El Gobierno retomó la ofensiva judicial contra Cristóbal López, a quien señala como el autor de una maniobra que causó un perjuicio al Estado de miles de millones de pesos.
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El Gobierno retomó la ofensiva judicial contra Cristóbal López, a quien señala como el autor de una maniobra que causó un perjuicio al Estado de miles de millones de pesos.
Lo hizo a través de la AFIP que, como querellante, pidió en los tribunales de Comodoro Py que el empresario kirchnerista sea juzgado por el delito de "defraudación al Estado" y no por el de "apropiación indebida de tributo", como dispuso la Cámara Federal porteña hace diez días, cuando lo dejó en libertad.
Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, “apropiación indebida de tributo” abre la puerta a que se discuta qué fuero es competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría dar lugar en el futuro a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.
La AFIP cuestionó el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en beneficio de los empresarios López y Fabián de Sousa, mediante una apelación presentada ayer al mediodía por el abogado del organismo recaudador, Ricardo Gil Lavedra, quien pretende que la resolución sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.
La AFIP resaltó su “firme decisión de impulsar la acción penal contra todos los responsables” de la retención de 8.000 millones de pesos en impuestos a la transferencia de combustible, a través de la firma Oil Combustibles, que forma parte del grupo Indalo.
“Esta maniobra ha sido urdida desde los más altos niveles de conducción de la AFIP (que entonces estaba a cargo del dirigente kirchnerista Ricardo Echegaray) para beneficiar al grupo Indalo, dando apariencias de legalidad a las enormes sumas de dinero que no ingresaban al fisco”, sostuvo Gil Lavedra en el escrito de 45 páginas que presentó ante la Cámara de Casación.
Para los abogados de AFIP, la causa excede la “indebida retención de tributos”, justamente porque incluyó la participación de Echegaray, quien, como los dos empresarios, se encuentra procesado pero sin detención.
“Nos cabe la responsabilidad de asumir la representación de millones de contribuyentes indignados que consideran estéril su esfuerzo fiscal si hechos de esta naturaleza quedan, por la arbitrariedad de los jueces, sin sanción alguna”, sostuvo Gil Lavedra.
El ex diputado fue drástico en su apreciación del fallo al señalar que el cambio de carátula “importa la virtual extinción de la investigación, erigiéndose como una suerte de sobreseimiento encubierto”.
López y De Sousa estaban presos desde fines de diciembre pasado y fueron excarcelados hace 10 días por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.
Bajo la lupa
En este contexto, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá hoy para intentar determinar si fue lícita la intervención del juez Farah en el fallo que liberó a López y De Sousa.
Rechazan moratoria a Oil y queda cerca de la quiebra
La AFIP rechazó dar una quita o moratoria a la principal empresa de Cristóbal López, Oil Combustibles, en la deuda de más de $ 17.000 millones que reclama el organismo recaudador.
En la audiencia que hubo con el juez comercial Javier Cosentino, la AFIP reclamó al juez que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa paguen la deuda con su propia plata.
De este modo, el organismo oficial dejó a Oil Combustibles muy cerca de la quiebra, ya que hasta ahora los empresarios kirchneristas se negaron a pagar esa deuda con su propia plata. Además los interventores judiciales plantearon, la semana pasada, que es "inviable" el pago de la deuda acumulada por Oil Combustibles "si no se admitiera una quita muy relevante y, a la vez, una espera prolongada".
El subdirector general de Asuntos Jurídicos de la AFIP, Eliseo Devoto, rechazó el planteo de los interventores judiciales. Es que para la AFIP es errónea esa propuesta, ya que “constituiría incurrir en el mismo error que precisamente llevó al actual estado de Oil Combustibles, consistente en basar la continuidad de la empresa exclusivamente en un nuevo financiamiento o tratamiento especial” por parte del organismo recaudador.