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A nivel del Poder Ejecutivo Nacional, el juicio político, que ahora irrumpió en la escena como si se tratara de una venerable institución en el andamiaje de la República, nunca sirvió para nada. Pero como en la Argentina suele fingirse que las instituciones funcionan, la propia dinámica política les refuerza su entidad como decorados: cada tanto sirven para decir que “en este caso” no aplican.
Se creerá que el problema es que se trata de instituciones muy viejas porque vienen de 1853. En rigor, los más rimbombantes instrumentos incorporados a la Constitución en 1994, desde el balotaje hasta la moción de censura al jefe de Gabinete, por no hablar de los partidos como instrumentos fundamentales de la democracia, tampoco funcionan.
El problema, vaya novedad, está en la distancia entre normas y praxis política. O tal vez en que el sistema está pensado para partidos políticos convencionales, y el peronismo, con su ambigüedad movimientista, su particular vínculo con el poder y sus infinitas metamorfosis, usa enchufes que no son compatibles con los de otras marcas.
Pocos lo recuerdan: la última vez que el juicio político no sirvió para nada fue en el verano de 1976. Aunque desde diciembre de 1975 la amenaza golpista estaba incorporada al discurso público, los esfuerzos de vastos sectores para evitar el golpe de Estado fracasaron debido a que el peronismo impidió que avanzara el juicio político a la presidenta Isabel Perón. En las vísperas de los cinco golpes anteriores (1930, 1943, 1955, 1962 y 1966) no llegó a tener entidad la alternativa de que el Congreso destituyera al presidente en los términos previstos por la Constitución. En 1976 sí, porque la evidencia de la incapacidad personal de la presidenta para desempeñar el cargo era irrefutable.
Sin embargo, a los principales líderes peronistas de la época, con el vicepresidente de hecho Ítalo Luder a la cabeza, les pareció un sacrilegio emprenderla contra alguien abrazado caprichosamente al sillón presidencial que tenía la solitaria cualidad de portar el apellido Perón.
Con una terrible tragedia nacional la historia enseñó que hubiera valido la pena salvar al régimen constitucional con sus propios mecanismos depuratorios, o cuando menos intentarlo. Obsérvese que el descrédito de Isabelita soportó el paso del tiempo, al revés de lo que sucedió con las memorias de otros presidentes derrocados, como Yrigoyen, Frondizi, Illia o incluso Perón, revalorizados con el paso de las décadas hasta por algunos de sus verdugos políticos o por los herederos de éstos.
Ahora no se trata de evitar un golpe, sino de digerir la corrupción a nivel vicepresidencial. Mediante la táctica sorpresiva, que es como el kirchnerismo disimula las improvisaciones, la Casa Rosada habilitó la comisión de Juicio Político, cerrada por años, al solo efecto de mostrar quién tiene la llave de ese reservorio del civismo cuyas placas de bronce lustran con esmero todas las mañanas un par de ordenanzas del Congreso.
La Presidenta decidió hacer causa común con su cuestionado lugarteniente, incluso después de que el oficialismo dijera que la decisión de que el Vicepresidente se tomase licencia era “un asunto personal” de él. Nos vino a recordar lo que podría llamarse la paradoja del juicio político autoinfligido, un juicio que jamás veremos.