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La Suprema Corte de Justicia de la provincia dictó una fallo por el cual fija una medida cautelar que impide aplicar la ley que modificó la Ley de Contabilidad, que posibilitaba tomar créditos evitando el requisito de los 2/3 exigidos por la Constitución provincial.
Este fallo fue la lamentable conclusión de una puja incomprensible entre el oficialismo y la oposición radical. Esta historia comenzó con la falta de acuerdo por el Presupuesto 2014, donde el punto complejo era la autorización de endeudamiento solicitada por el gobierno de Francisco Pérez.
A tal punto llegó el problema, que el Gobierno no quiso avanzar en la media sanción que contenía la autorización de endeudamiento ni aceptó una propuesta alternativa surgida de un sector del radicalismo. No obstante, aprovechó las mayorías que tenía hasta abril para sancionar una ley modificatoria de la Ley de Contabilidad, que le da un vericueto para endeudarse con mayoría simple, burlando la norma constitucional.
Esta es la razón por la que los opositores plantearon ante la Suprema Corte el recurso de apelación con una medida precautoria de no innovar. Esta fue concedida hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, es decir, la inconstitucionalidad o no de la ley sancionada a fines de abril pasado.
Ante el fallo, el Gobierno ha desplegado una estrategia de terror. Llama a los proveedores y les dice que no les va a pagar. Llama a los contratistas de obra pública y les anuncia que se suspende todo. Les avisa a los empleados que no pagará los aumentos salariales. Hasta amenaza con aumentar el boleto de colectivo. Buscan una pueblada contra los miembros de la Suprema Corte para poder violar la Constitución. Un verdadero desatino institucional.
Posiciones endurecidas
La realidad es que ambos sectores han llegado a esta instancia con posiciones inflexibles. El Gobierno no aceptando que le recorten la posibilidad de endeudarse. La oposición, que hasta el año pasado convalidó el endeudamiento, ahora se pone “austera”, no quiere deuda, y le exige ajuste al Gobierno.
Y terminan complicando todo metiendo al Poder Judicial en algo que es una disputa política de manera innecesaria. La oposición no puede decirle al gobierno cuándo es el momento para tomar deudas. Si lo hace mal, le puede pedir juicio político, pero no puede complicar el funcionamiento del Estado. Si no estaban de acuerdo con la pauta de gasto, no deberían haberla aprobado como hicieron.
Evidentemente, el resultado electoral de 2013 envalentonó a algunos caciques radicales, que además juegan su propia interna, a ver quién es más malo y más macho. El Gobernador, que no se ha caracterizado por ser negociador, redobló la apuesta y haciendo gala de sus vericuetos de abogado, inventó una ley para violar la Constitución, para después ponerse en víctima. Ambos sectores han puesto a la Provincia en una situación inédita. No hay antecedentes en la historia política local de tamaña muestra de irresponsabilidad, tanto de oficialistas como de opositores.
Las amenazas del Gobierno
Ambos grupos en pugna ahora se hacen los desentendidos y se remiten a los fallos de la Corte, pero con una salvedad interesante. El fallo aún no ha sido notificado y nadie conoce en detalle la letra fina del mismo.
No obstante, es dable señalar que la Corte solo podría expedirse sobre el tema que le ha sido puesto en consideración y que la medida precautoria solo podría referirse a la deuda que se tome a partir de la ley cuestionada y no de las anteriores autorizaciones que contaban con los requisitos constitucionales.
No obstante, el Gobierno desplegó un operativo de terror lleno de amenazas con la esperanza de que miles de manifestantes se vuelquen contra los jueces.
1) No pueden continuar obras con préstamos del BID y Banco Mundial. Es mentira, los préstamos fueron acordados anteriormente y quedan fuera del amparo de la Corte.
2) No pueden continuar obras de Irrigación. Mentira. Esos préstamos tuvieron una autorización original y no requieren nueva autorización. Solo hay que pagar y presentar nuevos planes. Los actuales también quedan afuera.
3) Salarios. Es mentira que no se puedan pagar los aumentos concedidos. El Gobierno tiene más ingresos de los que previó en el Presupuesto, pero administra muy mal.
4) Aumento del boleto: fue la última amenaza, culpando a los jueces del posible aumento. Otra mentira. El boleto deberá subir porque ya no pueden aumentar más los subsidios y porque la Nación los congeló y no los aumenta. Con el último aumento de los combustibles, deberán hacer como hizo la Nación. Pero no es culpa de la Corte, lo deberían hacer igual.
Valga este breve repaso para darnos cuenta cómo ambos sectores, ya puestos como bandos en pugna, no trepidan en usar cualquier excusa, mientras el perjuicio es para toda la provincia.
Es imposible pensar que un presupuesto de 30.000 millones no se pueda ejecutar si no se autoriza un endeudamiento de 1.200 millones. Esto deja claro que hay muchas cosas muy mal dimensionadas para que lleguemos a esta situación absurda. Pero la oposición no puede desentenderse porque ha sido gobierno 8 años antes y ha venido siguiendo el derrotero de los últimos 6 años.
Paralizar la provincia por una miserable ventaja política o llevarla a niveles de deuda absurdos son situaciones imperdonables. Los mendocinos deberán hacer memoria de estos hechos para castigar a los oportunistas que quieren sacar provecho y a los que quieren tomarlos de rehenes.
En estos términos, ambos grupos no tiene excusas admisibles.