La economía es una ciencia social que, como tal, debe orientarse a la producción de conocimiento que permita contribuir a la formulación de políticas que tiendan a la satisfacción de las necesidades de las mayorías buscando incrementar nuestra calidad de vida.
Bajo ese marco aparece el estudio de la inflación, un fenómeno complejo que requiere atención, pero que forma parte de un cúmulo de objetivos que persigue la política económica: crecimiento, desarrollo, lucha contra la pobreza, creación de empleo, etc., razón por la cual los análisis y las acciones deben realizarse desde miradas integrales, no aisladas y teñidas de falsa objetividad.
Ahora bien: ¿qué es la inflación? Se trata de un aumento generalizado y sostenido del nivel de precios que se calcula a partir de los incrementos porcentuales del costo de vida, es decir cuánto varía la suma de dinero que paga un consumidor por un conjunto representativo de los bienes y servicios que adquiere.
Los procesos inflacionarios no son neutrales y afectan tanto la producción como a aquellos sectores que destinan gran parte de sus ingresos al consumo (asalariados, jubilados y pensionados).
Es común escuchar, en determinados medios de comunicación, a periodistas, economistas y actores políticos, argumentar que la inflación es quizá el mayor de los males que tenemos en el presente y que, como tal, debemos procurar enfrentarlo cuanto antes.
¡Parecen omitir que en 1989 la inflación fue del 3.000%! O que en otros momentos de nuestra historia tuvimos deflación -aún más indeseable que la inflación- como en 2001 con caída en los precios, en salarios y jubilaciones (recortados por la Alianza), menor consumo, menor oferta de bienes y servicios y en consecuencia culminamos en 2002 con la peor crisis económica, política y social que hayamos vivido.
Algunas explicaciones
Una de las más mencionadas es la ortodoxa, según la cual la inflación depende de la emisión monetaria que realiza el Banco Central por sobre la tasa de crecimiento de la economía. Se argumenta que si se coloca más dinero en manos del público, éste aumentará sus compras presionando sobre el mercado y los bienes -de no existir un incremento de la producción- serán escasos y más costosos.
Según esta visión, se debe terminar con el déficit fiscal, reduciendo el gasto público y aumentando los impuestos al consumo; no emitir moneda y congelar los salarios (2001).
Otra posible explicación alude a la denominada "puja distributiva", heredera del crecimiento económico de los últimos años, ya que en plena recesión hubiera sido imposible imaginarla.
Básicamente se trata de una disputa entre trabajadores y empresarios por obtener una mayor porción del excedente social, traduciéndose generalmente en sucesivos aumentos de precios y salarios.
También debemos mencionar lo que se conoce como inflación importada, que aparece después de una devaluación (o de un aumento excepcional de los precios de los productos exportables) y provoca un incremento en los ingresos de los exportadores que trasladan los mayores precios al mercado interno.
En tanto, la denominada inflación oligopólica supone la concentración de la producción en determinadas ramas (ejemplo sector industrial) generando un abuso de posición dominante y la fijación de precios por encima de los promedios sectoriales. Tal es el caso de las Ramas Altamente Concentradas (explican más del 50% de la producción) que incrementaron sus precios entre 2001-2010 un 7,6% por encima del promedio. Adicionalmente, las mismas no han mostrado grandes esfuerzos inversores.
¿Qué hacer?
Ante la creencia difundida de que el Gobierno nacional no se ocupa de la inflación, creemos conveniente contraponer una breve referencia a las medidas adoptadas en los últimos años, entre las que se destacan: retenciones a las exportaciones y negociación de precios con firmas líderes, remarcando la relevancia que presenta el carácter importado y oligopólico de la suba de precios, lo que ha sido recientemente afirmado por el flamante jefe de Gabinete.
Asimismo, se destacan también las políticas de recomposición salarial de trabajadores, la constante celebración de convenios colectivos de trabajo -institución que en los '90 no fue utilizada-, la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, que permite que los incrementos anuales sean muy superiores incluso a las pautas más altas y menos serias de inflación que brindan las consultoras privadas, y la AUH que permitió incrementar los ingresos principalmente de aquellos argentinos que se encontraban trabajando en la economía informal o desempleados.
El desafío futuro es el de profundizar el crecimiento económico avanzando hacia el desarrollo, para lo cual será importante mantener la competitividad del tipo de cambio y generar las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas accedan a créditos que les permitan producir y de este modo se puedan desmontar los factores oligopólicos.
Asimismo, será necesario apoyar a aquellos sectores capaces de producir bienes con alto valor agregado, incentivando la innovación tecnológica.
De este modo podremos contar con una mejor calidad de vida para todos los argentinos.
