Ninguna de las más directas acciones que podría haber imaginado la oposición para desgastar al gobierno hubiese sido tan efectiva como el daño político que el propio oficialismo se autoinfligió en las últimas dos semanas.
De ese vertiginoso deterioro no se salvó nadie, ni siquiera la imagen de la presidenta Cristina Fernández, que se había fortalecido durante el silencio de su convalecencia.
Conviene resumir en pocas palabras los hechos principales que lubricaron ese tobogán del desprestigio.
Desde la inicial pasividad ante los graves episodios de Córdoba, al apresurado aumento salarial para las fuerzas de seguridad federales que compromete seriamente la estabilidad económica; desde la aprobación del pliego del cuestionado general César Milani como jefe del Ejército, a la suspensión del fiscal José María Campagnoli por investigar actos de corrupción que involucran a las más altas esferas del poder; desde el retorno del discurso resentido y autoritario en boca de la Presidenta, a su exhibición pública bailando y divirtiéndose en la plaza de Mayo mientras llegaba a nueve la cifra de muertos por el espeso clima social.
El problema es que no se trata de errores cometidos por la necesidad y la urgencia de mantener la iniciativa política. Son todos actos deliberados, conscientes y basados en decisiones adoptadas bajo la absoluta impunidad con que se ejerce el poder.
Lo que pasa
El kirchnerismo gobierna el país desde hace diez años. Ese parece ser un tiempo más que suficiente para tener calibrados los termómetros que registran los humores sociales.
No deberían sorprender entonces las reacciones que se producen cuando las personas se sienten atemorizadas por la indefensión que suponen la ausencia de policías, la incertidumbre económica, el avance de la corrupción, la falta de justicia, la extensión del narcotráfico y todas las amenazas a las que se expone una familia.
Lo que se espera del poder son respuestas claras y coherentes, que respalden la paz social a la que todas las dirigencias apelan en sus discursos. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que llegó a ese lugar como una muestra del cambio de modales del Gobierno, se va desdibujando un poco más cada día. Personas de su entorno aseguran haber escuchado un lamento tardío: "Pensé que había voluntad de cambiar, pero estoy comprobando que no es así", habría dicho el chaqueño con resignación.
En un tono similar se expresan varios de los gobernadores que adhieren a la Presidenta, pero se sienten desamparados a raíz de los últimos acontecimientos. "Dependemos del poder central para pagar los aumentos a los policías, pero imagínese lo que va a ser cuando nos veamos obligados a incrementar todos los sueldos del Estado", responde el mandatario de una provincia que está entre las diez más grandes.
Es fácil deducir entonces que una mayor conflictividad social será a corto plazo la principal protagonista de la escena nacional.
Ese horizonte, más la perspectiva inflacionaria que suponen los caminos para atenuar de manera irreal los desbordes por urgencias salariales, presagia un panorama que era inimaginable para una economía que durante años creció con viento a favor y a tasas elevadas.
Haber desaprovechado esa circunstancia no es culpa de los policías reclamantes, ni de los delincuentes que saquean, ni de gobernadores díscolos, ni de una oposición fragmentada y débil, ni de la prensa crítica.
Sin límites
La ratificación de Milani como jefe del Ejército y la suspensión y casi segura destitución del fiscal Campagnoli, sumado al avance de la causa Ciccone que compromete al vicepresidente Amado Boudou, afectan al corazón del relato oficial que tanto entusiasmó a sectores progresistas. Con estos hechos, las banderas de los derechos humanos y del combate a la corrupción aparecen más que deshilachadas y difíciles de sostener con la mística inicial del kirchnerismo.
Dentro de Tribunales, la injerencia del gobierno en forma directa o a través de la agrupación "Justicia legítima" que encabeza la procuradora Alejandra Gils Carbó, ya alcanza ribetes de escándalo. La situación es seguida con atención por la Corte Suprema, a la que todos miran como una reserva de racionalidad. Así como descalificaron las leyes con las que el oficialismo pretendía institucionalizar la impunidad bajo la eufemística democratización de la Justicia, el Máximo Tribunal podría, a su turno, expresarse otra vez en ese sentido.
Todos estos acontecimientos que han enrarecido el clima político, económico y social del país en las últimas dos semanas, tienen otra particularidad que el gobierno pretende ignorar: ocurren a sólo 45 días de las últimas elecciones, cuando más del 65 por ciento del padrón nacional votó en contra de sus candidatos.
