30 de septiembre de 2014 - 00:00

Jubilados, castigados por el Gobierno y por la inflación

Escribir sobre los jubilados y sus problemas no es fácil. Son 7.000.000 de personas en la Argentina, 380.000 en Mendoza.

La Constitución Nacional dispone que los jubilados tenemos derecho a remuneraciones dignas y móviles, principio ratificado por la Corte Suprema de Justicia en los casos Sánchez, Badaro I, Badaro II, Eliff, Betancourt y otros.

La Corte dispuso preservar la calidad de vida que tenía el jubilado cuando dejó de ser activo. Estimó entre el 70% y el 82% del salario de un trabajador el porcentaje a percibir.

Ante la falta de cumplimiento de las sentencias, la Corte ordenó al Anses cumplirlas. Estas benefician sólo a quien efectuó la demanda.

La Corte, mediante acordada especial, debería disponer un trato igualitario para todos evitando la existencia de cerca de 300.000 juicios similares. O el Congreso de la Nación por ley.

En octubre de 2010, el gobierno de la Argentina acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Anses no apelaría las sentencias promovidas por los jubilados.

Anses no cumple con este compromiso internacional. Sigue apelando  sentencias. Peor aún. Cuestiona a los magistrados que fallan a favor de los jubilados. Un disparate.

Las demandas duran entre 12 y 15 años (o más). Miles de personas fallecen antes de percibir el monto que les corresponde. Para no pagar, a esa barbarie le llaman “solución biológica”.

Estas muertes, que por su cantidad semejan un genocidio, parece que no preocupan a quienes detentan el poder. Los derechos humanos son para otros, no para adultos mayores.

La Presidente anunció que en enero elevará el salario básico a $ 4.700, casi el doble de quienes tienen una jubilación mínima.

El actual gobierno sancionó la Ley 26.425, creando el Sistema Integrado Previsional Argentino, y el Fondo de Sustentabilidad (formado con los dineros aportados por los trabajadores y que estaban depositados en las AFJP). La ley dispone que esos montos serán preservados para incrementar los recursos destinados a mejorar la situación de los jubilados.

El Poder Ejecutivo, vía Anses, ha desnaturalizado ambos sistemas, otorgando  millonarias cifras para fútbol y automóviles para todos; dando créditos y subsidios incluso a empresas extranjeras (General Motors); a concesionarias de servicios públicos, como las ferroviarias (recordar la masacre de Once); creando asistencialismo político que no ha logrado mejorar el  nivel de pobreza e indigencia, que según estimaciones no oficiales son similares a las existentes en 2001; comprando depreciados bonos del Estado; ayudando a paliar crisis a gobiernos de provincias; subsidiando la compra de viviendas, automóviles, regalando notebooks, etc.

Anses  no parece el ente encargado de recaudar fondos para el pago de jubilaciones sino para solucionar problemas de caja y hacer clientelismo político otorgando subsidios sin devolución, como si el dinero fuera de ellos.

Es bueno que exista ayuda social para quienes la necesitan. Pero los recursos deberían salir de otras partidas específicas del presupuesto. La presidente ha manifestado que los fondos de Anses se integran también con impuestos, como el IVA. No dice que la ley fue sancionada durante el gobierno de Menem-Cavallo para compensar la disminución del 50% de los aportes patronales, ni que los jubilados también tributan (IVA por ejemplo).

Recibimos dos aumentos anuales, en marzo y setiembre. Desde hace tres años, merced a la inflación, esos incrementos han disminuido el poder adquisitivo de los jubilados en más de 50%.

Actualmente, mientras la inflación oscila entre 35 y el 40%, los jubilados recibimos 11% en marzo y en setiembre el 17%. Total 28% en un año, 12% inferior que la inflación.

La mayoría de los jubilados recibe menos de 60% de la canasta básica que se estima en $ 7.600. Los combustibles aumentaron el 300%, agua 140%, gas más del 200%, y otros gravámenes nacionales, provinciales y municipales, 100%.

No es verdad que los jubilados están mejor que nunca. 70% percibe 200 dólares al mes, igual que cuando Norma Plá movilizaba reclamando.

Quienes aportaron durante 40 ó 50 años para tener una vejez digna cobran $ 3.400, la mitad de lo que recibe un preso. Castigan a quien trabajó  toda la vida y premian al delincuente.

Están llevando a la indigencia a miles de adultos mayores. A quienes cobran la mínima les dan bolsones de comida por valor de $ 150. ¿No sería mejor aumentarles las remuneraciones en vez de tener empleados que los distribuyen y jubilados que los reparten?


El Artículo 16º de la Constitución consagra la igualdad ante la ley. Varios  cobran 82%. Otros en dólares (ex funcionarios, legisladores, etc.)
¿Es posible pagar el 82% móvil? Sí. En Córdoba y Santa Fe, que no transfirieron sus cajas a la nación lo cobran.

Celebramos cuando el Congreso sancionó la ley disponiendo el 82% móvil para todos. La norma fue vetada por la presidente con argumentos no ajustados a la ley.

El sistema es aberrante. Aportamos durante 30 a 50 años. Para  determinar la remuneración sólo computan el promedio de los últimos 10 años; sin adicionales.

¿Dónde están los aportes voluntarios que hicimos a las AFJP y que no fueron destinados a mejorar nuestros haberes, o devolverlos? ¿Qué esperan los dirigentes gremiales y políticos para plantear la verdad sobre estos hechos que llevan a la muerte a miles de personas por año?

Este panorama se agudiza por la deficiente prestación asistencial del PAMI, nuestra supuesta obra social, ilegalmente intervenida desde hace 12 años. Incapaces funcionarios ganan entre 20 y 30 veces más que los dueños de la obra social.

Miles de adultos mayores ya no aspiran lograr una vejez saludable sino una muerte digna. Desde la antigüedad los mayores eran venerados por sus conocimientos y experiencia. Hoy son marginados, excluidos, abandonados. Parecen descartables.

Desde federaciones de jubilados, como Fejumen, hemos denunciado estas anomalías. No responden. Parecen los dueños de los fondos.

Recuerdo una grave discusión con un ex funcionario del PAMI, Máximo Zacarías, hoy procesado por su vinculación con el tráfico de efedrina utilizando ambulancias con membretes de la obra social. O la desaparición de miles de recetarios. No les alcanzan los excelentes ingresos, además cometen delitos.

La Presidente nos trató de buitres y caranchos por reclamar lo que nos corresponde. No ve a sus funcionarios procesados, que se han enriquecido vorazmente, desde el Vicepresidente para abajo.

Ellos son los verdaderos buitres que padecemos en la Argentina. Con un agravante: cuando juraron prometieron desempeñar los cargos con lealtad, por Dios y por la Patria.

Si tuvieran algo de vergüenza, porque pedirles honestidad es demasiado, deberían renunciar, y no aparecer nunca más. Sobre sus conciencias cargan muchos jubilados muertos. No tengo dudas que algún día se hará justicia. Lo  robado, no les servirá de nada.

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