que todo homicidio es un delito que agrava la inseguridad aunque este sea por motivos pasionales, por ajustes de cuentas o por cualquier otro motivo.

Mendoza no está sola en esta difícil situación, sino que la provincia de Santa Fe y el Gran Buenos Aires se encuentran en una situación peor aún. Pero lo cierto es que hay provincias cercanas donde la situación es notablemente mejor. Por ejemplo las provincias de San Juan y de San Luis, con las cuales compartimos un origen y una cultura común, tienen un promedio anual de entre 20 y 30 homicidios por año. Se nos podrá decir que Mendoza es más grande poblacionalmente hablando, lo que es cierto, pero también lo es que no es diez veces más grande.

Si tuviéramos 100 homicidios por año se guardaría la proporción respecto del número de habitantes y estaríamos en situación similar a la actual en esas provincias. Es una gran mentira que este problema, que es uno de los que más preocupa a los argentinos, no tenga solución.

A través de estrategias y metodologías distintas, ciudades tan importantes como Nueva York, Bogotá o Medellín, entre otras, han solucionado el problema y han reducido en forma más que notable el tema de la inseguridad. En Nueva York, por ejemplo, que cuenta con más de ocho millones de habitantes, o sea cinco veces la población de Mendoza, terminó el año 2014 con 333 homicidios, el número más bajo desde 1963, y en el mes de febrero de 2015 transcurrieron 12 días corridos sin que hubiera un solo homicidio, lo que mantiene la tendencia de una situación que viene mejorando desde hace dos décadas, cuando esta misma ciudad poseía índices de homicidios de los más altos del mundo.

Los distintos sistemas utilizados en estas ciudades son conocidos por los especialistas en seguridad y no forzosamente se refieren exclusivamente a lo que se ha llamado erróneamente “mano dura”.

El gobierno actual, tanto nacional como provincial, no saben, no quieren y no pueden modificar esta realidad. Que no saben lo muestra la realidad, ya que en la llamada “década ganada” no han podido mejorar la situación. Por el contrario, la han empeorado. La lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso.

El “Plan Escudo Norte” que pretendía con una Gendarmería reforzada; con una red de catorce radares; con el plan de derribos de aviones no identificados y con la incorporación de elementos tecnológicos detener el ingreso de drogas al país, no se llevó a cabo. La Gendarmería fue retirada de la frontera norte para atender emergencias de inseguridad en el conurbano bonaerense; los radares no funcionan y la ley de derribo no ha sido sancionada. Hasta el papa Francisco ha manifestado su inquietud en este tema.

Que no quiere lo demuestra el permanente intento del gobierno nacional de atentar contra el sistema judicial y penal. La permanente declaración de inconstitucionalidad de normas penales; su falta de voluntad de sancionar delitos que empezó con el falso postulado de que no hay que sancionar la pobreza y la protesta social, continuó con la no persecución del consumo y tráfico de estupefacientes y avanza con la impunidad a los terroristas que derribaron la AMIA y que le costó la vida a un fiscal federal.

Aun si supieran y quisieran, hoy ya es tarde para ellos mejorar la situación. Aunque su mandato termina en diciembre, a los efectos prácticos ya está terminando. En un año electoral en el que algunas personas van a tener que votar hasta siete veces, es lógico suponer que no se van a tomar medidas de fondo y es aquí donde queremos llamar la atención, no a los actuales gobernantes sino a los que van a asumir en el mes de diciembre y que disponen de lo que les resta del año para planificar y proponer soluciones.

Sus excelentes equipos técnicos conocen a la perfección las medidas tácticas y estratégicas que hay que tomar para mejorar la situación de inseguridad. Es lógico que no prometan cosas irrealizables pero es indispensable tomar medidas que en lo inmediato produzcan algún efecto. Es el futuro gobernador el que va a redactar el próximo presupuesto a través del cual se establecen las prioridades de la Provincia, que en definitiva harán posible o no el cumplimiento de las medidas que sus asesores les propongan. Hay tiempo suficiente para pensar el tema y para que la población sepa qué es lo que le proponen a la hora de votar.

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