Algo está pasando en la industria vitivinícola. Porque reflotar la discusión del tema del fraccionamiento de vinos en origen, más allá de si tiene razón o no quien lo plantea, es retrotraernos hacia atrás, cuando en las dos últimas décadas la dirigencia vitivinícola estuvo mirando hacia adelante, con el objetivo claro y concreto de seguir avanzando en la búsqueda de mercados. Es posible que ese replanteo responda, sobre todo, a la falta de expectativas para el corto y mediano plazo que ha ganado al sector en los últimos meses.
La ley de fraccionamiento en origen -la 23149- fue sancionada en el Congreso de la Nación el 30 de marzo de 1984 y promulgada el 6 de noviembre de ese año. Han pasado casi tres décadas desde aquella promulgación y en ese lapso fueron contadas las oportunidades en las que alguien se refiriera al tema, hasta que en los últimos días han surgido voces que la acusan de ser la causante de la caída del consumo.
No es del caso calificar aquí si tienen razón o no quienes sostienen esta teoría porque pueden contar con elementos concretos para sostenerla, más aún cuando anteriormente algunas voces habían señalado esa misma situación, como siempre lo hizo el ex titular del Centro de Bodegueros, Ricardo Santos. Pero sí es llamativo que se replantee la discusión de un tema de hace tres décadas, siendo que en los últimos veinte años la vitivinicultura estuvo trabajando mirando hacia el futuro, como sucedió con el Plan Estratégico Vitivinícola 2020, que se fijó pautas tanto para el mercado interno como para el externo, muchas de las cuales se han cumplido con creces.
En todo caso y habida cuenta de que pueden resultar contundentes los motivos para retornar al fraccionamiento fuera de origen, resultaría más interesante que el tema se considere dentro del grueso de la industria y que sea parte de un plan que contemple otros aspectos, porque también el mercado externo está complicado. Y el lapso comprendido entre la liberación de los vinos y la brotación de las cepas, es el oportuno para que los distintos actores de la industria se sienten a una mesa -en la que también deben participar organismos oficiales- para establecer qué hacer a corto, mediano y largo plazo.
No se trata entonces de una crítica hacia quienes insisten con el tema de la modificación de la ley, sino de encontrar los acuerdos necesarios para que todo surja del diálogo entre las partes y para que no se repitan tampoco antiguas divisiones que afectaron a la industria durante muchos años.
Debe trabajarse entonces en una política vitivinícola que tenga en cuenta las acechanzas que pueden llegar a afectar a la actividad, de las que nos hicimos eco en nuestra nota anterior. Así por ejemplo, plantear lo que puede suceder con la industria del mosto donde existen dos actores: uno muy allegado al mosto sulfitado y el restante al concentrado, que va nutriéndose del anterior. La preocupación que existe es que las necesidades de los productores que tienen mosto sulfitado los lleven a vender sus stocks para hacer frente a las tareas culturales pronto a iniciarse, como la poda. De allí que muchos hayan valorado las palabras del gobernador en el almuerzo de los Viñateros y Bodegueros del Este, cuando anticipó la posibilidad de implementar operativos de retención que beneficiarán a los productores con menores posibilidades financieras.
Por otra parte, se indica que hay que apuntalar el mercado interno, que podría partir de la promoción, de la aparición de nuevos jugadores en el mercado por parte de quienes tienen vino en su poder o bien a través de la modificación del fraccionamiento en origen, como se ha planteado. Pero insistimos en el tema de que todo debe surgir del consenso de la industria.
El mercado externo también debe ser parte de la discusión. Si bien se ha producido una meseta y frenado la caída en las exportaciones, el hecho claro y concreto es que se ha dejado de avanzar y que han quedado lejos aquellos dos dígitos de crecimiento anual que ganaron en gran parte de la primera década del 2000.
En este caso, se sostiene que los gobiernos provinciales deben actuar en consecuencia y ponen como ejemplo lo que sucedió días pasados en San Juan, donde los exportadores de uvas en fresco o pasas decidieron demorar los pagos a los productores hasta tanto les lleguen los reintegros por exportaciones.
Hay muchos optimistas porque aseguran que un aspecto positivo es que la Argentina no tiene sobre stock y que hay que fijar políticas que determinen que todos los actores mantengan rentabilidad, desde el bodeguero hasta el productor, especialmente porque este último sigue siendo el eslabón más débil de la cadena y el que sufre las consecuencias de los altibajos en los que cae la industria.
"Hemos hecho bien los deberes. Los mercados están, la diversificación se ha hecho y no hay mucho vino que pueda generar sobre stock. No hay entonces variables peligrosas, pero hay que sostener lo ganado", indicó una fuente consultada.
En el Valle de Uco
Hay mucho nerviosismo entre los productores del Valle de Uco. "Nuestra mayor preocupación es la falta de rentabilidad real que tenemos en la zona", dijo uno de ellos, quien aseguró que "nuestros viñedos son poco productivos, porque si les dejamos más carga, las uvas no maduran. Y estamos cobrando menos que hace dos años, con un proceso inflacionario del 25 al 30 por ciento anual". Destacó que la mano de obra constituye el 65% del costo de un viñedo y las paritarias se están moviendo a un ritmo del 25% anual, a lo que habría que agregarle un 20% mínimo en el resto de los insumos.
El productor -pariente directo de un dirigente que ocupó un alto cargo en la política mendocina, lo que lleva a indicar que conoce los laberintos del Estado- se quejó por la falta de respuestas desde los ámbitos oficiales. "Queremos que nos escuchen y que entre todos encontremos las soluciones", sostuvo, antes de ratificar que ya se están realizando reuniones en Tupungato para acordar cómo harán los planteos.
Luego de recordar que el año pasado vendió una bonarda a 2,20 pesos el kilo y que este año "aún peleando" ha logrado que le abonen 2 pesos, el productor señaló que "en lugar de soluciones, estamos recibiendo mayor presión tributaria de parte del Estado, porque las cargas sociales son cada vez más caras, porque perdimos la tasa cero y las bodegas nos retienen el 3% de ingresos brutos, a lo que hay que sumarle que Irrigación nos aumentó el 400% por la concesión del pozo. En este último caso se trata de un número mentiroso, porque yo pagaba 704 pesos por año y ahora pago 4 cuotas de 935. Todo esto nos está llevando a un ahogo financiero del que no podemos salir", aseguró.
Destacó que necesitan que el Gobierno "escuche también a los productores, porque siempre se reúne con los industriales y nosotros no formamos parte de la rueda, siendo que somos la base de todo el esquema". Todos esos aspectos fueron considerados durante una reunión a puertas cerradas que se realizó en Tupungato y cuyas conclusiones -el tenor de los planteos no se conoció- serán acercados a las autoridades en los próximos días.
