Nunca ha estado más claro que la dirigencia política no tiene precisiones hacia dónde va y qué decisiones tiene que mantener en cuanto a las funciones del Estado.
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Nunca ha estado más claro que la dirigencia política no tiene precisiones hacia dónde va y qué decisiones tiene que mantener en cuanto a las funciones del Estado.
En 20 años, el Estado local pasó de desprenderse de la Caja de Jubilaciones y transferirla a la Nación porque para que sólo los empleados públicos se jubilaran con el 82% móvil todos los mendocinos tenían que aportarle 80 millones de dólares por año.
También, bajo el gobierno de Arturo Lafalla se privatizó el Banco de Mendoza y el de Previsión Social y se concesionó el servicio de distribución de energía y el de agua.
Todas estas decisiones fueron realizadas a fines de los '90 en el marco de la reforma del Estado que tantas veces repiten funcionarios y candidatos políticos.
El antecedente inmediato fue la privatización de Giol durante el gobierno de Bordón debido a que había pasado al Estado en 1954 para "regular" el mercado de vinos, objetivo que nunca cumplió.
A diciembre de 1987 Giol tenía deudas por 35 millones de dólares y recibía constantes flujos de dinero del Banco de Mendoza, que era del Estado por aquellos años.
Pérez puso en marcha el año pasado la Bodega de los Contratistas, ¿de qué manera?: otorgando un préstamo de 5 millones de pesos para que 400 contratistas la administren.
El dinero salió de las retenciones que realiza la Nación sobre el vino, el préstamo es a tasa cero y deberán devolverlo a partir de 2015 en cuatro cuotas anuales de $ 1.250.000. ¿Qué pasará si no pueden pagar?
Ahora, si la administración Pérez avanza con su idea de que Mendoza tenga un banco estatal, de todos los cambios que se señalaron al principio, discutidos fuertemente en su momento, sólo queda todavía en manos privadas la empresa que distribuye la energía y la transferencia de la Caja (todavía no hay nadie que proponga traerla de nuevo a la Provincia).
El ex gobernador Celso Jaque pasó al Estado la ex Obras Sanitarias Mendoza (OSM), actual Aysam -que esta semana concretó un aumento acumulado desde setiembre de 2010 del 360% en la tarifa para mantener la empresa y a sus empleados-, y al menos por ahora no hemos escuchado que Pérez se pronuncie en contra de la creación del Banco de Mendoza.
Tampoco sabemos si habrá empresarios interesados en participar de la fiesta financiera paquista debido a que el Estado tendría el 51% de las acciones.
¿Habrá empresarios que quieran poner dinero en ese banco sabiendo que la mayoría de las decisiones las tomará el Estado? Puede que algunos quieran hacerlo asegurándose antes en un contrato que si la experiencia del banco va mal, ellos deben ser indemnizados por el Estado.
Los que se mueven cerca del titular del Ejecutivo y sus ministros afirman que la idea surgió, como otras tantas, de un arrebato del mandatario que se sienta en el sillón de San Martín.
Cansado de tener que buscar plata para pagar sueldos y demás gastos que demanda el Estado, se quejó a los gritos de los intereses que le cobra el Banco Nación por girar en descubierto.
Recordemos que esa entidad es el agente financiero de la Provincia y por lo tanto maneja unos 35 mil millones de pesos de las arcas locales.
Fue así como Pérez empezó a idear la creación del banco mendocino, prefirió eso a plantearle a la Presidente por qué no hizo la reforma financiera anunciada y nunca concretada.
Lo cierto es que, lejos de ser más eficiente, en varios aspectos, el Estado local se burocratizó más. Solo por poner un ejemplo, cuando se concesionaron los servicios de luz y agua se crearon los respectivos entes reguladores, el Epre para la luz y el Epas para el agua.
Se estableció que el personal que ingresara a esos organismos debía hacerlo por concurso, y así fue. Luego, cuando asumió la gobernación el radical Roberto Iglesias, declaró la intervención del Epre, adiós entonces a los concursos y a meter gente en el Estado. Los que siguieron hicieron lo mismo.
¿Es así como se gobierna? ¿Así se toman las decisiones de Estado? Treinta años de democracia no le han servido a la dirigencia política para definir claramente qué debe hacer el Estado, ni han tenido continuidad en políticas públicas de distinto tipo.
Obviamente que nada de esto será debate el año próximo en las elecciones; como mucho, los candidatos podrán pronunciarse sobre el destino del oso Arturo.
Mientras tanto se anuncian planes y reformas, y lo más probable es que el debate se imponga ante la falta de respuestas del Estado. Es que por la dimensión que está tomando, es posible que el Estado se vuelva inmanejable.
Sucede que otros actores, que viven también del Estado y que están para "defender los derechos de los trabajadores", le van ganando poder a los políticos elegidos para gobernar.