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Cuando Iván Duque (Centro Democrático) llegó al poder jamás imaginó que, a tan sólo 15 meses de su gestión, el índice de su popularidad sería tan bajo (según los últimos sondeos ronda el 27%). Con fama de “títere” de Álvaro Uribe, el recalcitrante jefe del conservadurismo colombiano, Duque es acusado de ir por detrás de los acontecimientos. Si no da un giro considerable a su gestión de gobierno pasará a la historia como un presidente más.
La realidad le impone días difíciles. La implementación de los acuerdos de paz (2016) con las FARC está estancada. La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), sistema de justicia transicional para quienes depusieron las armas, se encuentra sin el vital apoyo financiero del gobierno; ello no es casual en un gobierno que desde antes de asumir (17 de junio de 2018) amenazaba con revisar los acuerdos de paz firmados en 2016 entre la guerrilla y su antecesor Juan Manuel Santos. La deliberada desidia en la implementación de dichos acuerdos significó que muchos desmovilizados regresaran a la clandestinidad. Se calcula que un tercio de quienes abandonaron la guerrilla, ante la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, volvieron a las actividades ilegales, las que les resultan más rentables.
Algo inesperado sucedió a comienzos de agosto de 2019. En el departamento del Cauca (Pacífico colombiano) fueron secuestrados ocho adolescentes. Todo indicaba que disidentes de las FARC los habían reclutado por la fuerza. Las autoridades locales hicieron las denuncias correspondientes de modo que el gobierno estaba al tanto de que los jóvenes, de entre 14 y 20 años, estaban siendo retenidos en algún lugar de la selvática zona y obligados a empuñar las armas o a participar de actividades ilegales. A fines del mismo mes de agosto, en una operación militar catalogada por el gobierno de Duque como “impecable” fueron muertos 16 guerrilleros y su jefe. Entre los muertos, los forenses encontraron a tres adolescentes de 12, 15 y 16 años quienes seguramente formaban parte de aquel grupo de jóvenes secuestrados a comienzos de mes. El hecho fue mantenido en secreto por el gobierno pero el dato de los jovencitos llegó al Congreso y el escándalo estalló. El ocultamiento intencional por el gobierno de los niños muertos en una operación catalogada de “impecable”, le costó el cargo al ministro de defensa, quien sabía o debía saber que entre los combatientes en la zona muy probablemente estarían los jóvenes secuestrados y, a pesar de ello, se ordenó el ataque. Ese escándalo, sumado a otros que casi a diario tienen lugar, más el desempleo en aumento, los problemas del sistema de salud, las promesas incumplidas (de educación de calidad) a los estudiantes, un penoso sistema de pensiones, minorías étnicas abandonadas, un Estado ausente en vastas zonas del territorio, la inseguridad, la corrupción endémica, la escandalosa inequidad, un proceso de paz trabado adrede por el gobierno, el asesinato de líderes sociales (155 en lo que va de 2019) y la falta de esperanza respecto de un país en paz, han creado el ambiente propicio para que la población, harta de la ineptitud de sus gobernantes, saliera a las calles. Duque está contra las cuerdas y pareciera que la situación lo supera. En todo el país, sobre todo en las grandes ciudades, hay manifestaciones en reclamo de cambios sustanciales.
Pero sobre llovido mojado. Algunas de esas demostraciones fueron violentamente reprimidas por el Esmad (escuadrón móvil antidisturbios). Un proyectil disparado por uno de sus miembros dio en la cabeza a Dilan Cruz, un joven de 18 años. Luego de agonizar durante dos días, el 26 de noviembre murió. Este luctuoso hecho alimentó más el rechazo hacia los gobernantes y, en general, hacia la clase política y las fuerzas de seguridad. Los líderes de las protestas (estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales y líderes indígenas) reaccionaron a la muerte de Dilan convocando a una nueva jornada de paro nacional.
Colombia, como puede verse, es una olla a presión y lo que estamos presenciando por estos días son sus efectos.
Pero no todo es negativo. La coyuntura está llevando a una democracia más participativa y a que todos los sectores se expresen. Además Duque, presionado por las manifestaciones, ha convocado a una gran mesa de diálogo nacional. Pero esto no es todo: el alcalde electo de Medellín (tercera ciudad más grande del país), Daniel Quintero, ha revuelto el avispero político pidiendo una nueva Constitución (la actual es de 1991) lo que llevaría los problemas nacionales y a los partidos políticos a un gran debate nacional y eso sería muy bueno. Colombia necesita cambiar un secular sistema de escandalosa inequidad y, además, librarse del flagelo de la corrupción y fortalecer sus instituciones. El país caribeño es, luego de Honduras y Guatemala, el más desigual de la región en cuanto a distribución de la riqueza se refiere. Esto ha sido, desde la época de la independencia, la causa de los conflictos armados y de los grupos ilegales que han bañado en sangre al país. Según el último informe de la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe), el 1% de la población colombiana es dueña del 20% del ingreso nacional; el 1% es dueño del 65% de los depósitos bancarios y, como si fuera poco, el 1% de la población es dueña del 60% de las tierras cultivables.
Duque está ante la gran oportunidad de pasar a la historia como un auténtico estadista que supo interpretar la voz del pueblo. De lo contrario, será digno de pasar al olvido.