Foto:
En el mundo de incumplimientos a los pagos de deuda soberana, resulta difícil imaginar un deudor menos simpático que Argentina. Ha incumplido una y otra vez durante casi dos siglos, con pocas disculpas. Después del impago más reciente del país en 2001, se negó a negociar durante cuatro años y después les ofreció a sus acreedores un trato por aproximadamente 30 centavos por cada dólar; y juró que aquéllos que se negaran no recibirían nada.
Después de una segunda oferta -con las mismas condiciones- en 2010, todos los bonos, con la excepción de 7%, han sido cambiados. Sin embargo, algunos de los restantes pertenecían a fondos de cobertura que fueron ante tribunales. La semana pasada ganaron un fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU en Nueva York, lo cual ha causado considerable inquietud en instituciones como el Departamento del Tesoro y el FMI.
Esencialmente, la decisión dice que Argentina no puede pagarle a ningún acreedor si no les paga a todos, y dice que los bancos -en EEUU y quizá por todo el mundo- podrían enfrentar cargos de desacato si permiten que Argentina efectúe pagos tan solo a los prestamistas a los que desea pagar.
“Si bien disentimos con firmeza con las acciones de Argentina en la arena financiera internacional”, dijo esta semana un alto funcionario de la Tesorería, quien habló con la condición del anonimato, “tenemos serias inquietudes de que la decisión del Segundo Circuito socave el orden y predictibilidad de la reestructuración de deuda soberana y pudiera causar un retroceso de años de progreso”.
El gobierno estadounidense, en un informe entablado ante la corte de apelaciones antes de que tomara su decisión, exhortó a que no siguiera el camino que siguió a final de cuentas, advirtiendo que el fallo podría dañar el status de Nueva York como uno de los principales centros financieros del mundo y causar “un efecto en detrimento del papel sistémico del dólar estadounidense”, al fomentar que los países denominen su deuda en otras divisas y las pongan fuera de la jurisdicción de cortes estadounidenses.
El FMI, en un documento emitido este año, advertía que la decisión podría “generar el riesgo de socavar el proceso de reestructuración de la deuda soberana”.
Ese tipo de temores fueron descartados en el fallo de la corte de apelaciones: “Nosotros no creemos que el resultado de este caso amenace con alejar a emisores de bonos del mercado de Nueva York”, decía la opinión, escrita por el juez Barrington D. Parker. “Nosotros creemos que el interés -compartido en la comunidad financiera- en mantener el status de Nueva York como uno de los centros de comercio más prominentes progresa al requerirles a los deudores, incluidos los extranjeros, que paguen sus deudas”.
La mayoría de los bonos internacionales son emitidos bajo ya sea la ley de Nueva York o la ley inglesa. El FMI, en su artículo, declara que bajo la ley inglesa los tenedores de bonos no tienen derecho de entablar demandas. Solo el fideicomisario de los bonos puede hacerlo, y el fideicomisario puede ser obligado a actuar solo si un gran número de poseedores de bonos lo exige. Fue la inquietud de que los países acudirían en tropel a la ley inglesa lo que condujo a la advertencia del gobierno estadounidense en el sentido que podría dañarse el status de Nueva York como un centro financiero de nivel mundial.
En el pasado, como notaba el documento del FMI, ha sido fácil conseguir una corte estadounidense que produzca un fallo en contra de un país que incumplió en los pagos a sus bonos, pero “ha sido mucho más difícil encontrar activos que puedan ser usados para satisfacer el juicio”.
Eso se debe a que la ley federal limita enormemente los activos que los poseedores de bonos pueden buscar anexar. Las misiones diplomáticas están vedadas, al igual que muchos otros activos. Además, salta a la vista que las Cortes de la Nación que incumplieron no van a ayudar a los infortunados acreedores. Así que tener el juicio ha terminado en el pasado por valer muy poco.
Sin embargo, la corte de apelaciones ha revertido eso, cuando menos en el caso de Argentina. Concluyó que Argentina está obligada por la cláusula “pari passu” que, en una u otra forma, es estándar en contratos de bonos, a tratar a todos sus tenedores de bonos por igual. Así que si hacen los pagos de intereses adeudados sobre sus bonos reestructurados, también debe pagar el dinero adeudado sobre los bonos cuyos poseedores se negaron a reestructurar. Y debido a que esos bonos están en impago, eso significa que todo el monto del capital principal e interés se debe y hay que pagarlo.
