Foto:
Es mala la relación política en estos momentos en la provincia y, como consecuencia de ello, peor aún la calidad institucional que se está ofreciendo a los mendocinos y a quienes tienen la mirada puesta en Mendoza. Salvo ocasionales entendimientos, el oficialismo y la oposición transitan por caminos muy lejanos y cuesta pensar en coincidencias básicas entre los principales partidos.
Sólo hubo consenso en el caso puntual del tope al aumento salarial de paritarias, aprobado en Diputados, donde radicales y demócratas apoyaron la iniciativa justicialista de que ningún trabajador del Estado pueda ganar más que el Gobernador. Tal vez lo hicieron con la intención de quitarle al PJ el argumento de que la oposición tiene el no fácil para todo, pero generaron otro conflicto con los gremios estatales más duros, que amenazan con judicializar el asunto si el Senado termina dando sanción definitiva el martes. Pero en los temas más importantes y controversiales no hay por lo general intenciones de acercamiento.
Las inquietudes del Gobernador. Hay varios asuntos que preocupan en estos días a Francisco Pérez. Uno es el que tiene que ver con la relación con la Nación a raíz de las diferencias sobre la política petrolera. En la semana la Provincia decidió que su empresa de energía continuara con el proceso licitatorio de las áreas petroleras, sin detenerse a esperar cómo se resolverá la redacción del proyecto de ley que, con consenso o sin él, enviará el Ejecutivo nacional al Congreso próximamente
Más allá de la distancia que el Gobernador puso con la Casa Rosada, o más precisamente con la conducción de YPF, no hay ningún interés en el gobierno local en romper relaciones porque Pérez y su entorno entienden que la relación Nación-provincias, en el caso puntual de Mendoza, no puede pasar solamente por la política de hidrocarburos.
En base a ese criterio Pérez sigue con la intención de que su gobierno no pierda de vista a YPF y al gobierno nacional. Una posición intermedia entre la postura de los gobernadores más duros en la negociación petrolera, como Sapag y Buzzi, y la Nación, es la que más le agrada al mendocino. De él depende mantener esa equidistancia sin tener que llegar a tomar posición por algún bando.
Además, la necesidad de financiamiento internacional, para lo que hace falta el consentimiento de la Nación, es otra de las razones por las que Pérez no puede ni debe romper vínculos.
El diálogo que no fue. También en los últimos días el oficialismo y la oposición dieron por terminados los encuentros en busca de consenso por el endeudamiento pretendido por el Gobierno.
Tras recibir de parte del radicalismo el planteo de inconstitucionalidad a la modificación de la Ley de Contabilidad que permitiría al Gobierno intentar obtener créditos, la Suprema Corte llamó a las partes a buscar posturas conciliadoras y algún punto de entendimiento. Esto no fue posible al cabo de varias semanas y por ello el Poder Ejecutivo entiende que, mientras espera que se expida la Suprema Corte, se encuentra perfectamente habilitado desde el punto de vista legal para buscar financiamiento.
Francisco Pérez expresó que anhela que el Máximo Tribunal de Justicia local falle en plenario de sus siete miembros sobre la demanda que planteó la UCR.
¿Cuándo se sabrá lo que piensa realmente la Corte? No hay una fecha prevista pero en el oficialismo tienen la certeza y en el radicalismo la sospecha, de que el Máximo Tribunal resolverá la habilitación de la feria de julio para que el tema no se enfríe.
Cada uno con sus argumentos. Del lado del Gobierno sostienen que el radicalismo nunca se preocupó por buscar el diálogo al que llamó la Suprema Corte y es por eso que mientras no se expida la Justicia entienden que con la modificación de la Ley de Contabilidad vigente pueden ganar tiempo y movilizarse en busca de los recursos que dicen necesitar. “Aquí lo que debe quedar claro es que la necesidad de endeudarse no es por capricho de este Gobierno sino que en gran parte todo obedece a las deudas de gestiones anteriores”. El disparo, hacia las gestiones radicales previas a las de Jaque y Pérez.
Por otra parte, reiteran en el cuarto piso de Casa de Gobierno: “Nunca quisimos que este tema se judicializara”. Opinan que para el abordaje de la demanda presentada por el radicalismo el Máximo Tribunal de Justicia adoptó “una distancia prudente”, es decir, sin dar señales de cómo puede ser un eventual fallo sobre el diferendo planteado.
Sobre el principal partido de la oposición, también dicen en el Gobierno que "no pueden decir que no hemos intentado hablar con todos". Dicen reconocer que más allá de la dureza adoptada por el cornejismo hay sectores "más racionales" en el radicalismo, entre intendentes y legisladores, con los cuales buscaron en su momento establecer algún diálogo.
Precisamente, atribuyen a Alfredo Cornejo, el jefe departamental de Godoy Cruz, la decisión del radicalismo de que sea la Suprema Corte la que tenga que expedirse sobre la viabilidad de endeudamiento a partir de la retocada Ley de Contabilidad.
En cambio, en la UCR tienen un punto de vista diferente del problema. Desde la conducción partidaria defienden la firme postura adoptada con respecto al Presupuesto. “Un sector del partido en su momento intentó dialogar y aportó una alternativa, pero no la quisieron. No respondieron y todo se enfrió”, manifiestan.
No se arrepienten los radicales de que a mitad de año aún no se haya tratado el Presupuesto provincial “porque en todo momento en el Gobierno negaron, con los números propuestos, la realidad económica del país”.
Coinciden en que la Suprema Corte provincial debería disponer de un tiempo determinado para decidir sobre el planteo de inconstitucionalidad efectuado a la ley que habilitó la llamada “reconducción presupuestaria”. Entre otros aspectos, dicha resolución judicial es esperada con interés por la forma con la que el justicialismo logró viabilizar el acceso al crédito, sin los dos tercios de votos que marca la Constitución de la Provincia.
Es un antecedente complicado si la Corte llega a determinar que el mecanismo fue válido, porque esas dos terceras partes más que una exigencia constituyen una sólida malla de contención para abusos en el ejercicio de la función pública o en la designación de funcionarios clave.
La Suprema Corte de Justicia tiene la palabra. Debe hacerla oír. Las consecuencias de ese pronunciamiento serán inevitablemente políticas. Por lo general, cuando un Máximo Tribunal debe expedirse en casos como el que se plantea, sus decisiones tienen connotaciones políticas. Es casi inevitable. Cómo quedará el clima partidario en la provincia después de un pronunciamiento de la Corte es por ahora difícil de imaginar.