El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, se refirió a la nueva etapa de acuerdos que inauguró ayer Mendoza y La Pampa, en el marco del conflicto por la distribución del caudal del Río Atuel.
El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, se refirió a la nueva etapa de acuerdos que inauguró ayer Mendoza y La Pampa, en el marco del conflicto por la distribución del caudal del Río Atuel.
Hasta el 14 de febrero, ambas provincias deberán definir el caudal mínimo de agua que tiene que pasar de nuestra provincia y la vecina, y para eso es indispensable un plan de obras que deberá presentarse el 29 de junio.
"Si mañana tuviéramos que dar los 4,5 metros cúbicos a La Pampa con lo que hoy tenemos, sin hacer nada, tendríamos que dejar de regar 3.500 hectáreas. Esa es la comparación hoy", remarcó el funcionario responsable de la política hídrica y destacó las obras que deben hacerse para aprovechar el agua.
"Existen dos maneras de regulación que es mejorando la forma de aportarle el agua a los usuarios para que seamos más eficientes. La principal es con obras en Mendoza, pero también en La Pampa que eviten la filtración y pérdida de agua. Para esto hacer una presa en La Puntilla, por ejemplo, o encontrar otros mecanismos que los técnicos el día jueves van a discutir", señaló Marinelli en declaraciones radiales.
Este punto es central en la postura mendocina en el conflicto. Es que La Pampa, provincia que judicializó el reclamo y por el cual la Corte obligó a la búsqueda de acuerdo, quiere el caudal mínimo en lo inmediato, con o sin obras. En cambio, en nuestra provincia, el gobierno de Alfredo Cornejo entiende que la única manera de no perjudicar el riego es con obras en ambas provincias.
Incluso, con la intención de frenar el juicio, la vicegobernadora Laura Montero presentó al gobernador pampeano, Carlos Verna, un plan de infraestructura conjunto. La propuesta, que fue hecha en julio del año pasado, fue desestimada por el gobierno de La Pampa.
En este punto, Marinelli destacó que, en la nueva etapa de acuerdo, las nuevas obras que se encaren para el aprovechamiento del agua deberán ser financiadas por ambas provincias y el gobierno nacional.
“La Nación está dispuesta y tiene una actitud muy propositiva en esto. En aquellas obras que haya una plusvalía indirecta deberán afrontarlas las provincias y en muchos casos la Nación”, señaló el superintendente de Irrigación.