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Ya conocemos que el gobierno de Alfredo Cornejo no se anda con medias tintas a la hora de tomar decisiones polémicas. Es el carácter que le ha impreso el gobernador a su gestión, sea con el ítem aula, con el Código Contravencional y con otros temas que despiertan debates y peleas, incluso a veces dentro del partido político que lo vio nacer y también dentro de la UTE electoral llamada Cambia Mendoza.
Pero en el caso de la minería metalífera y el aval del gobierno a la modificación de la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en dicha actividad, parece que el asunto puede tener consecuencias políticas impensadas.
Opino que desde la perspectiva política, el “timming” ha sido -al menos- desacertado, ya que la modificación de una norma tan apreciada por los mendocinos a poco tiempo de iniciarse la campaña electoral, le otorga a los defensores de la ley la posibilidad de llevar el debate y el conflicto tan lejos como se pueda, incluso hasta al mismo día de la votación.
Ya en su momento el gobernador Julio Cobos sufrió los embates de la lucha ambientalista y tuvo que ceder no vetando una norma que no le gustaba para nada, pero que había salido del seno de muchos sectores ciudadanos, empresariales y hasta académico-científicos. Así nació la ley 7.722. El año anterior había vetado una norma similar ,que desató una serie de movilizaciones históricas a favor de la defensa del agua y en contra de la minería a gran escala, que llegó a las puertas de la campaña electoral. Así y todo, el partido gobernante perdió las elecciones.
También el gobernador Francisco Pérez sufrió lo propio con Minera San Jorge, a la cual le tuvo que bajar el pulgar siendo candidato cuando el declive del apoyo ciudadano hizo peligrar la obtención de la gobernación al partido justicialista.
El contexto actual tiene algunas diferencias con los dos casos anteriores. Cornejo propició la defensa de la ley 7.722 como parte de su campaña electoral, y aludiendo a la “doctrina Lewinski” que sufrió el presidente Clinton, donde “no es lo que sucede, es la mentira que lo sostiene”, lo que exacerba el ánimo de los votantes. Si Cornejo hubiera apoyado la derogación o modificación de la ley 7.722 en su campaña probablemente hoy no tendría este embrollo, ya que la ciudadanía que lo votó no vería un cambio de opinión sobre el tema, aunque hubiera tenido un menor apoyo en las urnas. Pero resulta que, tanto Cornejo como varios de sus actuales funcionarios, se pavonearon en campaña y los dos primeros años de gobierno diciéndole a la gente que serían los primeros defensores de la ley, y ahora intentan una estrategia -con la complicidad de legisladores de la oposición- que devela la verdadera intención de su gobierno.
El enojo de los grupos que apoyan la defensa del agua contra las actividades extractivas ven en ello la traición de este gobierno y se han propuesto defender la ley cueste lo que cueste, a pesar de las promesas de cárcel y multas para aquellos manifestantes que cometan faltas que estén incluidas en el nuevo Código Contravencional, tildado por muchos como una herramienta de disciplinamiento y criminalización de la protesta social.
Lo cierto es que en el caso que la ley fuera modificada, no sólamente sería de inmediato recurrida ante la Corte Suprema, con el antecedente que en 2015 emitió un fallo ratificando su legalidad frente a las intenciones de sectores que abogan por el desarrollo minero metalífero a gran escala, sino que los legisladores que votaren por la afirmativa podrían correr el riesgo de ser denunciados penalmente por el delito de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Esto es así porque al menos uno de los proyectos de ley que tramita en la Legislatura claramente beneficia a una sola empresa minera en desmedro del resto de la actividad minera y de los intereses ciudadanos en la defensa del ambiente. Esto no pone contentos a los aliados de Cornejo y mucho menos a sus fieles legisladores, que ven en su legajo una mancha que será difícil de borrar de la memoria ciudadana. Lo cierto es que el conflicto por la minería, en este nuevo año, se meterá de lleno en la contienda electoral, y en el actual escenario político esto puede ser letal para las aspiraciones de los candidatos oficialistas a los cargos provinciales y departamentales, en un contexto de pérdida de votos por el arrastre nacional, el posible cisma político de Cambiemos a nivel local, la situación socioeconómica actual y el rearmado de la principal fuerza opositora.
Creo que el gran error de Cornejo ha sido menospreciar al sector ambientalista, ya que podrán ser pocos por su número, pero tienen de su lado a buena parte de la ciudadanía, que puede ejercer una presión insostenible para muchos de los candidatos a cargos en las intendencias, los concejos deliberantes, la legislatura y en el propio poder ejecutivo.
La defensa del agua no es una construcción ficticia del ambientalismo como se quiere creer desde el oficialismo, sino una bandera de los mendocinos que enarbolan con orgullo los ambientalistas. Es parte de la historia y de la idiosincrasia provincial, es lo que nos ha hecho grandes y orgullosos de nuestra herencia, y todo esto es lo que no ha entendido este gobierno.
Y a mayor abundamiento, como dicen los abogados, el ecologismo es el único movimiento que ha resistido más de medio siglo los embates del sistema capitalista y ha salido triunfante, y en Mendoza -más allá de derrotas ocasionales- es el actor protagónico de los avances más importantes en materia ambiental de los últimos 30 años.
Para un Cornejo en su laberinto, las opciones son dos : retirar el apoyo a la ley y dejar las decisiones para otro momento absorbiendo el costo político de hoy, o arriesgarse a la quimera de modificarla y exponer a toda su prole política a una derrota con nombre y apellido