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Venimos de varias semanas donde la crisis, las novedades nacionales e internacionales, sumadas a las sorpresas que aparecen en la investigación de los cuadernos de la corrupción, generan una gran confusión, mientras el gobierno no acierta en ponerse en el centro de la escena y dominar el juego y sigue corriendo detrás de los operadores.
Esta semana no fue la excepción. La continuidad de la crisis en Turquía generó complicaciones el lunes, aunque el martes cedió y bajó el riesgo país, pero en Argentina la situación se complicó por el “súper martes”, donde vencieron más de 500.000 millones de pesos en Lebac y el BCRA solo renovó 150.000 millones. Calculando que 200.000 quedaban en poder los bancos, la idea era atraer a los 150.000 millones que quedaban libres.
Pero todo se trastocó, porque el mercado comienza a desconfiar de las posibilidades del gobierno de conseguir los u$s 8.000 millones que le faltan para el año que viene. En realidad parece una sobre reacción del mercado, pero en un clima de tanta inestabilidad aparece la cobardía propia de los mercados, aunque sean de riesgo.
El Tesoro anunció que no vendería más dólares diarios y el BCRA haría subastas puntuales, y así vendió 200 millones el martes pero el miércoles, cuando ya estaban liberados los recursos de las Lebac no renovadas, el Tesoro solo pudo colocar 23.000 millones a una tasa del 42%. El resto salió a presionar al dólar. Así, el BCRA debió hacer 3 subastas en el día, perdió 800 millones y el dólar, igual subió.
Claramente se equivocó la estrategia del gobierno, dado que ya está demostrado que una corrida no se para con dólares. Lo que debieron hacer es dejar que subiera hasta el punto en que el mercado se diera cuenta que no era sostenible. Es peligroso cuando los funcionarios claves de Hacienda y del Banco Central se dejan llevar por la locura del mercado y no imponen una posición, demostrando quién manda. Es obvio que no mandan los funcionarios.
Los problemas subsistentes
Está claro que el frente fiscal es el mayor problema, seguido del stock de Lebac, que se mantiene como una espada de Damocles que cada vez se renueva en los súper martes, y que el gobierno no termina de desmontar.
El problema para los funcionarios es que se han comprometido a mantener un stock mínimo de reservas en el Banco Central, toda vez que no emite más pesos para financiar al Tesoro ni le compra dólares. Pero para mantener ese stock no puede intervenir en el mercado, para lo cual consiguieron un permiso de FMI para flexibilizar esa posición.
Pero esta flexibilización se utilizó para alimentar de dólares a la fuga de capitales y así no se le pone coto a los especuladores. El gobierno quiere cambiar las letras de corto plazo por otros instrumentos de largo plazo (un año), pero lo que hace es patear la pelota, comprometer altos intereses y enfrentar nuevos problemas a un año. Además, se somete a los castigos de los instrumentos en el mercado secundario.
Otro tema que sigue complicando es la inflación. Una parte viene influenciada por el dólar, aunque aún el impacto es menor. Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de año los precios subieron un 19,6% mientras que el dólar subió un 55%.
Si bien el indicador de Julio marcó un 3,1%, en línea con lo que se esperaba mientras que Agosto puede llegar a marcar cerca de 3%. En todo esto están influyendo, sobre todo, los ajustes de precios regulados y los de los combustibles (que ya son libres).
Las otras fuentes tradicionales de generación de inflación, como el gasto público y el déficit fiscal vienen siendo controladas. El gasto crece a la mitad del ritmo de la inflación y el déficit de este año puede ser menor al que se había comprometido el gobierno con el FMI. Por otra parte, el Banco Central ya no emite moneda para financiar al Tesoro, el cual utiliza el mercado, ya sea emitiendo Letes o vendiendo dólares.
Pero el tema fundamental es que el Gobierno necesita eliminar al máximo posible los subsidios que benefician las tarifas de servicios públicos y eso traerá consecuencias sobre los índices de precios. Por eso que, parece, habrían dejado de preocuparse por los precios ya que la prioridad es bajar el déficit a la mayor velocidad posible porque endeudarse para financiarlo es más caro.
La aceleración del ajuste
Frente a los movimientos que se dieron esta semana, el gobierno decidió acelerar medidas de ajuste y, por supuesto, aparecieron quejas de todos los sectores involucrados. Es que la resistencia al ajuste pega por todos lados.
En primer término, se decidió suspender hasta marzo de 2019 la diminución de las retenciones a las exportaciones de derivados de la soja, aunque no a las del grano solo. Por supuesto, las quejas vinieron del sector industrial.
Por otra parte, el gobierno decidió da por terminado con el Fondo Federal Solidario, que se constituía con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja y que destinaba a provincias y municipios de todo el país para hacer obras públicas. En realidad ya no quedaba casi nada de este año porque la caída de la producción disminuyó la fase exportable. Y para el 2019 iba en caída, por lo que no es demasiado la caída de ingresos para las provincias.
Hay otras dos decisiones que pueden ser polémicas. Una de ellas es la que disminuye en 2/3 los reintegros a las exportaciones. Estos reintegros se llaman así porque pretenden compensar impuestos internos, que se incorporan a los costos de los exportadores a los efectos de que estos no exporten impuestos. Falta conocer detalles pero distintos sectores como el vitivinícola y el olivícola han hecho sentir su desagrado por la medida.
Desde el gobierno explican que la disminución se justifica porque en el Pacto de Responsabilidad Fiscal los gobernadores se comprometieron a bajar las tasas de ingresos brutos (el que más pesa) y la eliminación de sellos (para 2022). Los empresarios aducen que la disminución es muy gradual e, incluso, algunas provincias aumentaron sus tasas de estos impuestos. No obstante, la devaluación del peso ha mejorado las condiciones para los exportadores.
La otra medida que se discute en medio de la negociación del nuevo Presupuesto para 2019, es disminuir al mínimo la participación de las provincias en el reparto de la recaudación del IVA para poder financiar al Anses. Acá el tema será muy complejo porque la Nación aspira a ahorrar unos 50.000 millones para financiar la deficitaria caja del sistema previsional.
Con este panorama hay que convivir en medio, además, de los coletazos del escándalo generado por la difusión de los cuadernos de la corrupción, que ha generado una catarata de empresarios arrepentidos contando cómo pagaban coimas a funcionarios a cambio de contratos de obras públicas o la concesión de servicios públicos.
Este punto vino a complicar más una situación de complejidad ya existente por efecto del estado de la economía, que no puede recuperarse en corto tiempo de las distorsiones generadas en los doce años anteriores. Además, es un ruido muy extraño porque la justicia parece haber comenzado a funcionar y eso es algo a lo que los argentinos no están habituados.