Cristina Kirchner no es una buena anfitriona. Eso ya se sabe. Puede obligar a esperar a sus visitantes más allá de lo tolerable, como hizo con Michelle Bachelet cuando fue a Buenos Aires tras asumir la presidencia de Chile por segunda vez.
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Cristina Kirchner no es una buena anfitriona. Eso ya se sabe. Puede obligar a esperar a sus visitantes más allá de lo tolerable, como hizo con Michelle Bachelet cuando fue a Buenos Aires tras asumir la presidencia de Chile por segunda vez.
O hacer que sus invitados se sienten en un auditorio, a tiro de las cámaras de la transmisión pública, para maltratarlos durante su discurso en cadena nacional, como lo sufrieron alguna vez empresarios y sindicalistas amigos del Gobierno.
El que sintió el rigor del destrato presidencial ahora, no una sino dos veces en apenas diez días, fue Francisco Pérez.
La primera, el lunes 4, con una indiferencia casi humillante durante una teleconferencia Buenos Aires-Mendoza, en la que el Gobernador tuvo que tomar el micrófono y llamar la atención para poder decir algo en el acto de inauguración de un laboratorio de la UNCuyo.
La segunda fue el jueves 14, durante un acto para anunciar la construcción de viviendas, cuando la Presidenta castigó a los gobernadores petroleros por oponerse al proyecto de ley de hidrocarburos que impulsó el CEO de YPF, Miguel Galuccio. Pérez, sentado entre sus colegas, fue oportunamente enfocado por la transmisión de TV y debió escuchar frases como que eran más permeables a los deseos de Repsol que a los de la estatal YPF.
El gobierno de Cristina Kirchner está en retirada, su tiempo en términos políticos acabó, pero ella está dispuesta a hacer valer su poder hasta el último día. Y no resiste que nadie la enfrente. A quien se atreva a hacerlo, está claro, lo aleccionará públicamente.
En Mendoza, aunque admiten el impacto de ese reto presidencial, se consuelan. Aseguran que el principal destinatario fue el gobernador neuquino, Jorge Sapag, el más duro en su postura contra el proyecto de Galuccio y también el que más margen de maniobra e independencia tiene: su provincia no necesita de la ayuda financiera nacional.
Pero los que estaban en la Casa Rosada y fueron enfocados eran Pérez y el chubutense Martín Buzzi, ambos muy necesitados de dinero.
Dicen en la Casa de Gobierno que, a diferencia de lo que ocurre en público, en la gestión real no hay castigo: a la Provincia no le están descontando de la coparticipación el pago que correspondería por la deuda con la Nación, como si hubiera firmado la prórroga de la que fue excluida formalmente.
Y los fondos para viviendas, que se frenaron los últimos dos meses, volvieron a llegar el viernes y hubo alivio, ante una presión creciente de las constructoras por los desembolsos atrasados.
Siguiendo esa línea de argumentación, enfatizan que a Pérez lo maltrató Cristina en su discurso, pero antes fue recibido por los ministros De Vido y Kicillof.
En la reunión con el jefe de Planificación también estuvo Galuccio, que le adelantó que el proyecto de ley petrolera “está avanzando”, dando así por sentado que se harán algunos de los cambios pedidos por las provincias.
Quienes están al tanto de la negociación cuentan que seguramente se aceptará el incremento de las regalías. Se habla de llevarlas de 12 al 15%, con un 3% extra cuando se renueve la concesión. Ingresos Brutos quedará en el 3%, como fue escrito en el proyecto original.
Y lo que ya tiene el acta de defunción firmado es el famoso “acarreo”, o sea la participación de las empresas provinciales de energía como socias (sin poner un peso) de las concesionarias de yacimientos.
Esta decisión implicaría el fin de Emesa, la empresa provincial que se creó por decisión de Pérez y que por ahora no ha sido más que un membrete.
Fue justamente el acarreo impuesto en la última licitación de áreas petroleras mendocinas el que puso en evidencia el conflicto entre las provincias e YPF, que le hizo el vacío y no presentó ofertas.
El Gobierno anunciará en los próximos días el resultado de esa licitación abierta el 15 de mayo y si avanza con la adjudicación será, para algunos, una señal negativa en medio de la negociación.
Tan negativa como, según interpretaron en Buenos Aires, es el rechazo de la Suprema Corte a la cautelar presentada por YPF en respuesta a la intimación de la Provincia por la diferencia en el pago de Ingresos Brutos.
La petrolera no paga el 5% dispuesto por la reforma impositiva de hace dos años, sino que deposita el 2% pactado hace 20 años, y Pérez activó el reclamo tras aquel desprecio de Galuccio. Ahora, la decisión judicial llega en un momento en que la “calentura” inicial había dado paso a la conciliación.
Hasta ahora, todo indica que la nueva Ley de Hidrocarburos se va a parecer más a lo que pretendían la Casa Rosada e YPF que a la contraoferta de las provincias.
Igual, algunos voceros del sector aseguran que aunque Pérez se queja, la primera versión del proyecto favorecía a Mendoza y perjudicaba a Neuquén.
Batallas perdidas
Esa sensación de que la pelea por la “propiedad” del petróleo dejará sólo una victoria exigua y múltiples derrotas les transmitió Pérez al vice Carlos Ciurca y a los doce intendentes peronistas en una cena el viernes a la noche.
El Gobierno hoy no tiene “espaldas” financiera ni política para sostener el enfrentamiento con la Nación. Por lo tanto, no queda mucho más que aceptar y festejar lo que se logre cambiar.
Pero si el acuerdo está cerca, por qué la necesidad del maltrato público. En el peronismo no se lo explican. En Casa de Gobierno lo asumen como parte de las reglas de juego.
Es cierto, el desencanto con la Presidenta empezó hace algún tiempo, cuando Pérez y los suyos entendieron que nada de lo prometido y esperado llegaría desde Buenos Aires. Igual, el reto fue motivo de análisis del entorno más cercano al mandatario.
Hay quienes creen que Cristina actuó así porque el arreglo está cerrado. A otros, en tanto, esos gestos presidenciales no les caen tan mal porque sostienen que no hacen más que favorecer a Pérez, al menos levantan algo su imagen entre los mendocinos.
Durante dos años y medio, al Gobernador se le reclamó desde la oposición, pero también desde la sociedad, algo de independencia de la Rosada. Con lo ocurrido ahora, creen que se responde a esos reclamos.
Todo esto se da en un escenario económico complicado: por ahora las cuentas públicas muestran superávit, pero el dinero a favor que queda cada mes viene decreciendo.
En julio hubo déficit, pero se entiende por el pago del aguinaldo, pero en abril y mayo la gran brecha de principios de año se había achicado mucho. Y nadie sabe qué pasará con el endeudamiento finalmente autorizado por la Legislatura: el mercado internacional está cerrado por el default y las tasas locales son altísimas.
Pero tal vez el problema mayor que hoy debe enfrentar Pérez es la caída del empleo, que, según los estudios de algunas consultoras, comenzó a notarse en el último trimestre de 2013 y se profundizó a principios de este año, confirmado por el propio Indec.
Las estimaciones en el Gobierno son que los números del segundo trimestre, que se deberían difundir el martes, mostrarán un panorama más sombrío.
La metalmecánica, la agroindustria, la producción agrícola y el sector servicios (como comercio, hoteles y gastronomía), además de la industria de la carne, son los más afectados.
Para enfrentar las consecuencias y también para prevenir más despidos, se necesitan fondos. Otra vez aparece como indispensable la ayuda nacional. Y otra vez se entiende por qué se terminará acordando.
Por Marcelo Zentil - [email protected]