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Luego de sortear sin éxito un diciembre caótico, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se metió de lleno en una comedia de enredos inquietante en la que los ministros del gabinete se contradicen y se desautorizan entre sí mientras la jefa de Estado se resguarda en un silencio casi sepulcral que hoy cumple un mes (la última vez que habló para la ciudadanía fue el 10 de diciembre, en el aniversario de los 30 años de la recuperación de la democracia).
Esta escena es sólo una pista que indica la desorientación de la administración kirchnerista respecto de los principales problemas del país y de la ciudadanía, problemas a los que el Ejecutivo corre por detrás y no puede anticipárseles, como si en lugar de ser un gobierno que lleva diez años en el poder -casi once- fuera un gobierno recién llegado que heredó una pesada conflictividad.
El arribo de Jorge Capitanich a la Casa Rosada, para ocuparse de coordinar todas las áreas y poner la cara ante la sociedad, quedó sumido, en menos de dos meses, en una misión casi imposible. El dos veces electo gobernador del Chaco quedó ya en tres oportunidades en off side al intentar capear tres de los más importantes conflictos que golpearon a la administración K desde que él asumió como jefe de Gabinete.
Primero, cuando aseguró que la Nación no enviaría gendarmes a Córdoba para contener la crisis que se desató en la provincia mediterránea por la sublevación de uniformados y los saqueos generalizados (que se terminó expandiendo a todo el país). Recordemos que menos de una hora después, el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni, oficializó el envío de fuerzas nacionales a Córdoba. Luego, Capitanich propuso cortes programados de electricidad -al estilo alfonsinista- y el ministro de Planificación, Julio De Vido, salió a desmentirlo.
El jefe de ministros tuvo que reconocer que la palabra escogida no había sido la adecuada. Por último, esta semana, Capitanich fue doblemente desmentido. El lunes dijo que el Gobierno no analizaba cambios en el cálculo del impuesto a los Bienes Personales y pocas horas después, el mentor del impuestazo, Ricardo Echegaray (titular de la AFIP), aseguró que lo que se buscaba era sustituir el valor fiscal de las propiedades por el valor de mercado.
El chaqueño salió enojado el martes a la mañana a negar contradicciones en el seno del Gobierno y terminó anunciando que en febrero el Congreso trataría la modificación del gravamen. Pero a media tarde el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que tanto la Presidenta como él creían que la medida era desacertada y estaba totalmente descartada. Así, el miércoles, Capitanich se mostró cansado: “Las consideraciones que hizo el ministro de Economía son las definitivas”, sostuvo sin más.
Capitanich se queja porque los otros ministros no le pasan toda la información que requiere y muchas mañanas, a la hora de enfrentar los medios de comunicación, llega sin las respuestas. Por ahora, viene siendo extremadamente comprensivo y cree que se trata de la falta de práctica que tienen los funcionarios K de compartir y socializar la información pública. Pero a la vez toma conciencia de que su plan de transformarse en una carta fuerte del peronismo en 2015 empieza a licuársele.
Este último incidente cómico, las desinteligencias en torno del impuesto a los Bienes Personales, se produjo porque el Tesoro está urgido de recursos y necesita forzosamente mejorar la recaudación ya que es poco probable que hasta mediados de año pueda acceder al mercado internacional de créditos, que sigue mirando a la Argentina con mucha desconfianza (pese al arreglo con Repsol y con algunas empresas que litigan contra el país en el Ciadi y la oferta de pago al Club de París).
A esto hay que sumar las dudas del hoy todopoderoso ministro de Economía que no estaría del todo de acuerdo en producir un nuevo endeudamiento a gran escala porque -según algunas fuentes- cree que el único sector que sale favorecido es el financiero, justamente el que más ganó en “la década ganada” y preferiría, entonces, ajustar variables: acelerar el ritmo de devaluación y quitar subsidios (ambos caminos ya fueron emprendidos con una depreciación del peso del orden del 40% en 2013 y el tarifazo al transporte urbano en la Capital Federal que fue del 66% y rige desde el 1 de este mes).
El problema que tiene el Gobierno es que en diciembre se encontró con una enorme conflictividad social y el plan A, mayor devaluación y quita de subsidios al sector eléctrico, tiene entonces como horizonte el caos. ¿Quién se atreverá a hacer pagar cuatro veces más una factura eléctrica a una familia porteña o del conurbano bonaerense que pasó una o dos semanas sin luz durante fin de año y los primeros días de este mes? Por lo tanto, hoy se buscan nuevas herramientas para mejorar la recaudación, las cuales deberán quedar plasmadas en el plan “anti-evasión 3” que el Congreso deberá tratar en sesiones extraordinarias durante febrero.
Echegaray, que como sabemos está en el ojo de la tormenta (por el viaje que hizo a Río para pasar Año Nuevo junto a un grupo de allegados, con los que tendría relación comercial -según va trascendiendo-, que a la postre golpearon a un equipo periodístico del canal TN cuando fueron abordados en el aeropuerto), lanzó la idea de modificar Bienes Personales basándose en un hecho irrefutable: que sólo 450 mil personas pagan este tributo y deberían ser muchísimos más.
Pero la fórmula que planteó ante la prensa no significaba otra cosa que meter a toda la clase media en el pago del gravamen, cuya alícuota del 1,5% es altísima y hubiera generado un efecto fuertemente regresivo para la economía. En Mendoza, más de la mitad de los contribuyentes hubieran pasado a pagar este tributo pensado para que lo paguen sólo los más ricos. Por suerte, Kicillof frenó la movida a tiempo.
“La inflación va a ser un promedio de lo que se mueva el dólar y las paritarias”, vaticina el reconocido economista Miguel Bein. El analista pronostica una devaluación del 30% para 2014 y salarios moviéndose al 24%, lo cual da una inflación del 27%, a lo que habrá que agregar el aumento de tarifas que impactará en “uno o dos puntos más” porque “durante diez años estuvieron congeladas y hoy no pesan en el costo de vida”, describió en un programa televisivo esta semana.
Bein es uno de los economistas más moderados y sobresale en un conjunto en el que sus colegas tienen predicciones mucho más negativas. Pero si se toman como reales sus vaticinios, 2014 será un año muy parecido a 2013 con un crecimiento no superior al 3% y alta inflación. Con un agravante: menos reservas y más problemas estructurales que enfrentar con urgencia, los cuales requieren espaldas económicas.
Bein cree que “los próximos tres o cuatro años son de crecimiento bajo. Si se hacen muy bien las cosas se crecerá al 3%. Lo que viene es la agenda del desarrollo; es una agenda enorme de cuestiones estructurales. Si uno hace las cosas bien se crece poco; si hace las cosas mal pega la cabeza contra la pared cada siete años como viene pasando desde el Rodrigazo”, sostuvo.
Esperemos, entonces, que el bienintencionado economista sea escuchado por un gobierno que por ahora ha decidido no atacar las causas de los problemas más graves y sólo pone al Estado a hacer un control de daños sobre las consecuencias de los mismos. El mejor ejemplo de esto último es el congelamiento de precios que debutó hace pocos días o la orden de importar tomates que dio la propia Presidenta: medidas que no atacan ninguna de las causas reales que tiene la inflación.