Los municipios de Mendoza se aprestan para hacerse cargo del tránsito

El tiempo corre. El 14 de diciembre se cumple un año de la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Vial y todos los municipios deberían tener su propia estructura de control de tránsito. 

En el Gran Mendoza las comunas avanzan, incluido Maipú que es gobernado por el justicialismo. Fuera de la mancha urbana con mayor población, hay otra comuna gobernada por el PJ que también se está adaptando: San Martín.

Los dos dos municipios tienen una realidad particular: ya asumieron buena parte de las responsabilidades del tránsito.

La misma situación se da en dos comunas gobernadas por el radicalismo: Ciudad y Godoy Cruz, que tienen una larga trayectoria en el tema. Capital, sobre todo, tiene buena recaudación tanto en multas como en estacionamiento medido, aunque los números son un misterio: a pesar de que Los Andes los pidió a su Dirección de Información Pública, la respuesta fue el silencio.

Volviendo a las comunas peronistas, en Tunuyán no hay una decisión tomada sobre qué hacer, sólo reclaman al Gobierno provincial que les ayude a cubrir los gastos de hacerse cargo del control del tránsito.

Su secretario de Gobierno, Martín Hinojosa, dijo que el jefe comunal Martín Aveiro aún no toma una decisión sobre si reclamar judicialmente, pero la idea que circula en Tunuyán es que no son tiempos de subir la presión sobre los vecinos del municipio.

Las otras dos comunas gobernadas por el PJ, San Rafael y Lavalle, han optado por pelear contra la ley 9024 en los estrados judiciales, para forzar su inconstitucionalidad. El reclamo también es el dinero que hace falta para avanzar en la aplicación.

En cambio, las comunas radicales han decidido avanzar en el desafío, tal vez por disciplina con el gobernador Alfredo Cornejo. Sin embargo, en todos los municipios alejados el reproche es lo financiero.

Santa Rosa, una de las más golpeadas, acepta el desafío a pesar de no contar con el volumen de tránsito que tienen los municipios del Gran Mendoza, que hace tentador la regulación del estacionamiento y las multas.

Gobernada por la radical Norma Trigo, se plantea algunas soluciones creativas y asegura que está dialogando con el departamento vecino, La Paz, para desarrollar juntos el juzgado vial que necesitarán tener.

La nueva ley de tránsito estipula que los municipios deberán tener los juzgados de tránsito necesarios para atender la demanda y los reclamos.

El secretario de Gobierno de Santa Rosa, Marcos Nuarte, sostiene que con uno para los dos departamentos alcanza y que podrían compartir los gastos de tener un juez (que deberá cobrar el 70% del sueldo del intendente) y algunos administrativos.

Pero la esperanza de poder sostener el sistema de control vial del departamento está puesto en otro lugar. Nuarte dice: "Tiene poco sentido un control vial para una localidad de 20 mil habitantes". Pero la nueva atribución municipal gana cuerpo cuando miran la circulación vehicular en las tres rutas que atraviesan el departamento: la 153 (Las Catitas-Monte Comán), la 50 (que une todos los departamentos del Este) y la "joya" por la que más automotores circulan, la Ruta Nacional 7.

La experiencia de cobrar multas a los vehículos que exceden la velocidad en la Ruta 7 no es nueva. Desde fines de 2015 la tiene implementada San Martín. Esa experiecia ha sido exitosa porque, según el secretario de Gobierno Oscar González, los accidentes en la autovía disminuyeron 80% desde que empezaron a labrar multas por exceso de velocidad.

El viernes hubo una reunión con enviados de la Agencia de Seguridad Vial: ofrecen el Sistema Nacional de Infracciones (Sinai), con equipo y software para realizar multas electrónicas. El costo: 7% de las infracciones. 

Hijos del rigor, los conductores reaccionan al estímulo negativo de pagar. Al tiempo que bajan los accidentes, San Martín recauda $ 1,5 millones por mes con el radar instalado en la autopista; una cifra lejana de lo que logra cobrar con el estacionamiento medido en el centro de la ciudad: algo más de $ 300 mil pesos.

González se esfuerza en explicar que no hay ánimo recaudatorio y que lo que se cobra no entra a los gastos corrientes del municipio, sino que va a sostener la estructura vial y al prevención de accidentes. Lo mismo dice que quiere hacer Nuarte en Santa Rosa.

