Foto:
Los episodios ocurridos en Córdoba, donde centenares de saqueadores se apoderaron de una ciudad liberada por la huelga policial, demostraron en primer lugar la absoluta inoperancia de la Provincia para manejar un conflicto que estaba latente. Pero en paralelo, a la Casa Rosada retornó en llamas el bumerán que había lanzado.
Por informes de Inteligencia militar, los funcionarios más cercanos a la Presidenta sabían que los policías se disponían a adoptar una medida de fuerza. Pero dejaron hacer.
Luego, para disimularlo, montaron junto al gobernador José Manuel de la Sota la pésima comedia de los teléfonos descompuestos que la sociedad siguió con indignación.
Capitanich se incineró en la hoguera de su verborragia y el arrepentimiento llegó con tardanza.
Las consecuencias políticas de semejantes torpezas también fueron evaluadas con lentitud porque ahora hay dos criterios bien diferenciados que le llegan a la jefa del Estado: el de los halcones encabezados por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el de las palomas, cuya cabeza visible es Capitanich.
Pero la que sigue decidiendo es ella, con sus mismas ideas, adecuadas a las circunstancias.
Todo vuelve
Lo cierto es que el miedo, que despertó la indefensión y la impotencia de las familias cordobesas, comenzó, aunque con otras características, a ganar también a la cúpula nacional del poder.
Por imitación o porque las condiciones socioeconómicas de las fuerzas policiales son similares, en otras regiones del país surgieron de inmediato reclamos y amenazas de rebeldías.
Catamarca, zonas del Gran Buenos Aires, La Rioja, Bariloche y otras ciudades encendieron luces de alerta, en un tablero nacional que presagia un fin de año mucho más difícil que el que imaginaba Cristina Fernández.
Como agravante, aquellas diferencias internas que se expresan en el Gobierno son cada vez más agudas.
Para Capitanich la jefatura de Gabinete puede ser un lugar tentador para construir poder, pero sus amigos más cercanos se preguntan hasta cuándo aguantará seguir derrapando por órdenes y contraórdenes que lo exponen demasiado, con muchos frentes abiertos.
Uno de esos frentes se abrió también hace unas horas, cuando la Corte Suprema de Justicia le hizo saber que desea una reunión para tratar temas que interesan a ambos poderes. En Tribunales afirman que el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, planteará cuestiones presupuestarias pero no dejará de advertirle algo tan obvio como que el Gobierno debe dar cumplimiento a los fallos de la Corte.
Aunque no se lo mencione de manera explícita, eso incluye la sentencia por la Ley de Medios, donde claramente se sostiene que el órgano de aplicación debe ser imparcial.
Las mismas fuentes dicen que Lorenzetti quiere de esta forma compensar la pérdida de prestigio que le ocasionó en lo personal aquel fallo, y a la vez manifestar su disgusto por los cambios introducidos por el oficialismo al proyecto del nuevo Código Civil.
En el Gobierno, en tanto, no parecen dispuestos a darles importancia a esos planteos. Es porque la Presidenta sigue atragantada con aquel bocado de la reforma para la llamada democratización de la Justicia que la Corte le impidió disfrutar.
La mochila
Además de la convulsión social que inauguraron los sucesos de Córdoba y los planteos que se vienen de los jueces supremos, Cristina Fernández se enfrenta a una preocupación que es de su exclusiva autoría.
El avance de la causa Ciccone, que involucra de manera incontrastable al vicepresidente Amado Boudou, requiere una decisión necesaria y trascendente.
El problema para la Presidenta ya no es lo que diga la opinión pública ni la oposición. El tema se ha convertido en un problema político planteado en el seno mismo del oficialismo.
En el Gobierno ningún funcionario disimula que Boudou es una pesada carga que doblega las espaldas kirchneristas.
El desprestigio del Vicepresidente no tiene límites y no son pocos en el oficialismo los que creen que desde esas propias filas se ha operado para que la Justicia apresure su trabajo. Todos saben que las pruebas en contra del Vicepresidente son irrefutables.
En el peronismo que subsiste en el Gobierno sin adherir a las posturas más extremas, siempre recuerdan a Esteban Righi, el ex fiscal general que Boudou hizo echar porque autorizó que lo investigaran. Y desempolvan aquella vieja frase que dice: "La venganza se sirve en un plato frío y se come de a poco".