La administración meticulosa, racional y transparente de los recursos públicos, es un acto de justicia social.
Foto:
La administración meticulosa, racional y transparente de los recursos públicos, es un acto de justicia social.
Desburocratizar actividades, eliminar trámites innecesarios, permitir la gestión on line de otros, unificar organismos y quitar obstáculos que hacen del Estado un monumento a la ineficiencia, son objetivos que cualquier buen gobernante debe tener entre ceja y ceja.
Durante años se instaló un paradigma equivocado, una concepción que desde lo discursivo aparentaba sensibilidad social y desde lo material no hacía más que profundizar inequidades: la ampliación descontrolada de la planta de empleados públicos que sumaba personal a la vez que se deterioraban sus prestaciones, terminó haciendo del Estado mendocino un aparato enorme, lento e incapaz de resolver en tiempo y forma trámites sencillos.
Esta situación inconveniente se complementó con una realidad inocultable: gran parte de esa masa de nuevos funcionarios públicos accedió a cargos estatales por simpatía política y sin condiciones de idoneidad.
Reducir gastos superfluos de un Estado que no cubría servicios básicos y sostenía un exceso de personal que a su vez carecía de la preparación técnica y profesional necesaria, constituyó un problema mayúsculo para la administración de Cambia Mendoza.
Desde diciembre de 2015 el gobierno encabezado por Alfredo Cornejo le puso fin a la tentación de hacer del Estado un botín partidario, reduciendo la estructura gubernamental a sólo cinco ministerios y tres secretarías, lo cual fue de la mano de la reducción de 35% de los cargos políticos respecto al gobierno de Francisco Pérez.
Así mismo, durante 2 años de gestión se produjeron más de 4.000 bajas, la mayoría de ellas producto de jubilaciones, renuncias y fallecimientos. Se logró achicar la planta de personal de forma progresiva pero aumentando la inversión en seguridad, educación y salud.
La depuración de la planta de empleados públicos permitió ingresar en una segunda fase de racionalización del Estado mendocino: el ingreso y promoción por concurso público de los aspirantes a cubrir vacantes en su estructura.
Todo esto en el marco de un plan que incluye la aplicación del expediente electrónico, ítems por productividad que reconocen a los trabajadores que cumplen su tarea, y el compromiso del Estado que paga en tiempo y forma la remuneración correspondiente.
La buena noticia del llamado a concurso para ingresos y ascensos en la administración provincial no es una novedad aislada, y allí radica su importancia. Es la consecuencia de una tarea de ordenamiento estatal que permite alcanzar en dos años estándares de ingreso propios de las administraciones públicas de países desarrollados.
El concepto está claro. Así como hasta diciembre de 2015 el Estado era la herramienta para pagar favores políticos a cargo de la espalda de los mendocinos, ahora se fortalece la idea de que personas más capaces atendiendo las necesidades de los mendocinos, cobrando mejor por eso y capacitándose, incentivarán a sus compañeros a hacer lo mismo, a la vez que ejercerán con mayor autoridad sus responsabilidades.
La modernización del Estado y los concursos no son cambios pequeños ni cosmética para aparentar. Estamos dando inicio a una nueva época en la que se recupere el orgullo de trabajar en el Estado, por las exigencias para serlo y por el reconocimiento de su relevancia por la comunidad cuando vea un Estado transformador de la realidad social y no sólo de la realidad de unos pocos.
