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Dos tías segundas y una prima segunda del rey de España junto a otros 15 empresarios y varios aristócratas fueron imputadas por presunto blanqueo de dinero en el marco de una vasta investigación judicial sobre una supuesta red de mafia china, informaron ayer fuentes judiciales.
"A partir de hoy (por el lunes) comienzan a declarar 13 personas imputadas por cooperar en el blanqueo de capitales y delito contra la hacienda publica" ante un juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, afirmó la fuente.
Las tres parientes del rey Juan Carlos figuran entre ellas, según una fuente de la fiscalía. Se trata de las hermanas María Margarita y María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomiska, primas de la difunta madre del monarca español, y de María Ilia García de Sáez, hija de María Inmaculada.
Motivos de salud
Esta última debía comparecer ante el juez mañana, precisó la fuente de la fiscalía, mientras que las declaraciones de las dos ancianas, de más de 70 años, fueron suspendidas por motivos médicos.
Las tres son sospechosas de haber recibido dinero en efectivo procedente de una presunta red de la mafia china.
Gao Ping, un hombre de negocios chino propietario de galerías de arte, es sospechoso de haber dirigido esta trama que blanqueó cientos de millones de euros en España.
Había sido detenido, junto a unas 80 personas, en octubre en el marco de una operación bautizada "Emperador", que movilizó a más de 500 policías en toda España y permitió confiscar dos millones de euros en efectivos, 200 vehículos, armas de fuego, joyas y obras de arte.
Gao Ping fue puesto en libertad el 29 de noviembre, junto a otras 11 personas, debido a un error de procedimiento, antes de ser enviado a prisión en abril por decisión de un juez.
Debilitado por diversos problemas de salud, el rey Juan Carlos, de 75 años, vio su imagen pública dañada por varios escándalos, entre ellos una imputación por presunta corrupción contra su yerno, Iñaki Urdangarin, en un caso que salpica a la hija menor del monarca, la infanta Cristina.
Cuentas en Suiza
El juez, que mantenía bajo secreto esta línea de investigación, ha citado a dos de los empresarios, el constructor Antonio Banús Ferré y Enrique Ortega Cedrón, quienes han reconocido que tenían cuentas en Suiza y que llamaban por teléfono para que les entregaran dinero en metálico de estas cuentas, pero que no preguntaban de dónde venía.
Pese a que la Fiscalía pedía prisión bajo fianza de 50.000 y 80.00 euros, respectivamente, el juez les ha dejado en libertad con comparecencias mensuales en el juzgado.
El magistrado ha citado mañana a José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós y al día siguiente deberán comparecer el apoderado del grupo inmobiliario Salermar 98 José Antonio Fernando Gil González y el ex consejero delegado de Banesto Enrique Lasarte Pérez.
El viernes será el turno de José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, y el lunes 17 han sido llamados a declarar María Mercedes y María Inmaculada Goméz Arbex e Ignacio Bernar Elorza.
Estas personas están relacionadas con la llamada "trama hebrea" de la red de Gao Ping, una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios, así como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero.
La red hebrea
La red hebrea captaba a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama "receptores", con mucho dinero en paraísos fiscales, y que o bien querían tenerlo en efectivo sin pagar impuestos o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.
La red hebrea les entregaba el dinero en efectivo a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Gao Ping, que les daba el dinero porque necesitaba traspasar a China grandes cantidades sin pagar impuestos.
Ellos recibían ese dinero en metálico y transferían esa cantidad, más una fuerte comisión, a otras cuentas bancarias en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong que la trama hebrea les comunicaba.
Según un informe policial del caso, los miembros de esta red supieron "aprovechar en su interés la particular idiosincrasia de una comunidad (la hebrea) que tradicionalmente ha gozado de unos recursos y conocimientos sobre el universo financiero, así como del comercio de materiales preciosos".
En esta trama figuran joyeros y "diamanteros" miembros de una red que, según la Policía, gozaba de una "estructural discreción" que raya "el hermetismo en ciertos aspectos", lo que les permitió extender su capacidad de influencia y su "dominio del mercado clandestino".
La Fiscalía Anticorrupción española pidió el pasado mes de febrero la citación de estos empresarios, a los que se investiga dentro de una pieza separada del caso Emperador.
