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El miércoles pasado se conoció, y fue tapa de Los Andes, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó una demanda iniciada por la provincia de Mendoza contra YPF reclamando que las regalías se liquiden a valor del precio internacional del petróleo y no a valores de mercado interno como se hacía.
La demanda fue presentada por primera vez por el ex gobernador Roberto Iglesias en 2002 y reactivada por el gobernador Julio Cobos, en 2007, pero esta vez ampliando la demanda la totalidad de las petroleras que tiene concesiones en la provincia.
El argumento de la Corte es tajante y contundente: no se le puede reclamar a las empresas que paguen regalías en base a un precio inexistente. Deben pagar sobre los precios obtenidos en el mercado interno. Esto era claro y la demanda de Mendoza estaba condenada al fracaso porque no había argumentos jurídicos válidos contra las empresas.
El origen del problema
Después de la pesificación asimétrica de Duhalde y la devaluación del 300% de la moneda, el precio internacional del crudo comenzó a crecer. Cuando llegó a 30 dólares el barril, el entonces ministro Lavagna decidió congelar el precio en 24 dólares, aduciendo que el internacional era especulativo y pronto bajaría.
Por ese entonces, lo que impulsaba el precio del crudo no era solo la debilidad del dólar sino también la fuerte demanda de China e India, que experimentaban procesos de crecimiento industrial muy fuertes, a tal punto que desde 2005 China pasó a ser el segundo mayor importador mundial de petróleo. Esto explica la aparición por todo el mundo de empresas petroleras chinas tratando de obtener crudo para llevar a su país.
Contra lo que pensaba el ministro, el crudo siguió subiendo, como el resto de las materias primas y llegó a tocar en 2008 los 150 dólares el barril.
En Argentina no se animaron a seguir este ritmo y el precio tuvo pequeñas actualizaciones, que desestimularon la inversión en prospección y, perforación explotación, tanto de petróleo como de gas. Así, de ser exportadores, pasamos a ser importadores. Hoy el precio interno no supra los 60 dólares, contra los 90 ó 100 que cotiza internacionalmente.
Desde Roberto Iglesias hasta Francisco Pérez, los gobernadores de Mendoza fueron solidarios con la decisión política de fijar un precio interno desenganchado del internacional y, en lugar de demandar a la Nación, que era quien había tomado la decisión arbitraria, creyeron que lo mejor era demandar a las empresas, como si estas fueran las culpables.
Desde aquel entonces, las empresas decidieron migrar sus capitales hacia destinos en los que las inversiones les permitieran obtener el precio internacional. Así, sin mayores inversiones fueron sacando todo el crudo que podían y aprovechaban la franquicia de dejar las divisas producto de las exportaciones en el exterior.
La Nación toma todo
Si la provincia de Mendoza no estaba conforme con los precios obtenidos por el petróleo, podría haber optado por cobrar las regalías en petróleo y haberlo exportado, pero hubiera chocado con un problema. Par evitar que las exportaciones produjeran desabastecimiento del mercado interno, la Nación fijó retenciones a las exportaciones del 30%. Primero se aplicó al crudo y luego a los productos refinados, como naftas.
En buen romance, los gobiernos de Néstor y Cristina decidieron meterle la mano en el bolsillo a las empresas y a las provincias y se quedaron con el jamón del medio del negocio. Entre los impuestos y las retenciones, la Nación se queda con la mayor parte del negocio sin arriesgar nada, con el beneplácito de los gobernadores que solo estiran la mano como mendigos esperando la limosna.
Frente al avance de la Nación, los gobernadores no hicieron nada y lanzaron una demanda absurda que pareció más destinada a conformar al frente interno. Es muy popular decir que le van a sacar plata a las empresas, sin entender que a nadie le gusta que se la saquen sin sentido y no se queden quietos esperando ese momento.
Los avances de la Nación sobre las provincias han sido notables y no aparecen, ni siquiera, en las propuestas de los candidatos para las próximas elecciones. Por ejemplo, en el tema impositivo , la Nación prorrogó de facto un pacto fiscal que retiene el 15% del total de la masa coparticipable y ningún gobernador ha hecho nada al respecto. Al menos Córdoba ya le hizo juicio a la Nación por esto, pero acá han preferido ser obedientes a los caprichos presidenciales.
Los argumentos de la Nación en este juicio, apoyando las petroleras, forman parte de un relato que no se compadece con la realidad. La secretaría de energía argumenta que la demanda de Mendoza “compromete los acuerdos de estabilidad de precios sobre hidrocarburos que intenta sostener el gobierno con el objeto de reducir las expectativas inflacionarias, afecta los derechos de los usuarios de combustibles (que deberían pagar mayores precios), discrimina entre provincias que exportan” y que no exportan hidrocarburos.
En realidad no hubo un acuerdo sino una imposición y, con la excusa de no generar inflación congelaron los precios a las productoras y a las provincias, mientras las comercializadoras siguen aumentando los precios, aunque el Indec no se ha dado cuenta. Para solventar el consumo a precio subsidiado el estado debe importar combustibles (lo razonable sería importar crudo y refinarlo acá) y paga precio internacional y luego subsidia la diferencia. Lo mismo hace con el gas.
Realmente, una verdadera locura, porque no estimulamos la producción y compramos lo que producen otro a precio internacional por que aquí lo gasten a precio subsidiado los que compran autos 0 km, que no son los más pobres.
El petróleo en Mendoza
Los mendocinos siempre se han resistido a aceptar que Mendoza es una provincia petrolera, y siempre se han sentido más identificados con un perfil más agroindustrial, pero la realidad es que la actividad petrolera en su conjunto representa más del 28% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia. Solo la refinería de Luján representa más del 50% del producto Bruto industrial de la provincia.
El problema es que los números hoy no rinden como antes por dos razones: la caída en las regalías, aunque en los últimos dos años se han recuperado, y la caída de producción, que aún se mantiene. Hasta la década de los ‘90, la composición del ingreso provincial se componía con tres tercios. Un tercio eran los impuestos provinciales, otro lo representaba la coparticipación y el tercero eran las regalías petroleras.
Esto cambió significativamente. La coparticipación no siguió al mismo ritmo y las regalías cayeron significativamente, obligando al gobierno a aumentar los impuestos provinciales. Tal es el cambio, que a pesar de precios récord para el petróleo, las regalías representan algo cercano al 6% del presupuesto total de la provincia, mientras los ingresos provinciales prácticamente han igualado a la coparticipación.
Mendoza podría tener mejores ingresos por regalías, si los gobernadores se deciden a asumir en su totalidad la soberanía sobre los recursos que le corresponden a la provincia y dejan de mirar al costado mientras la Nación hace y deshace a su antojo.