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Dejando de lado las "salvajes" apariciones en Tribunales del israelí Gil Pereg, maullando como sus queridos gatos, una rápida revisión de los casos judiciales más destacados de la agenda 2019, permite ver que los delincuentes "más peligrosos" no fueron adolescentes de barrios calientes con exóticos apodos, ni piratas del asfalto, ni narcotraficantes, ni asesinos seriales.
La verdadera cara de delito, el año pasado, fue la de sacerdotes con sotanas, la de empresarios disparando desde su 4x4, la de hijos de empresarios, la de asesinos de policías o la de "simpáticos" médicos a los que algunos le confiaron a sus hijos. Todos ellos integrantes de una "fauna" que pasó por Tribunales durante el año que terminó, se sentó en el banquillo de los acusados y salió rumbo a la cárcel tras recibir duras condenas.
Las durísimas penas a los sacerdotes católicos Horacio Corbacho (59) y Nicola Corradi (83) son ya consideradas históricas por varios motivos: la condición de religiosos de los protagonistas; el organizado modus operandi utilizado para llevar adelante sus correrías sexuales, amparándose en una organización educativa-religiosa; la repercusión internacional que tuvo todo el proceso judicial; y la condena social que salpicó a la iglesia mendocina.
Esta vez el Vaticano no pudo proteger a sus dudosos integrantes y la Justicia local fue contundente: Corbacho fue condenado a 45 años de prisión por 13 casos de abuso sexual, cuyas víctimas fueron niños que vivieron y estudiaron en la sede del Instituto Próvolo en Luján.
Corradi fue condenado a 42 años de cárcel por cinco imputaciones: partícipe de abuso sexual agravado, corrupción de menores, abuso sexual agravado y tentativa de abuso sexual.
En tanto que para el jardinero Armando Gómez la pena fue de 18 años en prisión.
Así las cosas, los curas se ubicaron a la cabeza de los presos que, en Mendoza, han recibido las más altas sentencias de la historia.
La polémica investigación y la persistencia de la familia de la víctima para buscar justicia, fueron los elementos más destacado del asesinato del adolescente Emir Cuattoni (15).
El 26 de setiembre pasado el empresario Dionisio Nazar Elmelaj Elaskar (57) fue sentenciado a 32 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Cuattoni recibió un disparo el 17 de abril de 2016, alrededor a las 19.30, en avenida del Trabajo y Perito Moreno, de Godoy Cruz. La herida de bala lo dejó en grave estado y murió el 29 de mayo después de más de 40 días internado. Por el hecho fue detenido por largo tiempo el empresario metalúrgico Gustavo Seré (38), luego sobreseído.
Por suerte -para los investigadores- un testigo "espontáneo" se presentó ante la Unidad Fiscal de Homicidios y señaló a Elmelaj.
La previa tenía algo de película de Hollywood: un jurado popular diciendo culpable o inocente, por primera vez en la provincia. Las fantasías se disolvieron el 3 de mayo pasado, cuando 12 los mendocinos elegidos por sorteo tomaron la justicia en sus manos y condenaron al guía de montaña Sebastián Petean Pocoví (35) a la mayor pena que permite nuestro código: prisión perpetua.
El jurado deliberó durante tres horas para encontrarlo culpable de varios delitos: apuñalar a su ex mujer que estaba embarazada de mellizas; intentar matar a tres policías que formaron dos barricadas para detener su huida; y por atropellar y asesinar a los uniformados de Motorizada Jorge Carlos Cussi (32) y Daniel Horacio Ríos (40).
El 25 de mayo de 2018 Petean Pocoví, después una noche de drogas y alcohol, acuchilló a su pareja, se subió a su camioneta e inició un escaparate de 45 kilómetros que terminó en Luján luego de arrollar a los efectivos. La sentencia será analizada a por la Corte provincial.
Casi en silencio, para evitar la exposición pública, Jorge Omar Maddio (56) -médico anestesiólogo del hospital Notti y la clínica Francesa- eligió ser condenado en un juicio abreviado.
El 5 de diciembre pasado Maddio recibió una durísima pena: 22 años de prisión por los delitos de abuso sexual y producción de pornografía infantil.
Tras ser detenido, en el teléfono de este verdadero depredador sexual se encontraron algunos videos tomando a sus pequeños pacientes en las consultas preanestésicas y también cuando estaban anestesiados en el quirófano.
Según se puede ver en las grabaciones caseras, "se enfocaba en manipular los genitales durante varios segundos, incluso dándole la espalda a los padres, quienes estaban en una zona del consultorio desde donde no podían ver al profesional", dijeron los investigadores.
En dispositivos electrónicos del médico se hallaron 3.800.000 fotos y videos de pornografía infantil.
Los femicidios marcaron a fuego el 2016 y en setiembre de ese año, Mendoza vivió un pico de violencia machista: tres mujeres fueron brutalmente asesinadas: Janet Zapata (29), Ayelén Arroyo (29) y Julieta González (21).
Dos años y medio después, la justicia dictó la última condena de estos tres casos: 18 años para Andrés Di Césare (26), el joven hijo de un empresario del transporte que mantuvo una relación secreta con la víctima.
La chica había desaparecido el 21 de setiembre de 2016 y su cuerpo fue encontrado, con las manos atadas, en Cacheuta, cerca del penal de Almafuerte. Resto de ADN de la víctima fueron encontrados en las uñas de Di Césare y también en su auto. El fallo fue repudiado socialmente ya que para los jueces fue un homicidio simple y no un homicidio agravado por el vínculo o por mediar violencia de género, calificaciones que le hubieran dado perpetua.
Ningún de los funcionarios que fueron juzgados en 2019 fueron al penal. Las tres psicólogas de la ex Dinaf, protagonistas de una verdadera "crónica de una muerte anunciada" -el brutal asesinato de Luciana Rodríguez (3)- lograron zafar de la cárcel.
La niña de 3 años fue asesinada a golpes el 7 enero de 2014 y por el hecho recibieron perpetua su madre y su padrastro. El 20 de diciembre pasado, las psicólogas Fabiana Lucentini (50) y Gianina Consina(32) fueron condenadas a tres años de prisión en suspenso y a tres de inhabilitación para ejercer cargos públicos, algo que se cumplirá cuando la sentencia quede firme. La licenciada en minoridad Mónica Castro (60) y el operario Felipe Vizcarra (59), también recibieron penas menores. Se los acusaba de inacción ante las denuncias preexistentes de maltrato contra la niña por parte de su madre y de su padrastro.
Por otra parte, el 20 de noviembre pasado, el ex ministro de Salud de Mendoza Matías Roby fue absuelto por el delito de Fraude al Estado.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud lo había denunciado por faltar 171 veces a su trabajo durante 13 meses.
El fiscal Sebastián Capizzi no acusó durante su alegato sosteniendo que Roby fue autorizado por sus superiores a cumplir un régimen de prestación de servicios especial, que está previsto en el Convenio Colectivo de Profesionales de la Salud, como regímenes de excepción. Así la cosas, no fue condenado.
Otra de las causas fuertes que tuvo resolución en el 2019 fue la del crimen del médico Sebastián Prado (36), hecho que en el 2013 conmocionó a la sociedad.
En noviembre pasado un jurado popular condenó a perpetua a Jonathan Morales y absolvió a Ismael Merlo. Los dos llegaron al juicio acusados de matar a la víctima durante un asalto, mientras éste salía de su casa de la Cuarta Sección.