San Carlos, por medio de sus instituciones, ejerció la soberanía que le corresponde constitucional y legalmente, y dijo no a las fumigaciones, o aplicaciones aéreas, contra la polilla de la vid.
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San Carlos, por medio de sus instituciones, ejerció la soberanía que le corresponde constitucional y legalmente, y dijo no a las fumigaciones, o aplicaciones aéreas, contra la polilla de la vid.
El gobierno de Alfredo Cornejo, por medio de sus instituciones (Iscamen), desoyó la decisión soberana, incumpliendo la ordenanza, y nos fumigó igual, después de haber incumplido las leyes nacionales y provinciales sobre protección del ambiente.
En San Carlos se dio un proceso largo, de más de 20 días, donde primero prohibimos para proteger, y después pedimos información a Iscamen, ya que no contábamos con datos certeros y precisos que evacuaran nuestras dudas y nos tranquilizaran.
De todas las sesiones y reuniones que tuvimos, no sólo comprobamos que Iscamen debería haber realizado estudios de impacto ambiental sino que, además, la información que daba era contradictoria y poco clara. Primer incumplimiento o avasallamiento de parte del gobierno de Cornejo.
Dicen y dirán que han logrado bajar la plaga utilizando este método, y lo replicarán en todos lados. Sabemos que es y será otra mentira, porque nunca mostraron ni tuvieron datos precisos de cuántas hectáreas estaban comprometidas ni en qué porcentajes.
Estamos convencidos de que los resultados que se logren, si son favorables, se deberán al trabajo de los productores que curaron en forma terrestre, como se venía haciendo, y no gracias a los aviones.
Cada vez es más claro que esta estrategia de las aplicaciones aéreas obedeció a un negocio grande para unos pocos.
Nuestras posiciones poco se oyen, porque Cornejo tiene a su favor a casi la totalidad de los medios de comunicación, algo a lo que también ya estamos acostumbrados.
Las voces de Iscamen, “profesionales” y “científicos” que defienden las fumigaciones, se escucharon por muchos lados. Cuando a las palabras dichas les pedimos que las pusieran por escrito con datos e información fehaciente, recurrieron a miles de artilugios para esconder la verdad: no tenían nada con qué probar la necesidad, urgencia, eficiencia e inocuidad del método a utilizar.
Sufrimos como pueblo nuevos ataques, a los que lamentablemente estamos acostumbrados, de parte de aquellos que, en pos de negocios, se empeñan en arrasar con nuestra idiosincrasia y nuestra forma de vida.
Los sancarlinos ya lo discutimos mucho y lo resolvimos. No queremos estar al servicio de los negocios; queremos que haya desarrollo pero acorde a nuestra forma de vida. Queremos que el capital y las inversiones tengan como objetivo mejorar nuestro futuro y no explotar nuestros recursos naturales y nuestra gente.
Luchamos mucho por leyes y ordenanzas que nos protegieran y estamos dispuestos a defenderlas. Por eso, los concejales presentamos una denuncia penal para que el Gobierno responsable de violar leyes pague y se haga cargo. Ojalá que la Justicia esta vez oiga al pueblo y no a los que sólo piensan en el dinero.