Es posible que el lector que no ha tenido nunca que pedir en el Estado datos para algún trabajo (periodístico, académico, estudio de mercado y demás) no alcance a dimensionar la importancia que tiene una ley de acceso a la información pública.
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Es posible que el lector que no ha tenido nunca que pedir en el Estado datos para algún trabajo (periodístico, académico, estudio de mercado y demás) no alcance a dimensionar la importancia que tiene una ley de acceso a la información pública.
En el 2003 el ex presidente Néstor Kirchner emitió el decreto 1172 en el que, entre otras cosas, indicaba en los considerandos: "Que la Constitución Nacional garantiza…el derecho de acceso a la información".
También agregaba que "el derecho de Acceso a la Información Pública es un prerrequisito que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar los propósitos para una mejor comunidad".
Además se comprometió a enviar una ley pero nunca lo hizo. El periodista de La Nación, Gastón Roitber, indica en su artículo El regreso a las fuentes: cuando los datos cuentan historias relevantes, publicado en el libro Nuevos desafíos del periodismo, que "un informe de la Asociación por los Derechos Civiles y Article XIX,… se centra en el análisis de cómo el derecho de acceso a la información pública ha sufrido graves retrocesos en la Argentina entre 2008 y 2011, ya que el régimen de acceso actualmente vigente…ha demostrado ser insuficiente para proteger y promover este derecho fundamental. Entre otras razones, porque el órgano de aplicación administrativo ha probado ser incapaz de promover las políticas de transparencia necesarias para terminar con la cultura del secreto que persiste en muchas áreas del Estado argentino". Nuestra provincia no es la excepción.
En Mendoza es común que investigadores llamen a la prensa para preguntar qué sucede con tal o cual indicador que el Gobierno no actualiza. Por ejemplo el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que lleva la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) que depende del Ministerio de Agroindustria, a cargo de Marcelo Costa. En la página web de la DEIE solo figura el dato hasta el 2012. Los Andes solicitó la información a través de la oficina de prensa del ministerio y nunca hubo respuesta. ¿Costa habrá frenado la difusión del dato porque no le daban bien los números?
Muchos funcionarios prefieren esconder datos e informes, como también expedientes que pueden ser "comprometedores". ¿Cómo hace el periodista o el ciudadano común perjudicado por algún interés de otro particular para acceder a esos expedientes? No tiene manera.
Situaciones en las que se pide información y no se da se viven a diario, a nivel provincial y municipal.
Varias notas periodísticas están frenadas porque el dato no llega debido a que Gobierno no da la información, así entonces los periodistas seguimos con serias limitaciones para trabajar y los encargados de prensa saben perfectamente que no dando algún dato concreto la nota nunca saldrá publicada, practicando de esta forma una suerte de censura. Nobleza obliga, hay que decir que existen funcionarios que brindan datos y hasta hablan con los medios. Como también hay encargados de prensa que consiguen la información que se les solicita.
La importancia de la ley de acceso a la información derriba los caprichos de un ministro pasajero y de un ocasional encargado de prensa. No podemos estar dependiendo de los humores de los funcionarios para saber si podremos o no acceder a los datos, otro signo elocuente de que vivimos en una provincia que atrasa y tiene poco respeto por lo institucional.
Mientras tanto, un proyecto de ley para regular el acceso a la información del senador Fernando Simón (FPV), descansa en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hasta ahora, tampoco el Sindicato de Prensa ha realizado acciones para mejorar el trabajo de los periodistas debido a que no han planteado estas limitaciones en ningún lado, ni en la Legislatura, ni ante el Poder Ejecutivo.
¿Con esa ley alcanza?, no. También Mendoza debería avanzar en mejorar sus mecanismos de transparencia. Por ejemplo, algunos países regulan el lobby y cualquier ciudadano puede saber con quién se juntó el Ministro de Hacienda para arreglar alguna deuda impositiva, el de Agroindustria por algún subsidio y así.
En Chile, la semana pasada se divulgó por primera vez la lista de lobistas que se juntaron con distintos ministros, los temas que trataron y también los regalos que reciben de las empresas porque una ley sancionada hace poco los obliga a hacerlo.
Sin dudas, Chile se fortaleció tremendamente desde lo institucional y mejoró su democracia. Mientras tanto, aquí vivimos en una provincia administrada por funcionarios que no están a la altura de los acontecimientos ni de la época que les ha tocado.
Por Gastón Bustelo - [email protected]