Foto:
El kirchnerismo está haciendo trabajar a dos motores sus usinas creativas para sostener políticamente al vicepresidente Amado Boudou, aunque ello implique atacar a la Justicia y defenderla al mismo tiempo y realizar todo tipo de volteretas en el aire. No le está resultando sencillo.
La supervivencia de todo el Gobierno implica desplegar torniquetes en todos los campos en los que la batalla se está desarrollando para evitar la sangría de poder: en los tribunales, donde el número dos del Ejecutivo piensa apuntar toda su artillería contra el juez Ariel Lijo, que lo procesó hace 9 días; en el Congreso, donde la oposición continuará el asedio pese a que el Frente para la Victoria le sacó el candado a la comisión de Juicio Político sólo por tres horitas para archivar todos los pedidos de remoción que pesaban sobre Boudou; y también en la opinión pública, dado que la imagen negativa del Vice proyecta una sombra tenebrosa sobre el resto del Gobierno y en especial sobre la presidenta Cristina Kirchner porque fue ella quien lo soñó como su heredero político y lo transformó en su compañero de fórmula.
Luego de permanecer casi una semana en estado de desconcierto por el fallo de Lijo, el kirchnerismo se decidió a meter las manos en el barro. Por eso en los últimos días el oficialismo intentó instalar un argumento que pudiera superar la gravedad institucional de tener en el seno del propio Gobierno a un vicepresidente procesado por corrupción, acusado de haberse quedado con una empresa en quiebra, Ciccone Calcográfica, a través de socios y testaferros, para luego hacer negocios con el Estado nacional imprimiendo los billetes de cien pesos que la Casa de la Moneda no podía confeccionar por falta de capacidad operativa.
¿Cuál podría ser un argumento superador, más potente que el escándalo político e institucional provocado por los desatinos -por usar una palabra amable- de un hombre que está en el centro del poder? Para el kirchnerismo la respuesta está en denunciar un “intento corporativo de desestabilización política” por parte de la oposición y de los medios de comunicación para, así, estirar más y más ese relato sostenido en el autoconvencimiento de que el PJ está llevando adelante una revolución y tocando intereses sensibles.
Como se ve, no hay nada nuevo bajo el sol. La acusación a la oposición y a los medios de golpismos varios ha sido desenfundada una y otra vez desde 2008 a la fecha.
“Es nuestro deber como diputados de la Nación denunciar presiones corporativas sobre las instituciones de la República”, dice el informe que avalaron los 17 legisladores del Frente para la Victoria que el pasado jueves archivaron los pedidos de juicio político que tenía Boudou.
Acorralado por la Justicia, el oficialismo no tuvo otra opción que salir a defender institucionalmente -en este caso desde el Congreso- al polémico vicepresidente.
Sin embargo, el informe que redactó la mayoría oficialista para rechazar in límine los pedidos opositores sólo hizo hincapié en que la causa judicial (en rigor son más de una) está en pleno proceso y en que la apertura de un proceso de juicio político implicaría avasallar al Poder Judicial. No hay ninguna alusión a que los hechos de los que está acusado penalmente no sean ciertos.
Con estos argumentos los legisladores K buscaron, por un lado, encriptar en la Justicia toda la responsabilidad sobre el destino de Boudou (aprovechando que el movimiento de los expedientes judiciales es lento y que la decisión final -condenatoria o no- no llegará hasta después de que el Vicepresidente haya terminado su mandato) y, por otro lado, impedir que la Cámara Baja pueda evaluar aquellos actos cometidos por Boudou que no necesariamente son judiciables pero que hablan a las claras de su inhabilidad moral para ejercer el cargo que ostenta.
“Están borrando de un plumazo el artículo 53 de la Constitución”, se quejó la oposición el jueves ya que en dicho artículo la Carta Magna habilita al análisis necesariamente político -justamente en la Comisión de Juicio Político- de todo aquello que pueda entenderse como “mal desempeño” en el accionar del presidente, del vice, de los ministros y de los miembros de la Corte Suprema.
De modo que no sólo los expedientes judiciales son materia de evaluación de dicho órgano parlamentario. Sin embargo, el kirchnerismo hizo oídos sordos y prefirió confundirse en la brutalidad del menemismo que veinte años atrás rechazaba también in límine los pedidos de juicio político que recaían sobre la luego destituida “Corte adicta”.
La paradoja para la oposición, que fue acusada nuevamente de golpista, es que en su dictamen a favor del Vicepresidente los diputados del kirchnerismo dijeron estar defendiendo la división de poderes pese a que sólo un año atrás habían promovido las leyes de “democratización de la Justicia” mandadas por la Casa Rosada y que fueron bochadas por la Corte Suprema puesto que avasallaban la independencia de los magistrados respecto del poder político.
Más curioso resulta todo si se toman en cuenta las palabras de la propia Cristina Kirchner formuladas solo un día antes de que los diputados K debieran ponerle el cuerpo y la firma a la defensa del Vicepresidente procesado.
El miércoles, cuando conmemoró el 40 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, la Presidenta volvió a insistir con leyes que democraticen el Poder Judicial, algo que -si se toma en cuenta las normas que la Corte Suprema consideró inconstitucionales en 2013- debe leerse como simples instrumentos que le den al Gobierno la llave de entrada y salida de los Tribunales a través de un control político asegurado del Consejo de la Magistratura.
“Fue el Poder Judicial de la Nación el que convalidó la doctrina de los golpes de Estado”, consideró la Jefa de Estado desde la Casa Rosada y resaltó que “algún día deberán cambiar” los mecanismos por los cuales se elige a los magistrados.
“No me tocará a mí, no le tocará al próximo gobierno, pero la historia es indetenible, avanza y los cambios estructurales y sociales tienen que verse reflejados en el conjunto de la sociedad”, pidió. Así, en sólo 24 horas el oficialismo atacó a la Justicia a través de las palabras de Cristina Kirchner para luego defender su independencia en el dictamen de los legisladores K que tuvieron que salir a bancar al Vicepresidente.
También el Consejo Nacional del PJ recientemente electo hizo una defensa de Boudou, aunque esta fue mucho más elíptica que la de los diputados que se vieron obligados por razones de fuerza mayor a votar a favor de archivar los pedidos de juicio político.
“Rechazamos los linchamientos mediáticos”, dice uno de los últimos puntos del documento que firmó la nueva conducción del oficialismo nacional, entre la que están todos sus precandidatos a la Presidencia.
“Más que un apoyo al Vicepresidente, es el respeto a las instituciones de la República. Respetamos el accionar de la Justicia, pero a la vez no puede haber una condena anticipada”, dijo luego en la conferencia de prensa el gobernador jujeño Eduardo Fellner, presidente partidario.
No vaya a ser cosa que la ambigüedad de la declaración firmada por la flor y nata del PJ sea entendida como un compromiso ciego con los destinos políticos y judiciales de un hombre que muchos desean sacarse de encima cuanto antes.
Mario Fiore - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires