Cuando se conoció el índice de precios de febrero, comenzó el tiempo de descuento para el gobierno, que deberá pensar en acelerar decisiones. El 3,4% de febrero sumó más del 7% y proyecta un valor anualizado superior al 40%.
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Cuando se conoció el índice de precios de febrero, comenzó el tiempo de descuento para el gobierno, que deberá pensar en acelerar decisiones. El 3,4% de febrero sumó más del 7% y proyecta un valor anualizado superior al 40%.
Por esta razón, desde el Banco Central tomaron la decisión de sacar circulante y quitar stock de dólares a los bancos para que no empujen el mercado paralelo del dólar. Pero estas medidas no son gratuitas, porque el BCRA se endeuda a tasas altas y en efecto cascada, porque como a su vez sigue emitiendo para financiar el déficit del Tesoro, es un cuento de nunca acabar.
Esto obliga a los funcionarios a operar con velocidad para proceder a bajar el gasto por la vía de la eliminación de subsidios, pero no podrán esperar hasta cuando querían. Necesitan operar rápidamente porque la sequía de liquidez ha generado una parálisis de la economía, entre la desaparición del crédito y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Por otra parte, la intención de usar a los salarios como ancla anti inflacionaria no dio resultado. La presión de los precios se ha sentido muy fuerte y la presión de los trabajadores sobre los sindicalistas para conseguir mayores aumentos obliga a bajar urgentemente las expectativas.
El delicado camino de los subsidios
El Gobierno arrancó el año aumentando los precios del transporte público pero sólo sobre los colectivos ya que no se animaron a subir los trenes suburbanos, después de las tragedias del año pasado. Piensan hacerlo una vez que entren en funcionamiento las nuevas unidades. Pero hay un dato que se debe tener en cuenta. El subsidio al transporte representa el 60% del total de los subsidios a los servicios públicos. El resto corresponde a la importación de energía y combustibles.
La idea de los funcionarios era que el retiro de subsidios se produjera una vez terminadas las paritarias, para que no impactara sobre las negociaciones salariales, pero el actual estancamiento de la economía los obliga a tomar decisiones para salir de la trampa, aunque deberán asumir costos, que, lógicamente, intentarán trasladar a los demás.
Los funcionarios de Economía y de Planificación han generado un plan que implicaría comenzar por eliminar los subsidios al gas. En este caso, deben tomar medidas en previsión a la temporada alta de consumo invernal. La eliminación de los subsidios al gas comenzaría en abril y se tomarían como pauta los niveles de consumo anual.
En el caso de la energía se comenzaría en junio con los usuarios de Edesur y Edenor, que registran los niveles de subsidios más elevados respecto del resto del país. En este caso, se tomarían como base los niveles de ingreso del grupo familiar, datos que serían aportados por la AFIP y la Anses y quedarían fuera los sectores de más bajos ingresos.
No hay cálculos precisos acerca del nivel de ahorro fiscal que se podría generar, pero lo más trascedente será el nivel de impacto que puede generar en medio de las discusiones salariales. Pero lo más difícil, y de alta trascendencia política, es que será la presidenta Cristina Fernández la que deberá dar la aprobación para aplicar el plan, y nadie sabe cuál será la reacción de la mandataria.
Lo cierto es que hay un entorno de la presidenta que mide los costos políticos y le aconseja tratar de estirar las decisiones para que el próximo gobierno se haga cargo.
Mientras tanto, cualquier problema, ya hay una lista de enemigos preparada para achacarles responsabilidades o dudosas conspiraciones.
Los problemas provinciales
En medio de este escenario, los gobernadores deben lidiar con una realidad más compleja. Son los responsables de las prestaciones básicas de educación, salud, seguridad y justicia y atender los problemas de las economías regionales derivados de las políticas nacionales.
Esto se ve claro en el caso de Mendoza. El gobernador Pérez quisiera llevar adelante una serie de planes pero la escasez de recursos y la abundancia de reclamos le generan una situación muy compleja. Las negociaciones salariales con los gremios estatales son una clara demostración.
Pero el problema más grande del gobernador no es el problema actual sino lo que se proyecta para el resto del año. La única noticia buena que podría recibir el gobernador (y vale el potencial) sería el pago anual del impuesto a las ganancias, que le genera el mayor flujo mensual de ingresos. Pero junto a ello, deberá lidiar con las consecuencias del estancamiento de la economía en general, y las particularidades que presente el sector productivo local este año.
Esto hace prever que, a pesar de la inflación, la economía no crecerá casi nada y es probable que, ante el elevado costo del crédito, muchos contribuyentes se financien postergando pagos de impuestos. Es altamente probable que la recaudación no crezca al ritmo esperable. Porque, aunque haya aumentos salariales, el consumidor está más precavido y, además, deberá afrontar subas en rubros de servicios públicos, que no figuran entre los precios cuidados.
Lo real es que a pesar de números que parezcan altos, la mayor incertidumbre del Gobierno está en la inflación, que no depende del gobernador Pérez. Esta vez la inflación no será un aliado sino un enemigo que afectará la marcha de la economía.
Lo único que podría ayudar sería una corrección del tipo de cambio, en medio de un programa anti inflacionario, que mejore la competitividad de sectores exportadores y traiga nuevamente turismo extranjero, pero eso sería como sacarse la lotería.
El Gobierno provincial deberá enfrentar una situación muy compleja, en un escenario que no generó y con un futuro que depende parcialmente de él. Y decimos parcialmente porque dependerá con la inteligencia y la eficiencia que maneje los escasos recursos, como podrá optar entre tener un año difícil o una tortura.