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Una vez en diez días. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tan adepta a la cadena nacional y a saturar de mensajes la opinión pública, sólo dio la cara una sola vez desde que se produjeron los primeros saqueos en la provincia de Córdoba, el martes 3 del corriente, y se expandieran al resto de las provincias junto a las huelgas extorsivas de las fuerzas policiales que tomaron de ejemplo la de los uniformados cordobeses.
La jefa del Estado habló a los argentinos el pasado martes 10, en la ceremonia en la que se conmemoraron los 30 años del regreso de la democracia, y brindó un discurso que dejó a la gran mayoría de los ciudadanos con gusto a poco porque no aportó soluciones para la crisis económico-social que sirvió de caldo de cultivo de los episodios de violencia colectiva.
Pasó por alto los diez argentinos muertos en enfrentamientos entre civiles -saqueadores y vecinos que se defendieron tomando las armas- y entre uniformados y civiles, y tuvo el mal tino no sólo de no suspender el evento musical que se realizó en Plaza de Mayo, sino de bailar allí junto a un grupo de acólitos y celebrities.
El martes, la Presidenta se limitó a condenar tanto a los policías rebeldes como a quienes aprovecharon la huelga de los uniformados para saquear comercios y viviendas (un día antes, sus ministros habían anticipado que se denunciaría penalmente a todos ellos). Fue sin dudas curioso que la mandataria no utilizara la cadena nacional cuando muchas veces antes denunció por esta vía intentos desestabilizantes nunca concretados. Cuando finalmente se produjeron hechos de características preocupantes y peligrosas, la Presidenta prefirió bajar su perfil y proteger su imagen.
Quizás el elemento más trascendente de su discurso, ya que podría inscribirse en lo que debería ser una hoja de ruta gubernamental, fue el pedido de democratizar todas las fuerzas policiales, algo que muchas provincias no han podido hacer -no es el caso de Mendoza- en 30 años de gobiernos constitucionales y que el kirchnerismo, que gobernó un tercio de este periodo democrático, tampoco impulsó desde la Nación, pese a haber concentrado poder político y económico como ningún otro gobierno que lo haya precedido.
Recién ahora, que las fuerzas policiales de la mayoría de las provincias violentaron la Constitución para reclamar por mejores haberes e incurrieron, en algunos casos puntuales, en el delito de sedición, la urgencia de democratizar las estructuras policiales se instaló en la Casa Rosada; diez años después de que el kirchnerismo llegara al poder nacional y pasara a gobernar, como gran movimiento político que es, el 80 por ciento de las provincias.
En cambio, el Gobierno central descuidó en esta década la relación de la policía con la comunidad (aunque se mantuvo casi siempre firme en la decisión de no reprimir protestas sociales), un vínculo que después de estos episodios de levantamiento y saqueos ha quedado herido gravemente.
Si el peligroso mensaje de la anomia quedó flotando en el aire es por esta dolorosa ruptura de valores de convivencia democrática.
La perentoria reforma de las policías provinciales, que demandará años y altos presupuestos para poner a las fuerzas a la altura del combate de un delito cada vez más organizado, debería empezar con una purga. No de todos los uniformados que se manifestaron por reclamos salariales -que son justos- pero sí de quienes alentaron las protestas por fuera de la ley y permitieron además las "zonas liberadas" para que delincuentes saquearan las principales ciudades del país, como denunció la Presidenta el martes.
Esta purga debería ir en paralelo del accionar de la Justicia, para que haya penas que sirvan de ejemplo tanto a civiles como a policías. Sin este paso, si al final queda la impunidad, la reforma democrática de la institución policial nacerá sin vida.
Los gobernadores kirchneristas, que esperaban que esta nueva etapa del gobierno de Cristina Kirchner -signada por la entronización de un jefe de Gabinete "fuerte" como debía ser Jorge Capitanich- le sirviese al peronismo oficialista para volver a sintonizar con una sociedad que en las urnas se mostró crítica, vieron perder esta oportunidad en cuestión de días.
Capitanich salió mal parado por partida doble. En su experimento nacional, porque perdió la pulseada con el círculo áurico del poder K que encarna el todopoderoso secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, quien impuso la decisión de no socorrer a Córdoba en aquellas aciagas horas de la madrugada del 3 al 4 de diciembre. Así, su plan de erigirse en el articulador de soluciones y respuestas con las provincias quedó rápidamente convertido en escombros. Pero también salió castigado en su propio territorio, la provincia de Chaco. Allí hubo tres muertos y serios disturbios, con una agravante: los policías eligieron iniciar su protesta el día en que Capitanich visitó la provincia que condujo hasta hace sólo 20 días.
Este diciembre oscuro desnudó que los dos principales problemas que tiene la sociedad, la inseguridad y la inflación, que el kirchnerismo se empecinó en negar desde que llegó al poder, son un maridaje explosivo.
Hasta acá, el Gobierno central optó por no enfrentar lo que gusta llamar "reacomodamiento de precios" como producto de una tensión "lógica" entre oferta (poca) y demanda (alta) de bienes y servicios.
Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof, no han cambiado esta visión del problema y sólo prometen una mayor intervención del Estado en las cadenas de valor para que no haya sectores que se "avivan" y se quedan con una rentabilidad excesiva. Un trabajo que, de hacerse, llevará años de coordinación y seguimiento exhaustivo. Es decir que no tendrá resultados inmediatos.
Respecto a la inseguridad, el Gobierno ha preferido dejar todo en mano del teniente coronel Sergio Berni, secretario de Seguridad, quien gusta mostrarse como un gran sheriff y maneja discrecionalmente el traslado de los gendarmes de las fronteras -hoy desguarnecidas- al conurbano bonaerense para saturar calles, poniendo así a los hombres de uniforme verde oliva a hacer tareas para las que no fueron capacitados.
Berni es una suerte de Guillermo Moreno (el saliente secretario de Comercio) de la seguridad, ya que emparcha los graves problemas que se van presentando pero no tiene un plan integral.
Cuando los policías provinciales pusieron en jaque el poder político con sus protestas, todos a la vez, Berni no tuvo herramientas para dar respuestas. La crisis lo tomó por sorpresa.
Berni y Moreno son los mejores ejemplos de la visión de un gobierno que confía en personajes que ocupan segundas líneas pero concentran todo el poder para mantener los focos de conflicto bajo control pero que a la vez son incapaces de reformular las políticas para abordar los problemas de forma integral.
Son los mismos sectores sociales los que más padecen este cóctel explosivo de inflación e inseguridad: los más pobres, los de menores ingresos, a los que la suba de la canasta alimentaria les insume todo su presupuesto y que además habitan las zonas donde la policía -léase el Estado- no llega para protegerlos.
Los informes de la Corte Suprema de Justicia sobre el delito son bien precisos al respecto: es en las villas de emergencia donde más homicidios se producen, donde la violencia es moneda corriente.
De ahí la necesidad de que el Gobierno, tanto nacional como los de las provincias, encare una política seria sobre ambos flagelos, para por lo menos evitar que el abismo en el que están inmersos estos argentinos no se siga profundizando, separándolos del resto.
La recomposición del tejido social y cultural (de valores) necesita de políticas de largo plazo. Ya quedó demostrado el fracaso de los parches improvisados por personajes que se mueven como patrones de un Estado que esta crisis política, social e institucional dejó en off side.