A dos años de haber asumido como gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo desgranó ayer para Los Andes los principales momentos (algunos de ellos amargos) que le tocó vivir desde el sillón de San Martín.
Foto:
A dos años de haber asumido como gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo desgranó ayer para Los Andes los principales momentos (algunos de ellos amargos) que le tocó vivir desde el sillón de San Martín.
Al recordar cada suceso, el mandatario busca que en el balance la lógica politóloga le gane a la urgencia del cronista. Y está bien que así sea. En todo caso, su trabajo es de profundidad, y el nuestro -a veces- es de mera superficie.
Sin embargo, es interesante ver en los hombres del poder cuál es su esquema de razonamiento, y cómo logran conciliar la acción con la reflexión; en el supuesto que estén capacitados tanto para una u otra tarea.
Cornejo se esmera por demostrar que tiene pretensiones de gestión, pero también de estudioso de los fenómenos políticos en los que le toca actuar.
Asume que en la sociedad de 2017, “gobernar es más complejo que hace 20 años” y que la respuesta del Estado también resulta a veces insuficiente para los cambios que la sociología se apura en aportarnos.
En muchas de sus respuestas y acotaciones remarca que iniciativas polémicas (como el ítem Aula) lo que buscan, al margen de mejorar algún indicador específico del servicio que presta el Estado, es un cambio cultural.
Así lo deja expresamente registrado cuando se ufana de algunos logros puntuales como la reducción en un 65% de la polilla de la vid, u otras en materia de gasto y propone como meta fiscal para fines de 2019 lograr el superávit en las cuentas públicas. Desde ahí repite -otra vez- el concepto con el que define a su estilo de gobierno como de “orden y austeridad”.
Pretende, para el fin de su mandato, “que los mendocinos tengan una mejor provincia y una mejor administración del Estado”. Y que en todo caso su gobierno, al que desde su inicio buscó bajar las expectativas transformadoras, sea recordado como el que posibilitó dar un salto “para que brille en el contexto nacional mejor al de los últimos años”.
Entiende que ello no sólo debe ser un emprolijamiento estético, sino para generar “un liderazgo institucional” en el que la figura del gobernador deba tener un rol protagónico tras el deterioro generado por sus antecesores recientes.
Entonces, el análisis teórico entra en crisis con lo que define como “poderes constituidos”, entre los que no duda en colocar a los sindicatos estatales o la Justicia, encarnada en la Suprema Corte.
Cornejo está convencido de que su función es representar el “interés colectivo” y de eso se aferra para justificar, por ejemplo, su disputa con la Nación a propósito del frustrado intento del gobierno de Macri de incorporar un impuesto a la producción vitivinícola que generó tal vez el momento más áspero de su gestión.
Entiende que si bien tanto el Ejecutivo como el Judicial son poderes del Estado, (“ambos poderosos”), mientras su poder es efímero -o al menos a término-, el de los supremos del Máximo Tribunal es vitalicio. “¿Para qué voy a querer manejar la Justicia si yo me voy...?” expresó cuando el proyecto de reforma y ampliación de la Suprema Corte chocaba con argumentos varios tanto de adversarios como de aliados.
De hecho, al pedírsele que recordara los hitos que influyeron en su gestión, encabezó la nómina con el hábeas corpus de la Suprema Corte sobre las prisiones preventivas que -recién asumido- “me marcó un foco de conflicto, de que no había interés de involucrarse contra la inseguridad”. Y agregó: fue “todo un mensaje” que Cornejo entendió casi como una declaración de guerra entre poderes.
De ahí se deriva una batalla tan simbólica para el gobernador: la negativa del PD y del diputado Niven haya sido catalogada como una “cobardía” incapaz de confrontar con ese Poder Judicial, pero también una “deslealtad” política que alcanza al presidente partidario Balter y que parece no tener vuelta atrás.
El gobernador teme que ese poder que encarna la Justicia, que no se somete a elecciones ni al control social como el que a diario se expone la política, termine conduciendo a la sociedad sin siquiera haberse propuesto para ello: sólo haciendo uso de la interpretación de la ley.
Admite que si en esta semana ese mismo tribunal considerara que el ítem Aula es inconstitucional, no tiene “plan B” para controlar el ausentismo docente, y con él la pérdida de oportunidades para que los niños más humildes puedan sacar más provecho de la educación pública.
“Aspiro a que las mayorías populares alguna vez sean respetadas en los fallos judiciales...” lanza como una súplica que resume sus razones políticas, pero también sus más profundos miedos.