La Iglesia se quejó ante el Gobierno por la irrupción esta semana en la escena pública de los aportes que recibe del Estado en concepto de sostenimiento del culto.
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La Iglesia se quejó ante el Gobierno por la irrupción esta semana en la escena pública de los aportes que recibe del Estado en concepto de sostenimiento del culto.
Si bien los obispos consideran que los montos no son secretos porque son parte de los fondos públicos, consideran que el surgimiento de la cuestión ahora forma parte de una “nueva maniobra distractiva” de los problemas económicos y los cuestionamientos éticos a ciertos funcionarios.
Los obispos ya habían tomado como una "cortina de humo" el desbloqueo por parte del Poder Ejecutivo del debate en el Congreso de la despenalización del aborto.
La irrupción del tema de los aportes a la Iglesia -muy criticaba por muchos sectores, incluso dentro de la propia comunidad católica- es un tema “taquillero” que, dicho sea de paso, debilita al Episcopado en medio del debate por el aborto.
La cuestión surgió a raíz de una pregunta sobre cuánto perciben los obispos entre las 1.318 preguntas que le llegaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, con motivo de su exposición en el Parlamento.
En la respuesta por escrito, se señala que el aporte total a la Iglesia será este año de $130.421.300. Y que mensualmente cada obispo diocesano recibe $ 46.800; cada obispo auxiliar: $ 40.950, y cada obispo emérito: $40.950.
El obispo de San Francisco, Córdoba, Sergio Buenanueva, en declaraciones al diario La Voz, se declaró a favor de la transparencia de los fondos públicos: “Las cifras son conocidas. Lo que me extrañó -dijo- es que los legisladores, que son los que aprueban el presupuesto, donde una parte está destinada al sostenimiento de la Iglesia Católica, hayan preguntado eso”.
Precisó que “no son salarios, sino asignaciones” y que, en su caso, “de los 46.000 pesos que recibo, hay un porcentaje que va a un fondo solidario. Hace unos años me tuve que operar de los ojos y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con ese fondo, me ayudó. Lo demás, unos 42.000, son para mantener mi casa, para la comida y para mi vehículo. Lo que queda va al sostenimiento de los gastos ordinarios del obispado, que son muchos”.
Finalmente, Buenanueva opinó que “hay que discutirlo todo. La forma actual (de aportes a la Iglesia) es caduca. A veces se dice que esto lo impuso la dictadura (una ley). La dictadura le dio la forma que ahora tiene, pero ya venía de antes. Está en el artículo 2 de la Constitución (el Estado federal sostiene al culto católico)”.
El Episcopado hace años que viene estudiando formas para su completo financiamiento, incluso analizando sistemas de otros países, pero aún no tomó una decisión.
Del Caño, contra el aporte para la curia
Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra presentaron un proyecto, para que se deroguen las normas que establecen el financiamiento estatal de la Iglesia, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informara por escrito a la Cámara de Diputados que el presupuesto destinado a la Iglesia Católica asciende a 130 millones de pesos.
“Tras las declaraciones de Marcos Peña en el Congreso de la Nación, los diputados del PTS en el Frente de Izquierda exigen que se deroguen las normas que garantizan el financiamiento de esta institución por parte del Estado”, planteó el FIT en un comunicado de prensa, en el que dieron cuenta de la presentación de una iniciativa parlamentaria en ese sentido.
Del Caño cuestionó que “la mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar que todavía están vigentes, gobierno tras gobierno”.
