En la publicación de Los Andes del 24 de octubre pasado, un electo legislador provincial por el Partido Intransigente, anunció su intención de presentar ante la Legislatura mendocina un proyecto de ley de alquileres.
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En la publicación de Los Andes del 24 de octubre pasado, un electo legislador provincial por el Partido Intransigente, anunció su intención de presentar ante la Legislatura mendocina un proyecto de ley de alquileres.
Resulta extraño que así sea al ejercer la profesión de abogado, ya que la Constitución Nacional establece claramente en su artículo 75, inciso 12, que tal potestad ha sido delegada expresamente al Congreso de la Nación.
De concretarse esta iniciativa, sería claramente inconstitucional además de desnaturalizar el Contrato de Corretaje conforme a las leyes 25028, la provincial 7372 y al Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), única norma que puede regular válidamente el tema, de las cuales declara el legislador electo conocer.
El mismo legislador electo omite mencionar que la norma dictada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido objeto de dos acciones de amparo por inconstitucionalidad que se encuentran en trámite, aún sin resolución, por violar manifiestamente la Constitución nacional.
Con estas iniciativas, se intenta introducir una norma disfrazada ante la opinión pública de "nueva ley de Alquileres", de cuya operatoria no se ocupa en absoluto y que sólo tiene por objeto violar los derechos de los trabajadores inmobiliarios, negando, a quienes ejercen una profesión y actividad lícita, los derechos constitucionales que garantizan "la protección del trabajo en todas sus formas".
El citado futuro legislador seguramente está al tanto de que el corredor inmobiliario actúa en forma autónoma de las partes, como lo determina claramente el CCCN y las leyes específicas, y no es un mandatario de ninguna de ellas, como intencionalmente se lo quiere hacer aparecer respecto de los propietarios de viviendas en alquiler.
No es un mero ejecutante de actos jurídicos sino quien despliega su propia iniciativa intelectual y conocimiento, valuando las propiedades en oferta por sus conocimientos técnicos y de mercado, "proponiendo, indagando, aconsejando y discutiendo" (fallo Cámara Nacional Com. Sala D 1994).
También se oculta que los servicios profesionales del corredor inmobiliario son optativos y no obligatorios, por lo que cualquier persona tiene todo el derecho a intentar alquilar, vender o comprar inmuebles, por su cuenta y riesgo. Sin embargo, las miles de personas que todos los días concurren a las inmobiliarias, demuestran así que valoran su servicio y asesoramiento y los beneficios consecuentes para las partes.
Ese anunciado proyecto también lesiona injustamente los derechos y patrimonio de los locadores, quienes arbitrariamente deberían pagar los servicios profesionales que reciben los locatarios, afectando así las inversiones de inmuebles destinados a renta, incrementando sus costos y contradiciendo la decidida política de los gobiernos Nacional y Provincial, para alentar las inversiones.
Sugerir que este proyecto de ley podrá solucionar el problema habitacional de Mendoza, (es el tema que realmente merece proyectos de ley superadores), expropiando legítimos honorarios a los corredores inmobiliarios, es mentir a la sociedad.
El proyecto de ley referido es ilegítimo al negar el derecho de los profesionales inmobiliarios a cobrar honorarios de ambas partes, lo que traerá inexorablemente no sólo un deterioro en las condiciones de vida de los 1.500 matriculados, la mayoría pequeñas inmobiliarias, sino de empleados, colaboradores, operarios, etc, con un universo de 10.000 personas que verán peligrar por insolvencia su trabajo y su sustento.
La satisfacción del derecho de los inquilinos se logra con una mayor oferta e inversiones, lo que les posibilita elegir la vivienda más adecuada a su presupuesto y necesidades y no con la aniquilación de los derechos de los corredores.
De ser así, los trabajadores inmobiliarios quedarían reducidos frente a los inquilinos a prestar servicios sin la contraprestación de honorarios o compensación alguna, ya que sólo tendrían responsabilidades profesionales y ningún derecho frente a los mismos.
Un principio elemental, que no sólo hace a irrenunciables derechos humanos sino a la dignidad de las personas, determina que nadie debe trabajar gratis compulsivamente.
El mercado locativo de Mendoza se desenvuelve pacíficamente y con una excelente oferta.
Por ello, sería conveniente que los señores legisladores electos, en lugar de proyectos como el anunciado, violatorio de leyes y derechos legítimamente adquiridos, emplearan sus esfuerzos en proponer planes de vivienda y mecanismos de inversiones para quienes lo necesitan, como lo ha realizado el Poder Ejecutivo Nacional, al haber otorgado en pocos meses, más de 2.500.000 créditos hipotecarios, en lugar de promulgar medidas regresivas y electoralistas que, obviamente, no van a solucionar, a ningún usuario, sus necesidades habitacionales.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.