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En nuestra cultura "fallo salomónico" es idéntico a fallo justo. El fallo del rey Salomón es aquel que ante la disputa entre dos mujeres por la maternidad de un bebé, sacó su espada y amenazó con partirlo por la mitad para dar a cada una su parte. La primera que gritó: "¡No! dáselo a ella pero no lo mates", fue a la que el rey dijo: "¡Este hijo es tuyo!
Las características que hicieron de este juicio un ideal de justicia que perduraría a través de los siglos es que fue rápido, con sentido común, sencillo (lo entiende todo el mundo) y dejó la profunda sensación de ser justo.
La absolución de los implicados en los sobornos del Senado fue totalmente lo contrario, lentísimo (a 13 años de ocurridos los hechos), el sentido común no aparece, resulta muy difícil de entender y, lo mas grave, dejó en una gran parte de los ciudadanos, entre los que me incluyo, una profunda sensación de injusticia. Este es un hecho sobre el que es difícil hablar e imposible callar.
Es probable, y no tengo elementos ciertos para afirmar lo contrario, que se hayan cumplido con rigor todas las normas formales que nuestro sistema prevé para garantizar un juicio justo a los sospechados de cometer un ilícito. Siendo así, la justicia posible está realizada, nos guste o no su resultado, diría un acrítico defensor del sistema vigente.
¡No, mil veces no! Ese pensamiento está fundado en el institucionalismo del siglo XVIII en cuyo nombre se han cometido y cometen muchas atrocidades, entre otras, este fallo.
La calidad de un sistema, en este caso el Judicial, no se puede evaluar sólo en función del cumplimiento de las formas y procedimientos que el mismo prevé para su funcionamiento sino por sus realizaciones.
Para tener una idea de justicia e intentar realizarla es imprescindible tener un fuerte sentimiento de injusticia. Por eso la justicia no es un absoluto, una cuestión solo de razón y de aplicación de normas formales sino de tener la sensibilidad apropiada y el olfato adecuado para la injusticia.
Los que dictaron este fallo absolutorio, afirmando no sólo que los inculpados eran inocentes sino que los sobornos no existieron, y que se debe investigar a los denunciantes, agrede severamente el profundo convencimiento, de que sobornos hay, de una inmensa cantidad de habitantes de este país.
Por eso decir hoy desde un Tribunal de la jerarquía institucional del que nos ocupa que no "ha habido sobornos" y que "se debe investigar a los denunciantes", es un agravio a la realidad que padecemos los argentinos, y carente totalmente de ese sentimiento de profunda injusticia que nuestros jueces debieran tener. La injusticia es la impunidad, ese profundo sentimiento está ignorado en el fallo.
En estos últimos 30 años de democracia, la sociedad argentina ha hecho un significativo esfuerzo, primero económico, para garantizar a sus jueces la tan reclamada intangibilidad de sus remuneraciones (que sus sueldos se ajusten por la inflación real y no paguen impuestos) lo que hace que hoy tengan salarios muy por encima de lo que perciben quienes hacen tareas similares (los jueces de ese tribunal difícilmente perciban menos de 60/70 mil pesos mensuales de bolsillo). El presupuesto que los estados (nacional y provincial) dedican al mantenimiento de la Justicia, en términos de por ciento del Producto Bruto se ha triplicado desde el '83 a la fecha.
Se han hecho importante esfuerzos institucionales, como la creación de los Consejos de la Magistratura, que mas allá del mejor o peor funcionamiento de cada uno ha implicado un significativo avance en la defensa de la independencia de los jueces del poder político, lo que está muy bien.
Se les han concedido excepcionales regímenes de jubilación y licencias que ningún otro sector tiene.
¡¿Y todo eso para esto?!
Hay algo en el sistema que está mal, este fallo es una clara evidencia de esto. No es sólo un problema de nombres de jueces, de conspiraciones para la impunidad, de intereses espurios.
Hay un problema de sistema, la lógica imperante en el mismo es obsoleta, porque prioriza el cumplimiento de normas formales so pretexto de garantizar al ciudadano el derecho de defensa, de inocencia, de libertad. Y se olvida de la sociedad en la que ese proceso tiene lugar, de sus profundos reclamos de justicia y de límite a la impunidad de los poderosos, del sentimiento de injusticia que vivimos como un sentimiento cotidiano.
Este sistema permite que un proceso de esta trascendencia dure 10 años, sin que de ello resulte nadie responsable y nos cueste tres veces más que hace 30 años. Permite que el proceso de la AMIA no termine nunca, o que se haya absuelto a los imputados en el caso de Margarita Verón, o que en las cárceles sólo haya pobres.
Fallos como éste atentan contra la esperada marejada de justicia que haga que historia y esperanza rimen, como nos lo dice Amartya Sen.
Se impone comenzar el camino del cambio.