Cómo frenar la inseguridad rural en Mendoza

Ante los crecientes casos de inseguridad en las fincas mendocinas, desde las distintas cámaras sectoriales se han comunicado con las autoridades para encontrar una solución al problema de los robos en zonas rurales. Los Andes se comunicó con el Ministerio de Seguridad de Mendoza para saber cómo han afrontado este conflicto. En este sentido, explicaron que quien responde por estos casos es la Policía de Seguridad Rural, una unidad dedicada a la prevención y disuasión de los delitos y contravenciones en las áreas rurales y semiurbanas de la provincia.

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Sin embargo, el foco de esta división está puesto en la neutralización de delitos específicos tales como el tráfico de vida salvaje, la cacería furtiva y la preservación de la flora y fauna silvestre. Al respecto, desde su creación el 18 de octubre del año 2005 se han secuestrado un total de 20.364 aves autóctonas de la provincia (entre las que se destacan cardenales, reina mora, siete cuchillos, chiriguas, cimarrones, entre otros). Con respecto a animales que se contemplan en la fauna silvestre se han secuestrado 3.647 animales (las especies más comunes son piches, guanacos, vizcachas, ofidios, liebres, zorros, búhos, pumas, gato montés, tortugas, choiques, etc.)

Al intentar conocer cuáles son las cifras actuales de la inseguridad rural, así como el testimonio de autoridades a cargo de la problemática, no hubo respuesta favorable por parte del Ministerio.

Respecto al accionar de la Policía de Seguridad Rural, Alberto Carleti, miembro de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas de Mendoza (Aspeff) y de la Cámara de Comercio de Tunuyán, señaló: “Le toca controlar áreas y superficies bastante grandes. Ellos hacen su tarea, pero no es suficiente. Hay que intensificar su trabajo y que se dé a conocer cuando detienen a los ladrones y que quede en evidencia que se está actuando contra este delito”.

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En tanto, Diego Aguilar, presidente de la Cámara de Cerezas de Mendoza, coincidió en la necesidad de mejorar la vigilancia de las zonas rurales y lograr detener a los responsables de los delitos en las fincas. “Lo que vemos es que detienen a una persona y a la semana ya está en libertad, pero eso ya es un problema más de fondo de la inseguridad que vive todo el país”, consideró.

De manera particular, cada uno de los propietarios le ha buscado una salida a la inseguridad. “La solución que hemos encontrado es poner una persona para controlar y persuadir a los delincuentes, aunque no hablamos de un personal de seguridad capacitado, simplemente un cuidador. Además, tener que hacer esa inversión hace mucho más inviable la rentabilidad del sector porque aumentan los costos y requiere permisos y habilitaciones”, puntualizó Carleti, algo en lo que coincidió el presidente de la Cámara de Cerezas, quien en la temporada aumenta el personal de vigilancia en su finca.

Sin embargo, esto no ha sido remedio suficiente. “Aun estando la persona, atacan en grupos, porque no es una o dos personas que entran para robar un kilo de durazno para comer en la casa, se llevan importantes cantidades para la venta ilegal de fruta. Muchas veces atacan a la persona que cuida y se generan enfrentamientos que ponen en riesgo al personal de la finca. La violencia es algo que nos preocupa porque estamos escalando a otro nivel mucho más complejo, porque debemos preservar las personas”, completó Carleti.

Una posible solución al robo de cobre

Como lo han señalado los damnificados, el robo de cables y bombas, así como transformadores de la vía pública, por el cobre que contienen, es uno de los objetos preferidos de los delincuentes. Para evitar esto, el pasado mes de diciembre el Senado provincial aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca evitar el robo de cobre y transformadores en Mendoza, y ayer viernes se promulgó en el boletín oficial.

“El kilo de cobre tiene un precio superior a los 2.000 pesos, cada transformador puede contener hasta 100 kilos de ese metal. Muchos robos se realizan en zonas rurales, por lo que gran cantidad de productores se ven afectados, ya que se quedan sin servicio eléctrico y riego tecnificado”, había alegado la autora del texto Mercedes Rus.

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En el marco de la aprobación del proyecto, circuló que, según un informe presentado por la Auditoría Interna de Edemsa, se dieron 308 robos y 174 tentativas en el período 2021-2022. El estimado era una sustracción de cerca de 48 toneladas de cobre para ser comercializados, a un valor de “mercado ilegal” superior a $ 48,5 millones. El costo anual de reposición ronda los $ 199,5 millones y el operativo $39,9 millones.

La legisladora consideró que “la ley es prescriptiva, pero ordenatoria respecto al mercado”. De esta manera, aseguró que lo que se busca es “prevenir” y “ordenar lo que es el mercado de la compra y venta de cobre”. Con la aprobación se estableció un registro y una serie de certificaciones que tienen que ver con la trazabilidad del origen lícito del cobre. Así, los que se dedican a esta actividad deberán registrarse ante el Ministerio de Seguridad, organismo que se encargará de sistematizar el proceso de una manera sencilla, logrando un abordaje más integral.

Una problemática de índole nacional

Una reciente opinión volcada en Clarín escrita por Patricio Watson refleja la inseguridad rural vivida en otras regiones de Argentina. En su mirada, este “gravísimo problema para la actividad agropecuaria” es visto por los gobernantes como “pequeños daños en perjuicio de grandes terratenientes, realizados por gente necesitada”.

Respecto a las causas, el autor señaló: “Para explicar este verdadero flagelo hay que analizar las causas desde sus múltiples aristas, la ideológica en primer término, por ser la que le brinda el marco de justificación social y judicial. Ningún político actual se anima a castigar con declaraciones a los que cometen delitos contra los grandes capitales, aunque se trate de pequeños productores. Hay que cuidar los votos que provienen de ese grupo de estafados económica y culturalmente”.

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A eso sumó “la impunidad que la distancia y la falta de caminos adecuados para el patrullaje le dan a la delincuencia”. Asimismo, consideró que el vandalismo es promovido por los reducidores de metales y de objetos robados “que actúan encubiertos en negocios cuasi legales como los desarmaderos”.

Entre la lista de blancos predilectos de los delincuentes, enumeró: las bombas solares y sus pantallas, debido al cobre que contienen; los boyeros eléctricos o electrificadores de todo tipo, que si son solares se llevan el equipo y las pantallas y si tienen baterías también se la llevan; los insumos para las siembras, las semillas y los agroquímicos, que son los más importantes en materia económica por sus valores exorbitantes; y algunos “daños por maldad y placer enfermizo”, como la rotura de bolsones o silobolsas.

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“También los contratistas rurales son víctimas de esta modalidad de delito, es tan alto el riesgo que corren sus maquinarias que siempre debe haber personal para cuidarlas, especialmente los fines de semana, o en su defecto recorrer un montón de kilómetros para guardarlas en galpones. Les roban las baterías y todos los componentes extraíbles de los motores. Además, con la escasez de cubiertas, ahora también las roban y los dejan sobre tacos”, observó Watson en su opinión.

Asimismo, el autor señaló otros daños que producen “situaciones complicadas para la integridad o la vida misma de las personas que se encuentran en los campos. La distancia a los centros poblados hace casi imposible la intervención a tiempo de la policía y por ese motivo siempre hay armas en las casas de campo, para disuadir a los intrusos con disparos al aire”.

“Esta situación de indefensión y riesgo para la actividad agropecuaria está llevando a retrasos insospechados en materia tecnológica, entre ellas el riego y todo lo descripto anteriormente. Un Estado que no reconoce el valor del mérito y tampoco castiga el delito logra la huida de capitales hacia la seguridad de otros países”, argumentó.