Maipú es la otra comuna que ya tiene control vial. El secretario general de Intendencia Luis Novillo dice que ya hay un juzgado vial y cuerpo de inspectores. Conducida por el peronista Alejandro Bermejo, evalúa si hará falta un juzgado más o si agregar una secretaría al juzgado existente.

Novillo indica que probablemente deberá ampliar el cuerpo de criminalística y, lo más caro, las grúas y la playa de secuestros que “está prevista, pero no equipada”.

Maipú tiene hoy estacionamiento medido y evalúa un sistema eventual para los alrededores del Arena Maipú, con tarjetas por 3 o 4 horas. Otra problema que miran con preocupación es la velocidad en la calle Paso, la de acceso a la ciudad de Maipú. Novillo no descarta la posibilidad de que, en algún momento implementen en esa ruta el sistema de radares de San Martín.

Otra comuna que ya avanzó en el control vial es Luján, que gobierna el macrista Omar de Marchi. El director de la policía vial Gabriel Garnica dice que están en condiciones de hacerse cargo del tema: "Tendremos que aumentar los peritos, uno por guardia, es decir unos tres o cuatro más. El resto está completo".

En Luján ya hay estacionamiento medido en el centro y en la zona de boliches; también avanzarán sobre Chacras de Coria: esta semana estarían mandando el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante. Tienen la mirada puesta en la Panamericana, en el tramo cercano al límite con Godoy Cruz, dónde hay algunos locales bailables y salones de eventos.

El estacionamiento medido le da a la comuna unos $ 35.000 semanales, contando las 500 tarjetas puestas en los boliches. Las multas: $ 2 millones por mes.

Los pioneros

De los pioneros, Capital es el que lleva más tiempo en control de tránsito, pero poco comunica al respecto a pesar de la insistencia de Los Andes.

Godoy Cruz es el otro municipio con trayectoria en el tema. De hecho, sus juzgados viales se están transformando en juzgados de faltas y van a absorber los castigos de las áreas de inspección.

También hay playa de secuestros y están en proceso de adquirir los PDA para hacer las multas electrónicas.

Estiman 260 mil vehículos circulan por el departamento por día. La comuna factura $3,9 millones en multas por mes y $ 900 mil en accidentes viales.

Las dos comunas grandes que deben empezar de cero

Guaymallén (a cargo del radical Marcelino Iglesias) y Las Heras (conducida por el también radical Daniel Orozco) deberán arrancar de cero en el control vial. O casi de cero. Es que las gestiones anteriores de las dos comunas crearon sus cuerpos de preventores, que solían colaborar con la policía vial. Ahora esos preventores serán los inspectores de tránsito. Son 100 en Las Heras y 70 en Guaymallén.

El secretario de Intendencia de Las Heras, Fabián Tello, indica que están analizando cuántos juzgados de tránsito deberán abrir. También, que están pensando en el cuerpo de criminalística que intervendrá en las actas de accidentes con lesionados, las grúas que necesitarán y las playas de secuestro.

Incluso que están estudiando la posibilidad de ordenar el estacionamiento y evitar “trapitos” con un sistema medido en el centro de Las Heras y en la zona de calles San Martín e Independencia, donde hay mucho movimiento comercial.

La extensión territorial del municipio obliga a un despliegue más grande. Tello sabe que tienen jurisdicción hasta en Alta Montaña.

En Guaymallén, el director de Servicios Comunitarios, Jorge Carrizo, dice que uno o dos juzgados de tránsito funcionarán en un local frente a la plazoleta del Indio, en San José, detrás de la Terminal.

También apuesta a la tecnología y dice que van a equipar a sus inspectores con PDA, un teléfono inteligente con un software para cargar datos del auto y el conductor y emitir la multa.

También muestra su pesar por la cantidad de plata que sale hacer el cierre de la playa de secuestros que ubicarán en calle Tirasso y lo que cuestan las dos grúas que van a tener que comprar: unos $ 2,5 millones cada una.

Luego indica que piensan en estacionamiento medido en Villa Nueva, en los alrededores de la Municipalidad, en la zona comercial de Rodeo de la Cruz, en los alrededores del hospital Santa Isabel de Hungría y en la Clínica Santa Rosa; tambien en una parte de Bandera de los Andes, Adolfo Calle y las laterales de la Costanera.