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Con pancartas y al grito de “libertad”, los independentistas catalanes cortaron ayer autopistas, carreteras, calles y vías de ferrocarril en protesta por el encarcelamiento de sus líderes, en una jornada de huelga general con menos seguimiento del esperado.
Cientos de camiones y coches quedaron atrapados cerca de la frontera francesa, que fue cerrada por los manifestantes en un par de pasos menores; hubo decenas de cortes en carreteras y los trenes de alta velocidad se vieron seriamente afectados por la ocupación de las vías en las estaciones de Barcelona y de Girona.
En cambio, y a diferencia del paro general del 3 de octubre, convocado en protesta por las cargas policiales del referéndum de independencia dos días antes, la mayoría de mercados, tiendas y restaurantes de Barcelona abrieron sus puertas y las fábricas de la región funcionaban con normalidad.
“El seguimiento de la huelga ha sido mínimo y residual en la práctica totalidad de los sectores, salvo en el de la enseñanza”, aseguró desde Barcelona Juan Antonio Puigserver, secretario del ministerio del Interior.
Convocada por las asociaciones y un sindicato independentistas, la huelga buscaba paralizar esta región con una quinta parte de la riqueza española en protesta por el encarcelamiento de varios dirigentes y la intervención de la autonomía catalana desde Madrid.
Los huelguistas concentraron su acción en perturbar el transporte, cortando las autovías que unen la región con Francia y Madrid y los principales accesos a Barcelona, informó el servicio de tráfico regional.
“Estamos muy indignados, muy enfadados en contra de lo que está haciendo el gobierno español”, decía irritada Elisabet Nistal, una ortodontista de 33 años, en una manifestación en Barcelona.
Otras personas, en cambio, se mostraron enojadas con los manifestantes y hubo momentos de tensión con los piquetes.
“Es una vergüenza. Están haciéndole daño a la gente que viene y se va de trabajar (...) Nos llaman fascistas, y nos hacen daño con estas cosas”, dijo Pepi, una mujer de 50 años que discutía en la estación de Sants de Barcelona.
La Sagrada Familia se mantuvo cerrada
Un portavoz de la Cruz Roja informó que habían repartido “bocadillos, zumos, aguas y galletas” a los cientos de conductores atrapados en colas de seis kilómetros cerca de Francia en la autopista que discurre desde el país vecino hasta Andalucía cerca de la costa mediterránea.
Otro grupo de manifestantes forzó el cierre de la principal atracción turística de la ciudad, la basílica de la Sagrada Familia, en cuyas puertas colgaron una enorme pancarta con el mensaje “La represión no es una solución” en inglés.
La huelga, convocada por la intersindical independentista CSC, no contaba con el apoyo de los principales sindicatos del país.
Las mayores incidencias se notaron en el sector educativo público, cuyo principal sindicato respaldó la protesta. Así, en una plaza del barrio barcelonés de Gracia, la jubilada Conchita Cosialls entretenía a su nieta de 7 años Adriana, que no había ido a la escuela por la huelga.
“El ambiente es muy tranquilo”, explicó Cosialls, que dijo que sus nietos en escuelas privadas sí habían tenido clase.
La Justicia española se defiende
La justicia española, que emitió una orden de detención contra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y puso a buena parte de su gobierno en prisión provisional, se ha visto sumida en un debate sobre su independencia del poder político.
Sin embargo, aquellos jueces que han criticado aspectos de la respuesta judicial al pulso independentista catalán rechazan las denuncias de que el sistema carece de independencia.
“La clase política se dedica a jugar con la justicia en función de sus intereses: 'Si me gusta la resolución, digo que son independientes. Si no, hay politización'”, lamenta Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, integrada por cerca de 2.000 jueces, fiscales, notarios y abogados.
Los defensores de la secesión denuncian “represión” y la existencia de “presos políticos”, desde que fueron enviados a prisión provisional los líderes de dos influyentes organizaciones independentistas, imputados de sedición.
La semana pasada, la misma jueza, Carmen Lamela, encarceló provisionalmente a ocho de los ministros catalanes cesados y envió a Bélgica una orden de captura contra Puigdemont y otros cuatro consejeros.
La magistrada justificó la prisión provisional alegando riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, pero su decisión enfureció a los independentistas.
“La justicia española ha sido puesta al servicio de la agenda política del gobierno”, aseveró Puigdemont en el diario británico The Guardian. No obstante, una gran parte de jueces y expertos lo niegan.
Más allá de la crisis catalana, la justicia en España sufre desde hace tiempo de una mala imagen.
En los indicadores de justicia de la Unión Europea de 2017, España se ubicó en el antepenúltimo puesto de los 28 Estados miembro en cuanto a percepción pública de la independencia de la justicia, solo por delante de Bulgaria y Eslovaquia.