El informe de Estados Unidos dice que la interpretación de “pari passu” sencillamente está equivocada. “El significado aceptado de cláusulas pari passu es que el pago selectivo no viola la cláusula, incluso si es el resultado de política soberana”, asentaba el informe. “Esta opinión ha sido expresada no solo por Estados Unidos, sino por académicos organismos gubernamentales y participantes del mercado”. Notaba que cláusulas similares no habían sido impedimento para reestructuraciones de deuda en los 80 y 90.
Eso, en y de sí, tendría poco efecto. Argentina simplemente podría hacer caso omiso al fallo y seguir haciendo pagos a los bonos reestructurados, al tiempo que ignora los otros. Sin embargo, la Corte también dejó en claro que consideraría a cualquiera que ayudara a Argentina a efectuar esos pagos como “auxiliar en una violación del requerimiento”.
Le ordenó directamente al banco de Nueva York Mellon, el fideicomisario de los bonos reestructurados, que no efectuara los pagos a tenedores de bonos si Argentina le envía el dinero. Además, advirtió que otras personas que no fueron nombradas en el caso podrían enfrentar problemas legales si ayudaban a la Argentina.
La Corte desestimó quejas en el sentido que carecía de jurisdicción sobre bancos extranjeros que pudieran estar involucrados, así como quejas de que bancos, no partes del caso actual, están obligados por el fallo.
La Corte de apelaciones mantuvo su fallo hasta que llegue una posible apelación a la Corte Suprema, así que por ahora los bancos pueden asistir para pagarles a los poseedores de bonos reestructurados.
Si la Corte Suprema cree que este caso pudiera sentar un precedente que transformaría el rostro de las reestructuraciones de deuda internacional, podría ser más probable que acceda a oír la petición.
Es una idea que la corte de apelaciones buscó demorar, diciendo que “este caso es excepcional, con poco peso aparente sobre transacciones que pueden esperarse en el futuro”, en parte debido a que “Argentina, singularmente, ha sido un deudor empedernido”.
Notó que muchos bonos siendo emitidos ahora contenían “cláusulas sobre demandas colectivas”, lo cual permite que se imponga una reestructuración a poseedores de bonos pendientes de pago (conocidos como 'holdouts’), si una súper mayoría de poseedores está de acuerdo. Si la súper mayoría efectivamente procediera, no podría haber estos poseedores de bonos pendientes de pago para entablar demandas. No existió la menor cláusula de súper mayoría de ese tipo en los bonos argentinos que fueron reestructurados.
Un ex miembro del personal de alto nivel del FMI, Charles Blitzer, quien ahora es un consultor que trabaja en reestructuraciones de deuda internacionales, coincidió con la evaluación de la corte. “El número de casos potenciales donde esto podría aplicarse es microscópico”, dijo en una entrevista.
Sin embargo, el documento del FMI decía que una decisión como la emitida por la corte de apelaciones le “daría a acreedores 'holdout’ mayor influencia”, amén que dificultaría mucho más conseguir la aprobación de la súper mayoría. Aunado a esto, señalaba que incluso con cláusulas de acción legal colectiva, puede ser posible obstruir una reestructuración con una inversión relativamente pequeña en una emisión particular de bonos.
En un reciente mensaje a la nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió el registro de la Argentina. “En vez de deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales”, dijo, destacando los pagos que el país ha hecho a los bonos reestructurados. Ella dijo que su gobierno ofrecería cambiar los bonos reestructurados por otros con cláusulas idénticas bajo la ley argentina y no la de Nueva York.
Si ese cambio tuviera éxito, los nuevos bonos presuntamente podrían ser respetados sin violar el requerimiento. Sin embargo, parece probable que Elliott Management, el administrador de fondos de cobertura que es el principal demandante en el caso, le pediría a la corte que bloqueara un intercambio de ese tipo.
Resulta difícil encontrar a cualquiera involucrado en reestructuraciones de deuda internacional que tenga algo bueno que decir sobre Argentina, que ha sido censurada formalmente por el FMI debido a sus acciones. Sin embargo, para el FMI, así como para el Departamento del Tesoro, necesita haber una forma de lograr reestructuraciones internacionales que permita a países endeudados excesivamente recuperarse con el tiempo, y esta decisión podría obstruir eso.
