La idea democrática -el pueblo que se gobierna a sí mismo, la supresión de la distinción entre gobernantes y gobernados- ha fascinado a pensadores y políticos durante los últimos siglos.
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La idea democrática -el pueblo que se gobierna a sí mismo, la supresión de la distinción entre gobernantes y gobernados- ha fascinado a pensadores y políticos durante los últimos siglos.
Pero esa idea no resulta tan atractiva ni fascinante cuando es llevada a la práctica. El concepto de pueblo no parece definir claramente a un sujeto político concreto. Podríamos decir que es una construcción conceptual a la que se le asigna, con mayor o menor consenso, alguien o algo que lo representa.
Entre pueblo y gobierno siempre hay una mediación, que reproduce, contra el principio que lo inspira, la consabida dinámica gobernantes/gobernados. La teoría democrática afirma y promete una cosa. La realidad democrática hace y da otra.
Desconocer esta inevitable (e imprescindible) tensión entre teoría y praxis democrática puede ser terriblemente frustrante, cuando no constituirse en motivo de escepticismo o de impugnación.
Me quiero detener en esta posible deriva impugnatoria. En estos tiempos revueltos de estupefacción y escándalo, en los que nada parece formar parte de un orden o estar en su lugar, no pocos denuncian las traiciones, las inconsecuencias y demás miserias de los actores políticos contra el sistema vigente. Forman parte de lo que podría denominarse fariseísmo democrático.
La posteridad no ha sido benigna con los fariseos, que han quedado como la encarnación del formalismo estéril, el sectarismo y la hipocresía. Lo cierto es que los fariseos (literalmente, los “separados”) no eran mala gente. Todo lo contrario.
Practicaban y promovían el estricto cumplimiento y la escrupulosa observancia de las leyes de Dios contenidas en la Torá y las fuentes de tradición oral.
Era por ello inevitable el choque de los fariseos, custodios del Viejo Pacto de Dios con los hombres, con Jesucristo, que traía la Nueva Alianza. El judaísmo fariseo es el antecesor más cercano tanto del cristianismo como del judaísmo actual, llamado rabínico.
La actitud que usualmente se atribuye al fariseo es la de creerse justo o justificado y a la vez impugnar o despreciar a los demás por impíos o impuros. Es, como puede verse, un estereotipo, que tomaremos para describir un fenómeno que aumenta en tiempos electorales. En el caso de la democracia, fariseo es quien toma al pie de la letra del principio democrático, piensa que debe ser aplicado tal como es formulado y se escandaliza al ver las diversas transacciones, adaptaciones y acomodamientos que demanda su puesta en práctica. Vamos a analizar brevemente tres casos: no son los únicos.
Una de las creencias estrechamente asociadas con el ideal democrático es el de su racionalidad y su capacidad para realizar proyectos políticos previamente definidos. Lo que usualmente se ignora es que en las elecciones se eligen primariamente personas, no proyectos. No elegimos proyectos o propuestas que después son ejecutados por gobernantes y funcionarios ya designados o de planta, que para gobernar se ajustan a las preferencias de la ciudadanía.
Lo fundamental en cualquier elección democrática son los hombres, no las ideas. Estas pueden estar o no, ser diversas entre sí o no. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, si no hay diferencias relevantes en torno a las propuestas o plataformas de gobiernos, si hay un acuerdo general sobre lo que hay que hacer o no hacer ¿habría que clausurar la competencia por cargos electivos?
Se trata de un reclamo muy frecuente entre quienes se ponen en la posición del observador crítico de la política, pero sin entenderla del todo bien, como el Cardenal Poli y el inefable Facundo Manes, que piden grandes pactos nacionales y políticas comunes contra la llamada “grieta”.
El único acuerdo que exige la democracia, por definición, es el que debe existir en torno a sus propias reglas. Sobre el resto puede haber total controversia. La amplitud de posiciones sobre proyectos o propuestas no depende tanto de la diversidad de actores o de partidos, como del impacto o el apoyo que esas posiciones diversas obtienen en el electorado.
No se discuten, por ejemplo, las propuestas del Frente de Izquierda y de los trabajadores, porque cuentan con escaso apoyo electoral. Pero si una parte importante de la ciudadanía apoya al sector político integrado por Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de la Nación, que pretende suprimir la independencia del poder judicial, nos veremos obligados a discutir ese pilar del sistema republicano: otra vez, todo de vuelta.
La periodicidad de los cargos es un principio de la democracia liberal que introduce en el sistema político un ritmo propio, una alternancia mecánica que frecuentemente no acompaña los necesarios procesos prolongados y los esfuerzos sostenidos. La democracia es así.
Adicionalmente, el sistema federal permite a cada provincia definir su propio calendario electoral, factor que multiplica las instancias electorales, cada una con su porcentaje de sugestión e influencia en el escenario político nacional. Si por otro lado se acortan los períodos de duración de cargos electivos, como sucedió en la transacción constitucional de 1994 (en la imagen), la gobernabilidad se acerca al límite crítico. Habría que revisar el legado de los padres constituyentes y en particular la contribución en este sentido del venerado paladín de la democracia, Raúl Alfonsín.
La lista podría alargarse. Lo que resulta claro es que el puro principismo democrático no basta para ir perfeccionado el sistema: es necesario tener una mejor comprensión de la democracia tal como la practicamos hoy y ahora, y esforzarnos por entender qué mejora es razonable esperar, en nuestras circunstancias.
Hace falta más realismo político. Mucho más.
