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Desde hace ya un tiempo que el problema o flagelo del narcotráfico aparece como una de las principales preocupaciones de la sociedad, y no deja de estar presente en la agenda pública de todas las formaciones políticas, organizaciones libres del pueblo, iglesias, poderes del Estado y del ciudadano “de a pie”.
Pero lo cierto es que no ha recibido la atención y la preocupación que el tema merece; sólo se advierten reacciones espasmódicas cuando sale a la luz algún hecho vinculado con el mundo de las drogas, para luego entrar en el olvido de la agenda pública.
Más sorprendentes son las declaraciones de las máximas autoridades provinciales y nacionales que recién ahora afirman que el tema del narcotráfico es grave en nuestro país y en nuestra provincia, y que ahora ya dejó de ser un lugar de tránsito para tornarse en un polo de producción de drogas.
Lo cierto es que hace ya mucho tiempo que nuestro país se convirtió en productor de drogas, justamente, por la responsabilidad de los que hoy se rasgan las vestiduras y muestran públicamente alguna preocupación.
En primer lugar, debemos poner en claro que el narcotráfico necesita de la complicidad del poder político y de la fuerzas de seguridad; sin estas complicidades resultaría imposible su existencia y menos aún el crecimiento explosivo de los últimos años.
Esto último puede presentarse como exagerado pero lamentablemente es la realidad. Sólo basta recordar los casos de Santa Fe y Córdoba, donde quedaron al descubierto las complicidades de las cúpulas policiales -en ambos casos estaban entre los responsables los titulares de la unidad de lucha contra el narcotráfico- y de los principales responsables de la política de seguridad; también surgieron responsables entre las fuerzas federales y hasta ciertas omisiones judiciales.
Mendoza no escapa a lo que ocurriera en las provincias mencionadas, y lo cierto es que en algunos casos sólo basta contar la complicidad de unas pocas personas para obtener en simultáneo la protección política y policial que esta actividad ilícita requiere.
Nuestra querida provincia en los últimos 10 años se ha transformado en una de las principales productoras de cocaína, también en uno de los principales lugares de depósito de estupefacientes y, últimamente, lugar de radicación de las familias de los principales narcotraficantes del país.
A tal punto Mendoza es, desde hace tiempo, tierra fértil para estas bandas criminales, que las mismas cuentan con determinados departamentos para la radicación de “cocinas”, donde cuentan con la protección de las autoridades por medio de la “liberación de la zona”.
Otros departamentos se han transformado en la zona de radicación de los jefes y de sus familias (por lo general barrios cerrados o zonas de casas-quinta) y, últimamente, algunas zonas más alejadas del área metropolitana hacen las veces de depósitos de drogas hasta su “exportación” a Chile, donde su valor se triplica.
Todo esto no es casual -claro que no-, sino que responde a las facilidades que otorga el “sistema”, ya sea porque han infiltrado y cooptado a las fuerzas de seguridad, han obtenido “zonas liberadas” y han contado con la ayuda del poder político por medio de omisiones o acciones concretas que garantizan la labor de estas bandas.
Claramente, la Argentina, y Mendoza en particular, se encuentran en las fases más avanzadas de este tipo de crimen organizado (ver nota de Juan Gabriel Tokatlian, en el diario La Nación del día 11/02/2014), para lo cual resulta necesario adoptar políticas de Estado para combatir el narcotráfico.
Sin duda esta política de Estado requiere como mínimo contar, en primer lugar, con la voluntad explícita de todos los actores de diseñar, planificar y ejecutar políticas destinadas a combatir este flagelo; en segundo lugar, se necesita como mínimo contar con un diagnóstico realista de la situación y no apoyarnos en las estadísticas absurdas que se elaboran a partir de los secuestros realizados por las fuerzas de seguridad, que de ningún modo reflejan el estado de situación; en tercer lugar, se debe procurar la profesionalización, especialización y modernización de las agencias que ejecuten dicha política de Estado (justicia, fuerza de seguridad, órgano de prevención, agencia de inteligencia, etc).
Y ya no sirven los discursos que livianamente afirman que es un problema que debe atender sólo el gobierno federal.
En definitiva, lo que se necesita, amén de reconocer la existencia de la problemática, es empezar a desarrollar una política de Estado exenta de mezquindades e intereses sectoriales, sabiendo que es el puntapié inicial de una ardua y extensa tarea y que encontrará más de un obstáculo en el seno de los diversos poderes.