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El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la elección de una parte de los miembros del Consejo de la Magistratura (abogados, jueces y académicos) en los próximos comicios le dio a la presidenta Cristina Kirchner y al partido de gobierno combustible retórico para la campaña.
En este mismo espacio, el viernes de la semana pasada, sostuvimos que la Casa Rosada iba a intentar transformar una derrota jurídica inapelable en una victoria política utilizando el viejo recurso de la victimización. El miércoles desde Córdoba y ayer desde Rosario, la Presidenta dio claros ejemplos de que ésta es y será su estrategia electoral.
“Cuando uno toca intereses corporativos, enseguida viene el vuelto. Pero estoy dispuesta a aguantar si mi rol en la Historia es haber abierto el debate de una Justicia más democrática y legítima”, lanzó ayer ,reservándose para sí –cómo no– el papel de heroína.
Lo cierto es que la sentencia de la Corte arruinó los planes de Cristina Kirchner de imponer una estrategia política y electoral a todo el Frente para la Victoria, en cada una de las provincias, y también a toda la oposición.
En caso de que las elecciones de consejeros hubieran sido legitimadas por la Justicia, la Presidenta habría podido colocar su apellido –algún pariente– y hasta su nombre completo –en forma testimonial– en la lista de candidatos para el Consejo de la Magistratura, lo que le hubiera facilitado la lapicera para armar las restantes listas del oficialismo a nivel nacional.
No sólo eso: hubiera conseguido, según los más vastos conocedores del conurbano bonaerense, que el principal “cuco” que hoy tiene la política argentina, el intendente de Tigre, Sergio Massa, se inhibiera de presentarse como candidato a diputado nacional (algo que finalmente se sabrá este sábado), no por temor a ser derrotado, sino por miedo a ser quien derrote a la Presidenta en el principal distrito del país y cargar con el mote de opositor de ahí en más, un rol que el jefe comunal no desea para sí ya que busca ser el eje de un nuevo peronismo.
Por eso es que la sentencia de la Corte terminó teniendo consecuencias hasta en la política más cruda, la de los pies en el barro, ya que al no tener ahora la jefa del Estado poder para centralizar todas las listas, debió sentarse a negociar con personajes que hasta hace poco sólo recibían sus órdenes como los intendentes del populoso conurbano.
Ayer, desde el Monumento a la Bandera, Cristina Kirchner no ahorró ironías y destinó serias acusaciones contra el Poder Judicial en su conjunto, sin hacer distinciones. Criticó sus privilegios, lo identificó con “castas” antidemocráticas “que no dejan votar al pueblo” y hasta lanzó un eslogan: “Cristina jueza 2015”. “No quiero ser jueza de la Corte, quiero ser una simple jueza federal por ahí perdida en algún lugar. con una lapicera y un papel firmás y ¡total, qué me importa lo que votó la gente, lo que votaron los legisladores!; ¡tumbás todo!”, lanzó.
Pero además, como lo viene haciendo desde el 1° de marzo, cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta también se acordó ayer de vincular al Poder Judicial con la crisis de seguridad. Habló de narcotráfico, trata de personas y violencia en general. Así, intentó insertar un debate constitucional sobre los límites que tiene cada uno de los tres poderes de la República y el juego de contrapesos diseñado por la Carta Magna, en algo tan cotidiano como la inseguridad. “Esta no es una disputa de derecho constitucional, sino el derecho a tener una vida mejor”, arengó jugando con las palabras.
Hasta hace pocas semanas, la Casa Rosada hacía ingentes esfuerzos por obturar el debate sobre una reforma constitucional, intentaba sacar del debate pre-electoral este tópico para no darle a la oposición la posibilidad de plantear el fantasma de la re-reelección presidencial.
Pero el fallo de la Corte Suprema que estableció que son inconstitucionales los puntos centrales de la ley con la que el Gobierno buscaba que se votara en estas elecciones la mayoría de los cargos del Consejo de la Magistratura (cuyo objetivo era cambiar las relaciones de fuerzas entre los estamentos y darle la posibilidad al partido de gobierno de controlar el organismo que selecciona y sanciona a los jueces federales), cambió el escenario y si bien bloqueó la estrategia de Cristina Kirchner de intervenir en el armado electoral para ponerlo al servicio de sus intereses políticos, también le dio a la jefa del Estado elementos simbólicos para mantener vivo su poder, nada menos que amagando con resolver la sucesión presidencial con una reforma constitucional.
El kirchnerismo, que arriesga su futuro en estas elecciones, encontró de repente una nueva épica para cohesionar a la militancia de cara a la campaña. Desde el ex piquetero Luis D’Elía hasta Estela de Carlotto salieron a pedir llenar las urnas de votos para poder reformar la Constitución antes de 2015. Ya no es solamente la desbocada diputada Diana Conti la que habla de una eternización de la Presidenta, sino que las principales figuras del Gobierno en su conjunto están pidiendo cambiar la Carta Magna para poder seguir “transformando el país” y “tocando los intereses” de las corporaciones “anti-democráticas”.
Curiosamente, aunque ningún oficialista diga estar de acuerdo con los considerandos del fallo que le marcaron a la Casa Rosada que el camino es una reforma de la Constitución si lo que se busca es replantear el esquema de representación dentro del Consejo de la Magistratura, todos los oficialistas coincidieron en tomar el consejo de los jueces supremos para encarar algo aún más importante para su supervivencia política: la lucha secreta por la re-reelección presidencial y un diseño institucional con menos contrapesos y límites.
Si, como queda claro, el oficialismo hará pasar su campaña discutiendo de antemano el 2015, la oposición tiene entonces el camino despejado para salir a insuflar el temor a que en las próximas elecciones Cristina Kirchner consiga los dos tercios de las dos cámaras para poder impulsar una nueva Constitución (sólo una avalancha de votos podría permitir amasar tanto consenso como para cambiar la Carta Magna). El terreno retórico es fértil para ambos y la discusión tiene profundas raigambres filosóficas ya que están en puja dos visiones radicalmente diferentes de las instituciones y del poder.
La Corte le recordó al Gobierno que hay poderes, como el Judicial, que tienen legitimidad proveniente de la misma Carta Magna, la cual fue redactada y votada por un conjunto de convencionales elegidos popularmente y que en el caso puntual de los magistrados éstos tienen además el aval del Senado, cuya conformación proviene también de una votación popular.
Los supremos le refrescaron al Ejecutivo que la misma Constitución plantea, desde 1853 a 1994, diferentes instancias de representación y que, en el caso en estudio, el del Consejo de la Magistratura, estas diferentes formas de representación coexisten de manera de permitir uno de los objetivos centrales de la última reforma constitucional: que los jueces sean designados y removidos por un organismo en donde la política no concentre todo el poder y lo comparta –en cambio– con los estamentos técnicos no políticos de los jueces y abogados, para asegurar así la independencia de toda la Justicia.
En la Argentina actual, en la que está en juego quién será el dueño del poder político y también económico, un debate sobre filosofía política convive forzosamente con las urgencias y la desesperación de la contienda electoral. Es como si fuera imposible pensar a largo plazo, debatir y consensuar nada menos que el funcionamiento de nuestras instituciones por la necesidad de unos de sobrevivir y de otros de pasar a ser quienes mandan.
