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Usualmente, en las instituciones educativas de todo el mundo se brindan ejemplos de procederes -en la dirección correcta o contraria- con casos de la vida cotidiana. Pues bien, lo realizado durante el año pasado por el Gobierno provincial y el Instituto de Vitivinicultura perfectamente puede transformarse en un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de política vitivinícola y las pruebas están a la vista en las recientes protestas de los viñateros por falta de rentabilidad.
Concretamente, la gestión conjunta llevó a entorpecer el normal funcionamiento del mercado y coadyuvó a empeorar la situación, llevando a la vitivinicultura hacia el crítico estado actual, en el que -más allá de la importante devaluación de la moneda nacional (60% en un año)- nos permite aseverar que lo hecho no alcanzó para reducir los stocks ni, mucho menos, para aliviar las expectativas de precios para la próxima vendimia.
¿Qué fue lo que sucedió?
A fines de diciembre de 2012, el INV pronosticó para 2013 una cosecha de 28,3 millones de quintales en todo el territorio nacional, 26,3% superior al volumen registrado en 2012. Históricamente, se catalogaba como una “buena” cosecha, ya que superaba en 8,4% el promedio de los últimos 10 años. Además, el Instituto informó las existencias vínicas al 1 de noviembre de 2012.
Con dicha información y proyectando el comportamiento de la demanda, se estimaba que los stocks vínicos a la liberación de los vinos nuevos (al 1 de junio de 2013), sin contabilizar la nueva elaboración, estarían en un nivel cercano a los 5 meses de demanda.
Desde el sector privado esperaban un piso de $ 1,30 por kilogramo de uva básica y un techo de $ 1,60.
Estos valores representaban un incremento del 20% y del 47%, respectivamente, a lo que se pagó en promedio la temporada anterior ($ 1,05 por kilogramo). Esta euforia sobre los precios esperados tenía fundamentos concretos que lo sustentaban: el elevado precio del jugo concentrado de uva en el mercado internacional, las acotadas existencias de mosto en bodega (tanto en Argentina como en el resto de los países productores) y las expectativas devaluatorias.
Sin embargo, si se analizaba con una mirada más larga la situación, se observaba que el precio internacional del jugo concentrado de uva se encontraba en un nivel récord. En tanto que el precio internacional del jugo concentrado de manzana, supuesto competidor del mosto concentrado, mantenía una fuerte tendencia negativa desde hacía más de un año.
Correcciones y carne al asador
En este contexto, a finales de febrero de 2013 el INV dio a conocer la corrección del primer pronóstico de cosecha. Allí, el Instituto redujo su proyección inicial a 26,6 millones de quintales en todo el territorio nacional. Lo llamativo es que, con la nueva información que atenuaba la situación, los gobiernos de Mendoza y San Juan decidieron poner toda la carne en el asador: destinaron a mosto el 32% de la cosecha que ingresó a bodega durante 2013.
Este fue el porcentaje más alto de la historia del Acuerdo, conjuntamente con la pauta diversificadora del año 2005, cuando se esperaba cosechar 30 millones de quintales y, en lo que se refiere al fideicomiso del mosto, Mendoza compró la uva básica a razón de $ 1,50 por kilogramo.
¿Qué fue lo que pasó en la realidad?
Al final se terminó cosechando 28,7 millones de quintales, un volumen superior a los dos pronósticos de cosecha del INV. Esto implicó un gran incremento en el nivel de stock, pasando de 5 a poco más de 7 meses de demanda (despachos más exportaciones), lo que representa un aumento del 40%.
Estas mayores existencias vínicas impactaron en los precios de todos los productos vitivinícolas y, especialmente, en el mosto sulfitado. Por otra parte, la mayor elaboración de mosto durante el 2013 (+30%), fruto de la mayor cosecha y de la política diversificadora (32%), también hizo su aporte a la baja de los precios internacionales del jugo concentrado de uva.
A pesar de contar con esta información, el gobierno provincial no acusó recibo y -a mediados de 2013- insistió con una política errática intentando sostener el precio del mosto sulfitado comprándolo a $ 2,30 por litro. Esto no hizo más que alterar las expectativas del mercado y que muchos productores y elaboradores no vendieran su mosto esperando mejores precios, lo que trajo aparejado un aumento inducido de los stocks en bodega, que en la actualidad alcanza un excedente equivalente a 50 mil toneladas de jugo concentrado de uva.
Como si todo esto fuera poco, al finalizar 2013, el Gobierno vendió los mostos a $ 2 por litro financiado en 18 meses, convalidando aún más la caída de precios.
En suma, no se pudo torcer la tendencia a la baja en los precios y se acumularon stocks agravando la situación actual. Ni más ni menos que una mala praxis en la política vitivinícola, agregando otro eslabón a la cadena de desaciertos del gobierno en materia de economías regionales.