El kirchnerismo volvió a realizar un giro en la política energética argentina, que pasó en la última década -la "ganada"- de exportar combustibles a importarlos.
Empujado por la desesperación de atenuar el altísimo impacto a las arcas fiscales que implica la importación de combustibles por más de 12.000 millones de dólares anuales, el Gobierno nacional publicó un decreto (el 929/2013) para atraer inversiones extranjeras y desregular -en parte- la actividad, lo que significa una marcha hacia atrás con las disposiciones híper-reguladoras que la propia Casa Rosada tomó hace menos de un año, tras la re-estatización de YPF.
A principios de julio de 2012, Cristina Fernández concentró todas las decisiones sobre inversiones y precios del mercado hidrocarburífero en la cabeza de un triunvirato compuesto por el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
La herramienta fue el decreto 1277/2012 que derogó disposiciones fijadas en tres decretos de 1989, de Carlos Menem, que hacían referencia a la libre disponibilidad de la producción y la desregulación del mercado de hidrocarburos.
Con el decreto del año pasado, la Presidenta modificó lo dispuesto por Menem sobre la libre importación y exportación, la libertad de precios y las exenciones de aranceles de exportación e importación. Por último, el decreto de 2012 eliminó la libre disponibilidad del 70% de las divisas obtenidas por exportación.
Pero menos de un año después, a través del decreto 929 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, Cristina Fernández cambió nuevamente las reglas de juego a pedido del CEO de YPF, Miguel Galuccio, quien negoció durante seis meses el acuerdo con la gigante estadounidense Chevron que se firmó el martes por la tarde, que habilita una inversión de 1.240 millones de dólares para extraer petróleo y gas no convencionales de una pequeña área de la inmensa formación Vaca Muerta, en Neuquén.
Por la urgencia por revertir la debacle energética y la fuga de dólares a través de la balanza comercial, la Casa Rosada debió readecuar la visión híper-reguladora y concentradora de Kicillof para permitir que Galuccio consiga dar el puntapié inicial en Vaca Muerta con la extracción de combustibles no convencionales, la apuesta de la Argentina para recuperar su soberanía energética.
Es por eso que el decreto 929 permite a las empresas que inviertan, en cinco años, más de 1.000 millones de dólares a exportar, a partir del quinto año, el 20% de la producción sin pagar retenciones y girar los dividendos sorteando el cepo cambiario.
Además, se prevé que si la Argentina necesita, llegado el momento,, parte de ese 20% que estas empresas tienen asegurado para exportación, el Gobierno les pagará el gas o el petróleo a valor de exportaciones y les facilitará el acceso a los dólares.
Este paso de la regulación estricta de Kicillof a la apertura permeable de Galuccio que se expresa en ambos decretos, tiene como telón de fondo el acuerdo de YPF con Chevron a través de un contrato con cláusulas secretas y que se regirá por la ley francesa.
Sin embargo, no hay cambio de posición entre ambas herramientas legales respecto del avance de la Nación sobre facultades de las provincias hidrocarburíferas que no dejan de tener un rol de testigos de las principales decisiones.
El decreto 1277/2012 estuvo en el centro de la pelea política entre julio y agosto del año pasado en Mendoza porque el artículo 31 concedió a Kicillof y compañía facultades sancionatorias sobre las petroleras que llegan, incluso, a la posibilidad de revertir concesiones, algo que va en contra de la Constitución Nacional -que da a las provincias la propiedad de sus recursos naturales- y las leyes 17.319 (de Hidrocarburos) y 26.197 (Ley Corta).
Este avance sobre las facultades de las provincias, que venían renegociando extensiones de concesiones y hasta revirtiendo áreas, provocó un gran debate en la Legislatura provincial y obligó al gobernador Francisco "Paco" Pérez a peticionar ante la Casa Rosada. La solución que se encontró fue la firma de un Acuerdo Federal Hidrocarburífero entre las provincias productoras y la Nación en la que se dejó constancia que se respetaría el dominio de los Estados sub-nacionales sobre sus recursos.
Pero dicho Acuerdo tuvo como objetivo de fondo que los distritos petroleros cedieran interinamente sus derechos políticos sobre las acciones que tienen en YPF (el 25%) a la Nación hasta que se produzca la transferencia de las mismas a cada provincia, algo que depende del demorado juicio que Repsol lleva contra la Argentina en tribunales internacionales. Además, este mismo Acuerdo, nunca mostrado por Pérez, dispuso que Mendoza quedara tercera detrás de Neuquén y Santa Cruz, con sólo el 5% de las acciones de YPF.
La persistencia del avance de la Nación sobre las provincias petroleras se detecta de nuevo en el decreto 929/13 ya que dispone que éstas deberán extender por 35 años concesiones que deberían expirar en 10 o 12 años para permitir que las petroleras como Chevron traigan sus dólares al país, ya que se trata de inversiones de largo plazo y multimillonarias. Para ello se encontró una alternativa: que las provincias subdividan las áreas donde hay petróleo o gas no convencional y extiendan por 25 años las concesiones, con acceso a 10 años más.
En esta prueba piloto que es el acuerdo de inversión conjunta (joint venture) entre YPF-Chevron en dos yacimientos de la formación Vaca Muerta, será la Legislatura de Neuquén la que tenga la última palabra, de manera que la potestad de las provincias quedaría salvada con este paso, según entiende el kirchnerismo.
Pero para los defensores del federalismo (entre los que alguna vez estuvo la Presidenta cuando fue convencional constituyente y logró para las provincias petroleras el dominio de sus recursos) esto no alcanza ya que, en términos políticos, una provincia no tiene demasiado margen de acción cuando los acuerdos llegan a sus manos cocinados. El rol de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que se reactivó para la re-estatización de YPF, quedó desdibujado tras la firma del decreto 929/13.
Sin embargo, el siempre latente conflicto medioambiental podría ser el detonante de una sublevación interna en las provincias petroleras. Más aún en Mendoza, que tiene una porción de aproximadamente el 20% de Vaca Muerta, donde las organizaciones ecologistas frenaron el avance de la mega-minería metalífera a cielo abierto.
La extracción de petróleo no convencional se hace a través de una técnica denominada fracking, que quedó legislada en el decreto 929, por la cual se utiliza hasta 20 veces más agua que en la extracción de crudo convencional, lo que tiene un fuerte impacto en el medio ambiente. Por eso es que cada nueva concesión que tenga por fin la búsqueda de hidrocarburos no convencionales deberá estar sujeta a estudios de impacto ambiental y sus respectivas audiencias públicas.
El experto canadiense en el mercado de los hidrocarburos, Roger Tissot, explicó en una nota publicada ayer por el diario Clarín que con el acuerdo entre YPF y Chevron "entra en juego la cuestión social" y puso como ejemplos Francia, donde el fracking está prohibido y Estados Unidos, donde se lo usa sin restricciones.
"Es necesario un punto medio, que contemple regulaciones claras en materia ambiental, una supervisión estricta y la participación de las comunidades locales para que se mantengan informadas".
Este escenario de debate social está próximo para los mendocinos ya que YPF tiene dos áreas en Mendoza donde se encontró hidrocarburo no convencional y además una UTE entre la alemana Wintershall Energía y Total Austral también está explorando un área con el mismo objetivo.
Si estas firmas por sí solas o con alianzas de inversión ponen manos a la obra, "la cuestión social" que señala Tissot, tomará cuerpo y tendrá ineludibles consecuencias políticas sobre el Gobierno provincial.
