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Los productores dialogaban en una de las mesas de la Peatonal y sus caras eran de preocupación. Lapicera en mano, intentaban demostrar que llegarán con dificultades extremas a la próxima cosecha y que habrá muchos que tendrán serios problemas para poder pagar la recolección de las uvas.
"No se extrañe si hay gente que deba dejar la uva en las cepas… ", llegó a afirmar uno de ellos. Para reforzar su afirmación, destacaron que estamos a días de fin de año y no surgen novedades en lo relativo a la posibilidad de sacar excedentes a través de la exportación o bien anticipar cuál será el porcentaje a mosto que se determinará, porque "el objetivo debe ser no producir más vino que el que se necesita y no caer en el error de este año", destacaron.
En relación con el costo de la cosecha, los productores sacaban sus cuentas tomando como base una producción de 200 quintales por hectárea. "Esa cifra significa 25 pesos por quintal sólo para la cosecha (a razón de 5 pesos el tacho), a lo que deben agregarse 9 pesos por quintal de corresponsabilidad gremial y lo que cuesta el flete, lo que determina aproximadamente 50 pesos por quintal. En los 200 quintales significarían 10 mil pesos", destacaron, aclarando que "las cifras que estamos tomando son de mínima".
Expresaron entonces que se encuentran con un panorama también difícil respecto del destino de sus uvas. "Tal como está la cosa, no va a haber mercado de uvas", indican, agregando que "nos vamos a ver obligados a hacer mosto o a elaborar. Y mientras la cosecha la tendremos que pagar al contado, el vino se cobra, con mucha suerte, a 60, 90 o 120 días a partir la liberación, por lo que, si tomamos en cuenta la inflación, no nos va a alcanzar para realizar las futuras tareas culturales", destacaron.
Dirigentes de los sectores consultados dividieron sus opiniones. Consideran que aquel productor que no pudo realizar tareas de mantenimiento este año en sus viñedos es factible que deba dejar las uvas en las cepas. De todos modos aclararon que "nadie quiere dejar el trabajo de un año, por lo que hará hasta lo imposible para cosechar".
Se indicó que ya se están advirtiendo algunos reclamos de parte de los productores, especialmente en San Juan, donde estarían ofreciendo 1 peso el kilo de uva, tomando como base el valor del mosto de 1,50 el litro. Expresaron las fuentes que "no entendemos cómo, en una provincia como Mendoza, con un presupuesto de 40 mil millones de pesos, no hay 200 ó 300 millones para solucionar el problema de la vitivinicultura". Indicaron entonces que el problema no se plantea entre los vinos tintos, sino que aparecen, con claridad, en los blancos escurridos.
Plantean entonces que el Gobierno debe, en forma urgente, dar señales sobre qué es lo que se va a hacer para la próxima cosecha respecto de la derivación de uvas a mosto o la posibilidad de sacar de excedentes. "Si esperamos a fines de enero, que es cuando el INV dirá cuánta puede ser la producción, va a ser demasiado tarde, porque los productores no tendrán tiempo para tomar nuevas decisiones", aseguraron.
A nivel nacional
Respecto de lo que sucede a nivel nacional, se indicó que "hay aparentes avances, pero no hay hechos concretos. Hemos planteado los problemas a los más altos niveles posibles, como la jefatura de Gabinete, el ministro de Economía y los gobiernos provinciales, y la respuesta debe ser clara. Debe armarse alguna especie de fondo que permita sacar los 100 millones de litros de vino blanco.
No es la solución ideal, porque lo ideal sería sacar más vino, pero al menos sería un alivio", se indicó. Expresaron entonces que "nadie tiene en cuenta la cantidad de empleos que están en juego y que después resultará muy difícil de recuperar".
Dentro de ese esquema, días pasados la Corporación Vitivinícola advirtió sobre los problemas que pueden llegar a plantearse si da aprobación definitiva al proyecto impulsado por el ministro del Interior y Transportes, Florencio Randazzo, que establece la tolerancia cero en consumo de alcohol para quienes conducen automóviles.
Advirtió la entidad que el hecho puede significar un golpe muy duro para la industria, en razón de que por cada punto que cae el consumo se pierden 3 mil hectáreas de viñedos. Cabría hacer mención, en el caso de Randazzo, que antes de presionar por la sanción de un proyecto de ese tipo debería mejorar los controles de tránsito en las rutas nacionales, los que ahora demuestran escasa efectividad.
Según se señala en fuentes allegadas al Congreso, Randazzo tendría el visto bueno de su bloque en la Cámara de Diputados, pero podrían registrarse algunas discusiones, dentro del propio oficialismo, en Senadores.
Lo que sucede, en los hechos, es que nadie sabe cómo funcionan los alineamientos dentro del propio oficialismo. Si como muestra solo basta un botón, habría que recordar lo que sucedió en la Cámara baja con el proyecto de ley que colocaba al champán como un vino "gasificado" -pero vino al fin- lo que lo eximía, de hecho, del pago del impuesto a las bebidas suntuosas.
El propio presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, anunció durante el reciente congreso de la OIV, realizado en Mendoza, que el proyecto sería finalmente aprobado. Pero resulta que intervino la presidenta del bloque del Frente para la Victoria y envió el proyecto a dormir en comisiones, aduciendo que, por tratarse de una modificación en los impuestos, el proyecto debía tener a Diputados como cámara de inicio, un planteo en el que coincidió -para sorpresa de muchos vitivinícolas- el diputado nacional por Mendoza Roberto Pradines.
Cabría preguntarse por qué se cayó el anuncio de Domínguez: el ministro faltó a su palabra; ¿no puede manejar el propio bloque oficialista o se jugó una interna que terminó afectando a la industria?, es la gran pregunta que debería tener una respuesta.
La Presidenta de la Nación anunció que extenderá la prórroga de la exención de impuestos a través de un decreto especial, como ha venido ocurriendo en los últimos años, pero la industria necesita de certidumbre a lo largo del tiempo y no puede estar a expensas de la buena voluntad, que hasta ahora se ha logrado, del gobernante de turno.
