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El ministro de Economía, Axel Kicillof, tiene un problema. Le resulta muy incómodo ejercer su cargo en un país federal, donde los Estados provinciales tienen muchas facultades no delegadas y sobre las cuales el Estado nacional no puede (o no debería) avanzar.
En las negociaciones sobre acuerdos de precios, se trabajó sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la ciudad de Buenos Aires, pero el interior quedó relegado. Cuando un supermercadista alertó sobre el precio de los tomates, rápidamente salió a autorizar importar sin preguntar nada acerca de las condiciones de oferta. Claro, no se produce en la pampa húmeda. Y cada reclamo de un gobernador lo pone nervioso.
Las negociaciones para atraer inversiones petroleras las hace YPF y se negocian con la Nación, sin intervención de las provincias productoras, que son las dueñas del recurso y tienen el poder concedente. Así de bochornosa fue la aprobación a libro cerrado del acuerdo con Chevron en la Legislatura neuquina, que ahora la Justicia ha ordenado hacer público el mismo.
En el ministro sería comprensible. Alguien nacido en la Capital Federal no suele contemplar, sobre todo cuando está en el poder, las implicancias del sistema federal y el poder que tienen los gobernadores, pero en otros funcionarios, provincianos, como la Presidenta o el jefe de gabinete, parece imperdonable.
Esta semana, cuando negociaba con las petroleras intentando congelar el precio de los combustibles, el ministro, junto al jefe de Gabinete, les planteó pesificar el precio interno del crudo, algo a lo que se opusieron, principalmente desde YPF. El argumento es que los contratos están en dólares y referidos al precio internacional. Además, las regalías se pagan a las provincias como un porcentaje sobre ese precio internacional.
Para salir del problema, los funcionarios propusieron a los productores vender el petróleo a $6,88, que era la paridad vigente al 21 de enero pasado, antes de la devaluación que lo llevó a 8. De esa manera aumentaban solo el 6%, aunque con el compromiso de un nuevo aumento en los próximos meses, aunque sin fecha cierta. La idea es dar varios pasos tendiendo a converger al tipo de cambio oficial actual.
Los productores aceptaron y las refinadoras aparentemente también. En el caso de Shell, que había aumentado un 12%, se comprometió a revisar en 5baja sus valores siempre que sus proveedores (no tiene yacimientos propios) le aseguren que bajarán sus pretensiones.
En todos los casos, nunca se habló con las provincias, que son las dueñas del recurso y con quienes las empresas tienen firmados los contratos de concesión.
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, hizo saber su descontento y amenazó con medidas contra la Nación. Por su parte, el ministro de Energía de esa provincia, Guillermo Coco, alertó que esta maniobra con los precios haría disminuir las inversiones en su provincia en unos 2.000 millones de dólares para este año.
El resto de los gobernadores de las provincias petroleras, incluido Francisco Pérez, no han dicho nada. No se sabe si es por consentimiento o por ignorancia del efecto que esta medida tiene en sus ingresos. Hay que recordar que en Mendoza se está rehaciendo el Presupuesto y se calculaba que con la nueva paridad cambiaria habría una mejora en los ingresos por regalías, algo que no se verificaría si persiste el capricho de Kicillof.
La herencia de Néstor Kirchner
En realidad, esta forma de gobernar la inició Néstor Kirchner, aunque con antecedentes tomados de la gestión de Domingo Cavallo que fue el primero en jugar a la zanahoria con los gobernadores y así disponer de recursos provinciales para financiar desquicios de la Nación. Al día de hoy persiste la retención de un porcentaje del 15% de la coparticipación primaria para financiar a la Anses. Quienes conocen bien las cuentas del organismo previsional aseguran que sin esos recursos, sería imposible financiar la caja de los jubilados por la cantidad de erogaciones que se le han asignado en los últimos tiempos.
Cuando asumió el poder, Néstor Kirchner venía de ser gobernador y sabía la situación por la que atravesaban las provincias. No obstante, usó la caja de la Nación para disciplinar a los mandatarios provinciales no devolviendo recursos y asignando partidas discrecionales, según los niveles de lealtad mostrados por cada gobernador.
Además, se incrementaron los ingresos no coparticipables de la Nación, como las retenciones, que le aportaron más recursos. Con el devenir del tiempo, las provincias han entrado en una situación financiera muy compleja, ya son ellas las que deben dar las prestaciones básicas de seguridad, educación, salud y justicia, áreas en las que se requiere un crecimiento de las plantas de personal acordes al crecimiento vegetativo de la población.
Pero mientras crecían los recursos nacionales no lo hacían igual los provinciales. Incluso, la Nación fija salarios para sus agentes que las provincias no podían pagar, pero servían para que los sectores sindicales presionaran en las negociaciones en cada jurisdicción.
Cristina siguió con el mismo sistema, aunque, ante las presiones de los gobernadores, se decidió distribuir una pequeña parte de las retenciones por exportaciones de soja. Para ellos se constituyó un fondo al que le pusieron el hipócrita nombre de Fondo Federal Solidario, cuyos recursos deben ser distribuidos entre los municipios y las provincias y deben dedicarse a obras básicas, como luz, agua, cloacas, gas o asfalto.
Por ahora nadie quiere modificar este modelo unitario. Los funcionarios nacionales porque les resulta más cómodo decidir sobre todo el país sin tener que negociar con ningún gobernador. Y estos, porque tienen miedo de perder algunas concesiones que les llegan por su sometimiento. Lo más grave no es que la Nación haya violado el federalismo, sino que las provincias hayan renunciado a él por la mediocridad de sus gobernantes.